A Diego Petersen, por los caminos compartidos
Fortalecer al sistema político y dar mayor participación a la ciudadanía son objetivos explícitos de la Reforma Política propuesta por el Ejecutivo Federal. Los límites para alcanzarlos residen, sin embargo, en las motivaciones implícitas del Presidente Calderón: buscar recomponer al sistema de partidos para que funcione en elecciones altamente competidas, sin que se arriesgue el debate por la legitimidad del ganador; reelección para disminuir la brecha entre representantes y representados, pero sin alterar la esencia partidocrática que ha secuestrado la representación, se niega a rendir cuentas y habita la impunidad; robustecer a la Presidencia del país frente a negociaciones con un Poder Legislativo dividido, en asuntos clave para la gobernabilidad, como el presupuesto, aumentando el poder de veto presidencial; reforzar la autonomía de los gobiernos locales, sin involucrarlos en las exigencias de la Reforma Política, pero sin asumir el riesgo de balcanización del sistema electoral; publicitar ahorros frente al desorbitado costo del proceso electoral, pero sin modificar de fondo las fórmulas bajo las que se calcula el financiamiento. Claroscuros de una reforma cuya pólvora está mojada.
La reelección consecutiva por hasta 12 años de alcaldes, Jefes delegacionales, legisladores federales y locales, podría contribuir al acercamiento entre votantes y personas electas, siempre y cuando se democraticen los mecanismos de competencia y selección de precandidatos. La persistencia del voto duro, corporativo y clientelar, conspira contra el propósito de que la reelección implique rendición de cuentas y búsqueda legítima del voto. Si bien la Iniciativa de Reforma propone reducir de 500 a 400 diputados y de 128 a 96 senadores, subsisten 100 diputaciones plurinominales que se reparten bajo cuotas de poder partidocrático, que seguirán ignorando la voluntad ciudadana.
Esta Reforma se propone aumentar del 2 al 4 por ciento, el mínimo de la votación para que un partido mantenga su registro. Ciertamente, la mayor parte de la chiquillada desprestigió la vocación de los partidos pequeños para representar al complicado mosaico de minorías en el país, pero elevar al doble el porcentaje mínimo puede excluir minorías que aportan pluralidad a la representación. Además, no significa ahorro alguno, pues simplemente los 3 o 4 partidos que subsistan se repartirán el financiamiento con un mayor porcentaje: menos burros, más olotes.
Incluir las figuras de Iniciativa Ciudadana, y candidaturas independientes de partidos al nivel constitucional para todos los puestos de elección popular, responde a amplias demandas ciudadanas. Falta sin embargo proponer el Referéndum, el Plebiscito y la revocación de mandato, instrumentos que acercan la llamada democracia semi-directa. Asimismo, será difícil que la partidocracia se “suicide” al aceptar que por fuera de ella contiendan candidatos, además de las perversidades que lleva consigo cualquier candidatura independiente, pues se tiene que equilibrar equidad en su financiamiento público, junto con garantías de que los poderes fácticos del dinero no las corrompan. Pero, superar esa tensión necesita de conciencia y voluntad por parte del Legislativo.
Otra propuesta polémica que necesita serenidad de juicio, es la relativa a la Segunda Vuelta en las elecciones presidenciales. No hay recetas. Si bien resulta favorecido el Presidente electo, por contar con una clara mayoría, los arreglos entre partidos se complican, pues éstos se reducen al momento electoral y se cierran así las alianzas por temas y coyunturas que pueden impulsar una mayor cultura parlamentaria. Por ello, quizá, Felipe Calderón propone dar mayor beligerancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al reconocerle atribuciones para presentar iniciativas de leyes relacionadas con su competencia, aunado con la facultad presidencial para presentar dos iniciativas preferentes al inicio del primer periodo del Congreso y aumentar su capacidad de veto, especialmente, frente al presupuesto de egresos federal.
viernes, 18 de diciembre de 2009
jueves, 10 de diciembre de 2009
RETROCESOS LEGISLATIVOS
La cultura parlamentaria brilla por su ausencia en el Congreso de la Unión, tanto como en el Congreso local jalisciense. Dos muestras recientes ilustran que las leyes se hacen al vapor, sin sustento en consultas públicas, e insuficientemente discutidas sobre bases técnicas relacionadas con las materias que discuten los Diputados y Senadores. A cada legislación se le pueden encontrar motivos de negociaciones políticas, cada vez más ligadas con la mercantilización de la democracia a favor de los poderes fácticos: esos que nadie ha elegido pero que deciden en los hechos buena parte de los asuntos públicos. Muchas de las leyes que aprueban nuestros congresos pretenden también aumentar los privilegios de representantes y de autoridades electas que buscan, paradójicamente, relajar o debilitar el alcance de cierta legislación que les obliga a rendir cuentas, ser más transparentes en su actividad pública o en la información que generan y, por supuesto, en la auto asignación de recursos públicos.
Dos muestras contundentes de retrocesos legislativos. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) nos previene que el refrendo a concesionarios de medios electrónicos sin licitación, sería retroceso jurídico y político, pues: “Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, en 2007, las principales modificaciones de la ‘Ley Televisa’, consideró que la renovación de las concesiones de radio y televisión tendría que pasar por un proceso de licitación a fin de que el hecho de haber disfrutado de un título de concesión no se convirtiera en privilegio delante de otros interesados en ocupar esa frecuencia. De esa manera se favorecería la libre competencia, se dificultaría la consolidación de monopolios y se respaldaría la rectoría del Estado en la planificación de la economía.” Sin criterios de evaluación del desempeño de esos medios, el refrendo automático de las concesiones favorece la discrecionalidad gubernamental al distribuir la revalidación de las concesiones con fines políticos. No obstante, el Senado discutirá próximamente una iniciativa de reforma que incluye tanto ese retroceso como la posibilidad de que haya una cadena nacional de televisión pública y de que existan medios “de uso social” como los que han sido, hasta ahora, las radiodifusoras comunitarias. Así como se denuncia la complicidad del Senador Manlio Fabio Beltrones con los concesionarios poderosos, también surgen los que impiden avances, como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, quien desató una campaña “grotesca y delirante”, contra las radios comunitarias porque reciben apoyo financiero internacional.
En Jalisco, las Comisiones de Participación Ciudadana y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Jalisco, aprobaron recientemente un dictamen de reforma a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (LTIPEJ), que podría afectar negativamente varios de sus artículos. Un conjunto de organismos civiles nos previenen: En el capítulo de información confidencial, ésta no se armoniza con lo establecido en el Código Civil, pues la protege como “Información Privada”; se lesiona el principio de información oportuna al aumentar el tiempo de respuesta de una solicitud de información, de 5 a 15 días hábiles, y en algunos casos hasta 20 días hábiles, cuando el promedio logrado en Jalisco era de 8 días; esto puede derivar en abusos de los sujetos obligados y retrasar la entrega de información. Abrir excepciones a la gratuidad, puede dar lugar a abusos o incluso nulificar el principio de gratuidad de la información contemplado en el artículo sexto constitucional. En el capítulo de información reservada, se amplían las causales de reserva de la información. Se despenaliza el incumplimiento de resoluciones del Instituo de Transparencia (ITEI). Otro retroceso inaceptable que burocratizaría la atención y flexibilizaría la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento.
Dos muestras contundentes de retrocesos legislativos. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) nos previene que el refrendo a concesionarios de medios electrónicos sin licitación, sería retroceso jurídico y político, pues: “Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, en 2007, las principales modificaciones de la ‘Ley Televisa’, consideró que la renovación de las concesiones de radio y televisión tendría que pasar por un proceso de licitación a fin de que el hecho de haber disfrutado de un título de concesión no se convirtiera en privilegio delante de otros interesados en ocupar esa frecuencia. De esa manera se favorecería la libre competencia, se dificultaría la consolidación de monopolios y se respaldaría la rectoría del Estado en la planificación de la economía.” Sin criterios de evaluación del desempeño de esos medios, el refrendo automático de las concesiones favorece la discrecionalidad gubernamental al distribuir la revalidación de las concesiones con fines políticos. No obstante, el Senado discutirá próximamente una iniciativa de reforma que incluye tanto ese retroceso como la posibilidad de que haya una cadena nacional de televisión pública y de que existan medios “de uso social” como los que han sido, hasta ahora, las radiodifusoras comunitarias. Así como se denuncia la complicidad del Senador Manlio Fabio Beltrones con los concesionarios poderosos, también surgen los que impiden avances, como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, quien desató una campaña “grotesca y delirante”, contra las radios comunitarias porque reciben apoyo financiero internacional.
En Jalisco, las Comisiones de Participación Ciudadana y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Jalisco, aprobaron recientemente un dictamen de reforma a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (LTIPEJ), que podría afectar negativamente varios de sus artículos. Un conjunto de organismos civiles nos previenen: En el capítulo de información confidencial, ésta no se armoniza con lo establecido en el Código Civil, pues la protege como “Información Privada”; se lesiona el principio de información oportuna al aumentar el tiempo de respuesta de una solicitud de información, de 5 a 15 días hábiles, y en algunos casos hasta 20 días hábiles, cuando el promedio logrado en Jalisco era de 8 días; esto puede derivar en abusos de los sujetos obligados y retrasar la entrega de información. Abrir excepciones a la gratuidad, puede dar lugar a abusos o incluso nulificar el principio de gratuidad de la información contemplado en el artículo sexto constitucional. En el capítulo de información reservada, se amplían las causales de reserva de la información. Se despenaliza el incumplimiento de resoluciones del Instituo de Transparencia (ITEI). Otro retroceso inaceptable que burocratizaría la atención y flexibilizaría la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento.
viernes, 4 de diciembre de 2009
CIUDADANÍAS EXTRATERRITORIALES
Uno de los temas tratados en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta edición de 2009, es el de las exigencias transformadoras que plantean las migraciones internacionales a la condición tradicional de ciudadanía. Esta supone la adscripción a un territorio y a una gama de derechos propios del ciudadano, pero la intensidad y masividad de las migraciones desborda las atribuciones que hasta ahora se conceden al Estado nacional, tanto en el lugar de residencia, cuando se trata de migraciones de retorno, como del lugar de acogida. La exigencia ahora planteada tiene implicaciones extraterritoriales, pues el migrante lleva consigo demandas de ciudadanía ahí donde viva y trabaje sea temporalmente, sea definitivamente cuando decide emigrar, y también sigue contando con la herencia de sus derechos adquiridos en su lugar de nacimiento.
El tener a la ciudad de Los Ángeles como invitada de honor en la FIL, hace pertinentes estas reflexiones, pues esa ciudad californiana representa un punto de atracción privilegiado para las migraciones latinoamericanas; ahí están concentradas poblaciones nacionales que conforman el equivalente a la segunda ciudad salvadoreña, o a la cuarta ciudad mexicana. Jalisco, estado mexicano que más migrantes aporta a Estados Unidos, en su mayoría se localizan en Los Ángeles. A pesar de esa importancia migratoria, tanto para el país receptor como para los países expulsores, adolecemos de un serio déficit de ciudadanía que afecta los derechos de unos doce millones de mexicanos, casi tres millones de salvadoreños y varios millones más de otros centroamericanos, suramericanos y caribeños que viven y trabajan en Estados Unidos, quienes conforman novísimas formas de interculturalidad en su vida cotidiana en ese mosaico abigarrado y complejo de país.
Déficit de ciudadanía que tiene causas múltiples que son atribuibles a la inequidad de las relaciones internacionales, por la falta de un pacto migratorio que reconozca los beneficios que aportan los migrantes y que sea capaz de manejar los conflictos ocasionados por la convivencia entre diferentes. Mientras México junto con los países latinoamericanos concernidos por el tema migratorio, sean incapaces de lograr ese pacto y mientras en Estados Unidos crezcan impunemente racismos, discriminaciones, etiquetas de amenaza a la seguridad nacional a los migrantes, y se dé beligerancia a la persecución civil y policiaco-militar de indocumentados, no hay posibilidad de resolver ese déficit de ciudadanía. Asimismo, se necesita que México y los países latinoamericanos receptores de migraciones internacionales, den muestra que exigen derechos para sus connacionales que están dispuestos a reconocer a los migrantes dentro de su territorio.
Otra causa de ese déficit ciudadano se refiere a la ambigüedad y falta de definiciones de derechos que implica la doble nacionalidad. A todos nos preocupa que las remesas estén cayendo: 35 por ciento este octubre respecto del mismo mes en 2008 en México, pues ello afecta familias que completan su consumo con el ahorro de los trabajadores migrantes. Sin embargo, no hay dispositivos legales institucionales suficientes para reconocer ciudadanía económica a quienes envían remesas; en Estados Unidos se les percibe como carga negativa para la balanza financiera, a pesar de las evidentes contribuciones para el ensanchamiento del mercado interno y exportaciones estadounidenses que ellos hacen, y en México apenas se les integra individualmente en algunas políticas para atraer las remesas en apoyo de obras públicas. Ciudadanía política y cultural también están en déficit; el voto de los mexicanos en el extranjero fue un fracaso, únicamente en Michoacán y Zacatecas se flexibilizaron mecanismos para atraer la participación ciudadana de migrantes en procesos electorales locales. En Estados Unidos los migrantes participan en las elecciones locales y el peso del voto latino es creciente, pero no corresponde con derechos plenos de ciudadanía.
El tener a la ciudad de Los Ángeles como invitada de honor en la FIL, hace pertinentes estas reflexiones, pues esa ciudad californiana representa un punto de atracción privilegiado para las migraciones latinoamericanas; ahí están concentradas poblaciones nacionales que conforman el equivalente a la segunda ciudad salvadoreña, o a la cuarta ciudad mexicana. Jalisco, estado mexicano que más migrantes aporta a Estados Unidos, en su mayoría se localizan en Los Ángeles. A pesar de esa importancia migratoria, tanto para el país receptor como para los países expulsores, adolecemos de un serio déficit de ciudadanía que afecta los derechos de unos doce millones de mexicanos, casi tres millones de salvadoreños y varios millones más de otros centroamericanos, suramericanos y caribeños que viven y trabajan en Estados Unidos, quienes conforman novísimas formas de interculturalidad en su vida cotidiana en ese mosaico abigarrado y complejo de país.
Déficit de ciudadanía que tiene causas múltiples que son atribuibles a la inequidad de las relaciones internacionales, por la falta de un pacto migratorio que reconozca los beneficios que aportan los migrantes y que sea capaz de manejar los conflictos ocasionados por la convivencia entre diferentes. Mientras México junto con los países latinoamericanos concernidos por el tema migratorio, sean incapaces de lograr ese pacto y mientras en Estados Unidos crezcan impunemente racismos, discriminaciones, etiquetas de amenaza a la seguridad nacional a los migrantes, y se dé beligerancia a la persecución civil y policiaco-militar de indocumentados, no hay posibilidad de resolver ese déficit de ciudadanía. Asimismo, se necesita que México y los países latinoamericanos receptores de migraciones internacionales, den muestra que exigen derechos para sus connacionales que están dispuestos a reconocer a los migrantes dentro de su territorio.
Otra causa de ese déficit ciudadano se refiere a la ambigüedad y falta de definiciones de derechos que implica la doble nacionalidad. A todos nos preocupa que las remesas estén cayendo: 35 por ciento este octubre respecto del mismo mes en 2008 en México, pues ello afecta familias que completan su consumo con el ahorro de los trabajadores migrantes. Sin embargo, no hay dispositivos legales institucionales suficientes para reconocer ciudadanía económica a quienes envían remesas; en Estados Unidos se les percibe como carga negativa para la balanza financiera, a pesar de las evidentes contribuciones para el ensanchamiento del mercado interno y exportaciones estadounidenses que ellos hacen, y en México apenas se les integra individualmente en algunas políticas para atraer las remesas en apoyo de obras públicas. Ciudadanía política y cultural también están en déficit; el voto de los mexicanos en el extranjero fue un fracaso, únicamente en Michoacán y Zacatecas se flexibilizaron mecanismos para atraer la participación ciudadana de migrantes en procesos electorales locales. En Estados Unidos los migrantes participan en las elecciones locales y el peso del voto latino es creciente, pero no corresponde con derechos plenos de ciudadanía.
viernes, 13 de noviembre de 2009
MURO CONTRA DERECHOS HUMANOS
Dos factores fueron decisivos para la caída del Muro de Berlín: la Gladsnost, demanda de transparencia, y la Perestroika, exigencia de reestructuración del modelo productivo; opacidad e injusticia quebraron al supuesto socialismo de Estado, que se burocratizó y alejó de la sociedad. Dos demandas que se expresan en una aspiración que hoy se sintetiza en los indisociables derechos económicos, sociales y culturales, cuya defensa y promoción ha cobrado centralidad en nuestras sociedades contemporáneas. El Estado mexicano erigió un muro contra los derechos humanos (DDHH), al imponerles una visión estrecha concebida como instrumento de manipulación política. Nuestra debilidad democrática, manifiesta en la persistente violencia política de las instituciones contra el Estado de derecho, impuso que se enfatizara la defensa de los derechos políticos, individuales y colectivos, en la figura del Ombudsman pero, simultáneamente, se relegó una concepción integral de los derechos humanos desde la visión estatal. No sin resistencias, crecieron los organismos defensores de una visión social integral de esos derechos. Paralelamente, aumentaron creencias desinformadas interesadas en descalificarlos: defienden la impunidad de los criminales; obstaculizan la eficacia de la mano dura; están contra la vida, por el libertinaje; amenazan la paz y la estabilidad.
Con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) bajo el gobierno de Carlos Salinas y luego con la dirección de José Luis Soberanes, el muro producto de la visión estrecha e instrumental de los DDHH, se impuso como medio para que los poderes políticos y públicos, regionales y nacionales, evitaran la supervisión y vigilancia en torno a sus reiteradas violaciones en materia de derechos. Cortadas con el mismo patrón nacieron comisiones en los estados del país en las que, no obstante las buenas intenciones de ciudadanos/as que formaron su consejo directivo, fenecieron bajo la componenda y el engaño; las recomendaciones emanadas de prácticamente todas las comisiones estatales, incluida la CNDH, presentaron deficiencias por su falta de oportunidad, sin contundencia y sin seguimiento sistemático de sus aunque limitadas propias recomendaciones. Mediante prácticas clientelares frente a poderes constituidos o fácticos, se mintió y se engañó sobre el estado real de los DDHH en el país, en los estados. Debilidad ética de los responsables de tales comisiones, que dio pie a que los antivalores negadores de derechos pretendieran legitimarse ante la opinión pública.
Asfixiada por la opacidad, sin rendir cuentas de su presupuesto, sin ser sometida a evaluaciones de su desempeño, la CNDH reforzó su carácter de botín para las negociaciones partidocráticas, en complicidad con poderes instituidos deseosos de escapar del escrutinio sobre sus violaciones sistemáticas de los derechos más elementales. Al darle voz protagónica al miedo a la libertad y al reforzar la impunidad se devaluó la gestión pública de los DDHH. Por ello, una gran cantidad de organismos sociales comprometidos con la defensa de esos derechos consideran un agravio que los Senadores del PRI y del PAN hayan optado por la continuidad de las prácticas contrarias al derecho que implantó Soberanes, al elegir a su delfín, Raúl Plasencia Villanueva como Titular de la CNDH. Sobre él pesan deudas heredadas por omisiones de su antecesor, en las cuales Plasencia contribuyó como Primer Visitador en esa institución: represión en Oaxaca; conflicto de Atenco; impunidad de culpables en la matanza de Acteal; falta de esclarecimiento de la tortura y tratos crueles en Guadalajara, con motivo de la marcha contra la Cumbre Eurolatinoamericana; pederastia; atentados contra los derechos reproductivos de las mujeres. Crece el muro. Con este nombramiento se cancela la posibilidad de una Comisión de Estado autónoma, profesional, eficaz, oportuna y fuertemente comprometida con la defensa de las víctimas y de los derechos humanos integrales de todos y todas.
Con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) bajo el gobierno de Carlos Salinas y luego con la dirección de José Luis Soberanes, el muro producto de la visión estrecha e instrumental de los DDHH, se impuso como medio para que los poderes políticos y públicos, regionales y nacionales, evitaran la supervisión y vigilancia en torno a sus reiteradas violaciones en materia de derechos. Cortadas con el mismo patrón nacieron comisiones en los estados del país en las que, no obstante las buenas intenciones de ciudadanos/as que formaron su consejo directivo, fenecieron bajo la componenda y el engaño; las recomendaciones emanadas de prácticamente todas las comisiones estatales, incluida la CNDH, presentaron deficiencias por su falta de oportunidad, sin contundencia y sin seguimiento sistemático de sus aunque limitadas propias recomendaciones. Mediante prácticas clientelares frente a poderes constituidos o fácticos, se mintió y se engañó sobre el estado real de los DDHH en el país, en los estados. Debilidad ética de los responsables de tales comisiones, que dio pie a que los antivalores negadores de derechos pretendieran legitimarse ante la opinión pública.
Asfixiada por la opacidad, sin rendir cuentas de su presupuesto, sin ser sometida a evaluaciones de su desempeño, la CNDH reforzó su carácter de botín para las negociaciones partidocráticas, en complicidad con poderes instituidos deseosos de escapar del escrutinio sobre sus violaciones sistemáticas de los derechos más elementales. Al darle voz protagónica al miedo a la libertad y al reforzar la impunidad se devaluó la gestión pública de los DDHH. Por ello, una gran cantidad de organismos sociales comprometidos con la defensa de esos derechos consideran un agravio que los Senadores del PRI y del PAN hayan optado por la continuidad de las prácticas contrarias al derecho que implantó Soberanes, al elegir a su delfín, Raúl Plasencia Villanueva como Titular de la CNDH. Sobre él pesan deudas heredadas por omisiones de su antecesor, en las cuales Plasencia contribuyó como Primer Visitador en esa institución: represión en Oaxaca; conflicto de Atenco; impunidad de culpables en la matanza de Acteal; falta de esclarecimiento de la tortura y tratos crueles en Guadalajara, con motivo de la marcha contra la Cumbre Eurolatinoamericana; pederastia; atentados contra los derechos reproductivos de las mujeres. Crece el muro. Con este nombramiento se cancela la posibilidad de una Comisión de Estado autónoma, profesional, eficaz, oportuna y fuertemente comprometida con la defensa de las víctimas y de los derechos humanos integrales de todos y todas.
viernes, 6 de noviembre de 2009
DECISIONES CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Nuestra vida política presenta una disputa permanente en torno al poder de decisión sobre los asuntos públicos. México es un caso donde predominan las decisiones verticales que no se consultan suficientemente entre la ciudadanía y que, además, se concentran en las instituciones de los tres poderes gubernamentales. Sesgo verticalista que se acentúa por el papel que juegan los partidos políticos en la negociación de las cuotas de poder, afianzadas en las decisiones relativas a la esfera pública, para favorecer tal o cual fracción o grupo político partidario.
El gobernador Emilio González, busca afanosamente recuperar el poder perdido por el Ejecutivo estatal. Propone reformas a la Constitución local que le regresen al gobernador la facultad de proponer a magistrados del Poder Judicial ante el Congreso del Estado, y la desaparición del Consejo de la Judicatura, de manera que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) retome sus atribuciones, pues la Judicatura “no ha cumplido de forma oportuna con sus obligaciones”. En medio del desencuentro entre el Presidente del STJE, Celso Rodríguez, que encabeza también el Consejo de la Judicatura, y los cuatro Magistrados Consejeros, quienes piden juicio político en su contra, en el fondo se debate el poder de decisión entre el Ejecutivo y la autonomía de un organismo público que, lamentablemente, no supo articular los intereses legítimos de los profesionales del Derecho ni a una ciudadanía sedienta de Jueces que procuren justicia eficazmente.
Otras propuestas del gobernador jalisciense son contrastantes. Una es plausible: modificar la fórmula para calcular el dinero que se otorga a los partidos políticos, de manera que se reduzcan en un 43% esos recursos públicos, pues al haberse ajustado la legislación local a la federal, los partidos recibieron en 2009 incrementos mayores al 500 por ciento en su financiamiento público. 2010 no es año electoral, por lo que parece atinado reducir del 65 al 35 por ciento del salario mínimo por cada elector inscrito en el Padrón. Fórmula que algunos propusimos se calculara en función del número de votos válidos obtenidos por cada partido, que expresa mejor el desempeño partidario. Pero nuestra opinión ciudadana no tiene poder para influir en las decisiones gubernamentales. Otra propuesta del gobernador es que no se suspenda el pago de la tenencia vehicular, a pesar de una extensa demanda en su contra que incluye el reclamo a Felipe Calderón por no haber cumplido con la promesa electoral de suprimirla. No se analizaron medidas como la tomada por el gobierno de Querétaro que ya no cobrará ese impuesto en 2010. La ciudadanía es ignorada una vez más.
En áreas públicas donde habría que instituir o ampliar la participación ciudadana, no se tienen propuestas de reforma constitucional local. Dos botones de muestra: la construcción de la Villa Panamericana en El Bajío y, en general, la planeación del transporte público, particularmente de la Fase II del Macrobús. Aunque nuestra legislación local prevé que obras de gran magnitud cuenten con un Plan Parcial de Desarrollo Urbano, que supone consultas a la población afectada por esas obras y no obstante que la legislación ambiental pide que se haga manifestación del impacto que esas obras tendrán sobre su entorno, ni siquiera esas medidas de racionalidad pública ya vigentes se cumplen. Análisis calificados y posiciones ciudadanas dan argumentos sólidos que cuestionan la pertinencia de construir en El Bajío la Villa Panamericana. Igualmente, la planeación del transporte público en Guadalajara es motivo de conflictos entre las empresas “camioneras”, los habitantes de las zonas por donde pasan los macrobuses y los intereses del conjunto de la ciudadanía. No contamos lamentablemente con espacios de consulta ciudadana donde se diriman esos intereses encontrados.
El gobernador Emilio González, busca afanosamente recuperar el poder perdido por el Ejecutivo estatal. Propone reformas a la Constitución local que le regresen al gobernador la facultad de proponer a magistrados del Poder Judicial ante el Congreso del Estado, y la desaparición del Consejo de la Judicatura, de manera que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) retome sus atribuciones, pues la Judicatura “no ha cumplido de forma oportuna con sus obligaciones”. En medio del desencuentro entre el Presidente del STJE, Celso Rodríguez, que encabeza también el Consejo de la Judicatura, y los cuatro Magistrados Consejeros, quienes piden juicio político en su contra, en el fondo se debate el poder de decisión entre el Ejecutivo y la autonomía de un organismo público que, lamentablemente, no supo articular los intereses legítimos de los profesionales del Derecho ni a una ciudadanía sedienta de Jueces que procuren justicia eficazmente.
Otras propuestas del gobernador jalisciense son contrastantes. Una es plausible: modificar la fórmula para calcular el dinero que se otorga a los partidos políticos, de manera que se reduzcan en un 43% esos recursos públicos, pues al haberse ajustado la legislación local a la federal, los partidos recibieron en 2009 incrementos mayores al 500 por ciento en su financiamiento público. 2010 no es año electoral, por lo que parece atinado reducir del 65 al 35 por ciento del salario mínimo por cada elector inscrito en el Padrón. Fórmula que algunos propusimos se calculara en función del número de votos válidos obtenidos por cada partido, que expresa mejor el desempeño partidario. Pero nuestra opinión ciudadana no tiene poder para influir en las decisiones gubernamentales. Otra propuesta del gobernador es que no se suspenda el pago de la tenencia vehicular, a pesar de una extensa demanda en su contra que incluye el reclamo a Felipe Calderón por no haber cumplido con la promesa electoral de suprimirla. No se analizaron medidas como la tomada por el gobierno de Querétaro que ya no cobrará ese impuesto en 2010. La ciudadanía es ignorada una vez más.
En áreas públicas donde habría que instituir o ampliar la participación ciudadana, no se tienen propuestas de reforma constitucional local. Dos botones de muestra: la construcción de la Villa Panamericana en El Bajío y, en general, la planeación del transporte público, particularmente de la Fase II del Macrobús. Aunque nuestra legislación local prevé que obras de gran magnitud cuenten con un Plan Parcial de Desarrollo Urbano, que supone consultas a la población afectada por esas obras y no obstante que la legislación ambiental pide que se haga manifestación del impacto que esas obras tendrán sobre su entorno, ni siquiera esas medidas de racionalidad pública ya vigentes se cumplen. Análisis calificados y posiciones ciudadanas dan argumentos sólidos que cuestionan la pertinencia de construir en El Bajío la Villa Panamericana. Igualmente, la planeación del transporte público en Guadalajara es motivo de conflictos entre las empresas “camioneras”, los habitantes de las zonas por donde pasan los macrobuses y los intereses del conjunto de la ciudadanía. No contamos lamentablemente con espacios de consulta ciudadana donde se diriman esos intereses encontrados.
viernes, 30 de octubre de 2009
MÉXICO COMO PROBLEMA DE CAJA
A la memoria del Negro Guerrero
Estamos atados, como país, por la tozudez gubernamental comprometida con la reproducción de un modelo socioeconómico y sociopolítico fracasado, del que la mayoría de países del mundo toman distancia. Un modelo orientado a la exportación industrial de bienes y servicios, sustentado en la obtención a toda costa de estabilidad macroeconómica, aunque ésta se acote al sistema financiero y al control de las finanzas gubernamentales. En eso están empeñados también los poderes de facto que operan legalmente y la inmensa mayoría del sistema político y de partidos nacionales y regionales. Atadura al modelo que se acentúa por un financiamiento público que está pensado como problema de caja, de haberes y deberes monetarios, fieles a estrategias concentradoras del ingreso y al impulso de capitales exportadores, pero que se contrapone con un proyecto de país incluyente capaz de superar la crisis actual.
Varios países han entendido que, ante esta crítica coyuntura, toca fortalecer la potencia pública redistributiva con proyección social. Que se necesita rectificar la estrategia de financiamiento público orientada hacia los grandes capitales, y que se necesita dar cabida a otras iniciativas colectivas de pequeña escala que están mostrando ser más eficientes y eficaces que esos grandes negocios sedientos de subvenciones y privilegios fiscales. Así lo muestra la reciente premio Nobel de Economía Elinor Ostrom. Paradójicamente, esta proyección social necesita de un Estado fuerte, pues la redistribución del ingreso implica compartir responsabilidades fiscales, en el marco de un pacto social nacional y regional asociado a un proyecto de país. No una negociación de suma cero, como se lo propone el actual sistema político y de partidos, sino un juego de suma creativa en el que todos/as ganamos, aunque ello implique ceder privilegios por todas las partes.
Reconocer que el modelo actual fracasó y que la mentalidad de contador es insuficiente –pues no podemos prescindir de ella-, podría llevarnos hacia un escenario de búsqueda y afirmación de otro país distinto al que tenemos. La actual reforma fiscal está pavimentando el camino para que en 2010, con toda su carga emblemática de libertad y justicia social, haya una explosividad social en la que converja el peso de la crisis. Algunos partidos y diputados varios, se muestran sensibles ante la conflictividad social exacerbada por el irrestricto apego gubernamental a este modelo, favorecedor del gran capital y depredador de todas las dimensiones que comprometen nuestro futuro.
Necesitamos trascender la idea que el impuesto al consumo, el IVA, es democrático porque pagan más quienes más consumen, mientras que el Impuesto sobre la Renta, inhibe la inversión capitalista al disminuir desproporcionadamente las ganancias. Los asalariados somos tratados como rentistas y a pesar de ello seguimos siendo la principal fuente de captación de ingresos fiscales en el ISR. Las grandes fortunas no pagan impuestos y la voluntad política gubernamental es seguir favoreciéndolas. Se impone el narco como modelo económico (aunque le hayan jalado las orejas al Subsecretario de la SAGARPA por decirlo): atención privilegiada a las señales del mercado; negocios sin subsidios públicos contables; Estado regulador ausente.
La evasión fiscal de los ricos y de la economía informal que esconde dinero negro proveniente del crimen organizado, pudiera ser la principal fuente de captación fiscal, pero el deterioro del sistema político con sus intocables cínicos salarios, con la falta de rendición de cuentas sobre un desempeño público que dilapida el erario, impiden que las prioridades se discutan socialmente. Así, nos quedamos sin proyecto de país, sin posible calidad de vida, sin salud ni educación ni programa científico-tecnológico; con muchos pobres. Sin ver hacia el mercado interno; sin consultas sociales sobre el país que deseamos.
Estamos atados, como país, por la tozudez gubernamental comprometida con la reproducción de un modelo socioeconómico y sociopolítico fracasado, del que la mayoría de países del mundo toman distancia. Un modelo orientado a la exportación industrial de bienes y servicios, sustentado en la obtención a toda costa de estabilidad macroeconómica, aunque ésta se acote al sistema financiero y al control de las finanzas gubernamentales. En eso están empeñados también los poderes de facto que operan legalmente y la inmensa mayoría del sistema político y de partidos nacionales y regionales. Atadura al modelo que se acentúa por un financiamiento público que está pensado como problema de caja, de haberes y deberes monetarios, fieles a estrategias concentradoras del ingreso y al impulso de capitales exportadores, pero que se contrapone con un proyecto de país incluyente capaz de superar la crisis actual.
Varios países han entendido que, ante esta crítica coyuntura, toca fortalecer la potencia pública redistributiva con proyección social. Que se necesita rectificar la estrategia de financiamiento público orientada hacia los grandes capitales, y que se necesita dar cabida a otras iniciativas colectivas de pequeña escala que están mostrando ser más eficientes y eficaces que esos grandes negocios sedientos de subvenciones y privilegios fiscales. Así lo muestra la reciente premio Nobel de Economía Elinor Ostrom. Paradójicamente, esta proyección social necesita de un Estado fuerte, pues la redistribución del ingreso implica compartir responsabilidades fiscales, en el marco de un pacto social nacional y regional asociado a un proyecto de país. No una negociación de suma cero, como se lo propone el actual sistema político y de partidos, sino un juego de suma creativa en el que todos/as ganamos, aunque ello implique ceder privilegios por todas las partes.
Reconocer que el modelo actual fracasó y que la mentalidad de contador es insuficiente –pues no podemos prescindir de ella-, podría llevarnos hacia un escenario de búsqueda y afirmación de otro país distinto al que tenemos. La actual reforma fiscal está pavimentando el camino para que en 2010, con toda su carga emblemática de libertad y justicia social, haya una explosividad social en la que converja el peso de la crisis. Algunos partidos y diputados varios, se muestran sensibles ante la conflictividad social exacerbada por el irrestricto apego gubernamental a este modelo, favorecedor del gran capital y depredador de todas las dimensiones que comprometen nuestro futuro.
Necesitamos trascender la idea que el impuesto al consumo, el IVA, es democrático porque pagan más quienes más consumen, mientras que el Impuesto sobre la Renta, inhibe la inversión capitalista al disminuir desproporcionadamente las ganancias. Los asalariados somos tratados como rentistas y a pesar de ello seguimos siendo la principal fuente de captación de ingresos fiscales en el ISR. Las grandes fortunas no pagan impuestos y la voluntad política gubernamental es seguir favoreciéndolas. Se impone el narco como modelo económico (aunque le hayan jalado las orejas al Subsecretario de la SAGARPA por decirlo): atención privilegiada a las señales del mercado; negocios sin subsidios públicos contables; Estado regulador ausente.
La evasión fiscal de los ricos y de la economía informal que esconde dinero negro proveniente del crimen organizado, pudiera ser la principal fuente de captación fiscal, pero el deterioro del sistema político con sus intocables cínicos salarios, con la falta de rendición de cuentas sobre un desempeño público que dilapida el erario, impiden que las prioridades se discutan socialmente. Así, nos quedamos sin proyecto de país, sin posible calidad de vida, sin salud ni educación ni programa científico-tecnológico; con muchos pobres. Sin ver hacia el mercado interno; sin consultas sociales sobre el país que deseamos.
viernes, 16 de octubre de 2009
LEGITIMIDAD Y CONFIANZA; OTRA PRUEBA
Por sobradas razones, la sociedad mexicana atraviesa por una era de desconfianza en lo que respecta a la vitalidad y fuerza que corresponde a los organismos públicos autónomos (OPA’s). Se cuestiona, crecientemente, la legitimidad con que se toman las decisiones por parte de las instituciones responsables de elegir a los consejeros de tales organismos, supuestamente autónomos de los poderes constituidos, y particularmente de los poderes fácticos que gobiernan este país. No se ejercen los contrapesos frente a esos poderes ni se vigila adecuadamente el desempeño de instituciones, funcionarios y las políticas públicas relacionadas con el apego al derecho, para lo cual los OPA’s cuentan con atribuciones constitucionales. Situación determinada por la manera en que se nombran los consejeros y principalmente quienes encabezan esos organismos, pues se impone la negociación de cuotas de poder entre los partidos, bajo criterios patrimonialistas y clientelistas.
El caso de las consejeras que se nombraron en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), es la muestra más reciente que alimenta la desconfianza ciudadana de cara al papel cada vez más subordinado de estos organismos frente a los poderes constituidos. Es inquietante también que para lo que se usa la autonomía sea para defender aumentos presupuestales desmedidos, sin tomar en cuenta la austeridad requerida por el país en momentos críticos como el que vivimos. Así, los consejeros del IFE y del INEGI cumplieron con las lealtades exigidas por quienes los eligieron bajo compromisos patrimonialistas: incrementaron más que cualquier otro organismo público un presupuesto que beneficia a los partidos políticos, y aumentaron sueldos y plazas en esas instituciones que terminan por constituirse en jugosos botines que dan empleos “dorados” a los aliados del poder en turno.
Una prueba en torno a la legitimidad y confianza que podrían recuperar los OPA’s, es la elección-designación del responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La primera limitación es que no se hace una evaluación del desempeño del titular saliente, en términos de una rendición de cuentas que tenga consecuencias legales y administrativas. Aunque las atribuciones constitucionales de estos organismos son claras, no se cuenta con un proyecto institucional que pueda enriquecerse con los aciertos logrados y con los mecanismos correctivos necesarios para evitar las fallas registradas. La actual CNDH no se caracterizó por su autonomía frente a los poderes constituidos, ni supo evitar las presiones de los poderes fácticos, como los grandes empresarios, particularmente de los medios electrónicos, y de la jerarquía católica; tampoco incidió sustantivamente contra el aumento de las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército, ni actúo oportunamente contra la criminalización de los movimientos sociales opositores al régimen.
A pesar de las patentes limitaciones de las consultas convocadas por el Senado de la República para la elección-designación del nuevo titular de la CNDH, se levantan voces calificadas y adhesiones de organismos civiles con diversas candidaturas. Ante la multiplicidad de propuestas que surgen, es imperativo privilegiar aquellos criterios que fundamenten la autonomía intelectual, la experiencia en tan sensible campo, evaluado negativamente por organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo la honestidad comprobada, aunada a la capacidad del proyecto presentado por los candidatos para revalorizar una agenda integral de derechos humanos que incluya sus dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales. Destacan dos candidatos que reúnen ampliamente todos los requisitos: Guadalupe Morfín Otero y Emilio Álvarez Icaza. Su buen desempeño en responsabilidades directamente ligadas con la promoción y defensa de derechos humanos, en Jalisco y el Distrito Federal, respectivamente; su valiente defensa de la autonomía frente a los abusos del poder, prometen recuperar legitimidad y confianza.
El caso de las consejeras que se nombraron en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), es la muestra más reciente que alimenta la desconfianza ciudadana de cara al papel cada vez más subordinado de estos organismos frente a los poderes constituidos. Es inquietante también que para lo que se usa la autonomía sea para defender aumentos presupuestales desmedidos, sin tomar en cuenta la austeridad requerida por el país en momentos críticos como el que vivimos. Así, los consejeros del IFE y del INEGI cumplieron con las lealtades exigidas por quienes los eligieron bajo compromisos patrimonialistas: incrementaron más que cualquier otro organismo público un presupuesto que beneficia a los partidos políticos, y aumentaron sueldos y plazas en esas instituciones que terminan por constituirse en jugosos botines que dan empleos “dorados” a los aliados del poder en turno.
Una prueba en torno a la legitimidad y confianza que podrían recuperar los OPA’s, es la elección-designación del responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La primera limitación es que no se hace una evaluación del desempeño del titular saliente, en términos de una rendición de cuentas que tenga consecuencias legales y administrativas. Aunque las atribuciones constitucionales de estos organismos son claras, no se cuenta con un proyecto institucional que pueda enriquecerse con los aciertos logrados y con los mecanismos correctivos necesarios para evitar las fallas registradas. La actual CNDH no se caracterizó por su autonomía frente a los poderes constituidos, ni supo evitar las presiones de los poderes fácticos, como los grandes empresarios, particularmente de los medios electrónicos, y de la jerarquía católica; tampoco incidió sustantivamente contra el aumento de las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército, ni actúo oportunamente contra la criminalización de los movimientos sociales opositores al régimen.
A pesar de las patentes limitaciones de las consultas convocadas por el Senado de la República para la elección-designación del nuevo titular de la CNDH, se levantan voces calificadas y adhesiones de organismos civiles con diversas candidaturas. Ante la multiplicidad de propuestas que surgen, es imperativo privilegiar aquellos criterios que fundamenten la autonomía intelectual, la experiencia en tan sensible campo, evaluado negativamente por organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo la honestidad comprobada, aunada a la capacidad del proyecto presentado por los candidatos para revalorizar una agenda integral de derechos humanos que incluya sus dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales. Destacan dos candidatos que reúnen ampliamente todos los requisitos: Guadalupe Morfín Otero y Emilio Álvarez Icaza. Su buen desempeño en responsabilidades directamente ligadas con la promoción y defensa de derechos humanos, en Jalisco y el Distrito Federal, respectivamente; su valiente defensa de la autonomía frente a los abusos del poder, prometen recuperar legitimidad y confianza.
viernes, 25 de septiembre de 2009
CIUDAD RURAL SUSTENTABLE
Dentro de la estrategia de Ciudades Rurales Sustentables del gobierno de Chiapas, se anuncia que la población de once comunidades del municipio de Ostuacán, entre ellas Juan del Grijalva, sepultada por un tsunami de lodo hace unos meses, se trasladarán en breve a su nuevo hogar, la Ciudad Rural Sustentable "Nuevo Juan del Grijalva", donde pasarán “de una realidad sin servicios básicos, sin escuela y sin actividades productivas para su desarrollo a un lugar donde contarán con actividades productivas que les garantiza alimentación e ingreso digno, todos los servicios básicos y conectividad vía telefonía local, celular e Internet.” Magdy Martínez, coordinador de la ONU en México, afirmó a finales de julio pasado, luego de ser cuestionado sobre si este tipo de ciudades podrían ser el ejemplo mundial, que "hay que vivir el traslado de las comunidades que hoy por hoy todavía están dispersas que están en los campos, si se proyecta como un modelo que podría tener éxito, tengo que decir que habiendo comprobado cuantas veces un proyecto de estas características han fracasado creo que aquí estamos cerca del éxito". La clave de este proyecto es que convierte la política social en política de empleo y que genera la oferta concentrada de servicios de base urbana.
El drama que viven las localidades dispersas en México es el aislamiento aunado a la imposibilidad de contar con servicios urbanos. Con las Ciudades Rurales, de las cuales Nuevo Juan del Grijalva se propone como prototipo, se enfrentan los problemas relativos a la difícil situación de vida de los chiapanecos, frente a la dispersión en que viven los más de 268 mil 500 habitantes en 14 mil 587 localidades, con menos de cien habitantes. Los contrastes entre concentración y dispersión poblacional en el país dan idea de la magnitud del desafío, pues de acuerdo con el conteo de población de 2005, existen en el país 187 938 localidades, de las cuales cerca de 185 mil (98.3%) tienen menos de 2 500 habitantes; 2 640 entre 2 500 y 15 mil habitantes; 427 de 15 mil a 100 mil personas; 112 de 100 mil a un millón, y solamente once asentamientos superan el millón de habitantes. 83 161 localidades tienen solamente una o dos viviendas, lo que muestra el alto grado de dispersión de las localidades y la atomización de parte de la población rural. El 96.6% de las localidades tiene menos de 100 habitantes.
Mientras que en las localidades de menos de 2 500 habitantes vive el 23.5% del total de la población del país, en el otro extremo, en las localidades de 100 mil a un millón de habitantes reside el 34.6%, y en las de más de un millón lo hace el 14.3 por ciento. Desde que apareció la planeación regional en México se soñó en formatos voluntaristas para concentrar la población en el territorio y así hacer “rentable” la oferta de servicios. En Nuevo Juan de Grijalva se constituye una experiencia piloto que sin embargo no podrá ser reproducida como una propuesta de concentración poblacional viable, pues el ámbito rural está condicionado por el arraigo a la tierra y a la propiedad que asegure su explotación agropecuaria. Aunque sea acertado concebir esta concentración poblacional como parte de una política de empleo, la fuerza de la globalización impone la desigualdad en el desarrollo rural: por una parte la concentración de tierra y la expulsión de población dispersa, pues entre 2000 y 2005 hubo 11 453 localidades menos; pero por otro lado, se mantiene dispersa a la inmensa mayoría de habitantes en localidades cada vez más pequeñas por el abandono implicado en las migraciones internas e internacionales.
El drama que viven las localidades dispersas en México es el aislamiento aunado a la imposibilidad de contar con servicios urbanos. Con las Ciudades Rurales, de las cuales Nuevo Juan del Grijalva se propone como prototipo, se enfrentan los problemas relativos a la difícil situación de vida de los chiapanecos, frente a la dispersión en que viven los más de 268 mil 500 habitantes en 14 mil 587 localidades, con menos de cien habitantes. Los contrastes entre concentración y dispersión poblacional en el país dan idea de la magnitud del desafío, pues de acuerdo con el conteo de población de 2005, existen en el país 187 938 localidades, de las cuales cerca de 185 mil (98.3%) tienen menos de 2 500 habitantes; 2 640 entre 2 500 y 15 mil habitantes; 427 de 15 mil a 100 mil personas; 112 de 100 mil a un millón, y solamente once asentamientos superan el millón de habitantes. 83 161 localidades tienen solamente una o dos viviendas, lo que muestra el alto grado de dispersión de las localidades y la atomización de parte de la población rural. El 96.6% de las localidades tiene menos de 100 habitantes.
Mientras que en las localidades de menos de 2 500 habitantes vive el 23.5% del total de la población del país, en el otro extremo, en las localidades de 100 mil a un millón de habitantes reside el 34.6%, y en las de más de un millón lo hace el 14.3 por ciento. Desde que apareció la planeación regional en México se soñó en formatos voluntaristas para concentrar la población en el territorio y así hacer “rentable” la oferta de servicios. En Nuevo Juan de Grijalva se constituye una experiencia piloto que sin embargo no podrá ser reproducida como una propuesta de concentración poblacional viable, pues el ámbito rural está condicionado por el arraigo a la tierra y a la propiedad que asegure su explotación agropecuaria. Aunque sea acertado concebir esta concentración poblacional como parte de una política de empleo, la fuerza de la globalización impone la desigualdad en el desarrollo rural: por una parte la concentración de tierra y la expulsión de población dispersa, pues entre 2000 y 2005 hubo 11 453 localidades menos; pero por otro lado, se mantiene dispersa a la inmensa mayoría de habitantes en localidades cada vez más pequeñas por el abandono implicado en las migraciones internas e internacionales.
viernes, 18 de septiembre de 2009
SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES DESDE LATINOAMÉRICA
Del 31 de agosto al 4 de septiembre pasado, se llevó a cabo el XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). La convocatoria de unos 5 mil participantes de la mayor parte de los países de la región, la más amplia de su historia, vino a romper una suerte de estigma que había impedido la realización de congresos de ALAS en Argentina, desde que hace 58 años se realizara el primero de ellos en Buenos Aires, en 1951. La decana organización de sociólogos de América Latina, se reencontró con su historia, en la continuidad de las discusiones con que nació, pues hay disyuntivas y paradojas del pensamiento social que permanecen, pero sobre todo se encontró ante el desafío de dar sentido a su historia con un horizonte de sentido social transformador.
En su devenir, esta asociación ha enfrentado permanentemente el dilema entre institucionalizarse para reafirmar y potenciar sus logros, dentro de una cierta estabilidad que garantice mayor organicidad y eficacia en su incidencia sobre la transformación social, y por otra parte, la de mantenerse como un espacio de convergencia con mayor flexibilidad y adaptabilidad frente a las incertidumbres de nuestra cambiante realidad social. La ALAS se divide permanentemente entre optar exclusivamente por una comunidad científica y gremial formada entre pares, o constituirse en un movimiento social intelectual, pero parte de su originalidad se reconoce en afrontar creativamente este dilema, haciendo actividades en ambos sentidos. Hay un desgarre original en esta Asociación que lo explica, pues desde los 50 se debaten los límites entre una “filosofía social” más preocupada por el modelo interpretativo y una visión más apegada al dato fruto de la investigación sobre el terreno. Unos eran los sociólogos de Cátedra y otros eran los “hechólogos”.
Durante los últimos diez años, ALAS se ha decantado al optar por convertirse en un movimiento intelectual permanente, que no existe solamente en el momento de los congresos, pero que impulsa el debate teórico y metodológico implicado en el pensamiento crítico de manera sistemática, entre su comunidad científica y su organización gremial y particularmente universitaria. Sociólogos y científicos sociales, de ambos géneros, encuentran cada vez más limitado su mercado de trabajo y enfrentan además la paradoja de su interpretación crítica de la realidad social, opuesta a la imposición de criterios mercantiles o de utilitarismo político de sus conocimientos.
Pero, ante la complejidad de las sociedades latinoamericanas, hoy tan visible en el amplio campo que tenemos para criticar, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa nos ofrece su visión sobre la teoría crítica como “aquella que no reduce «la realidad» a lo que existe. La realidad, como quiera que se la conciba, es considerada por la teoría crítica como un campo de posibilidades, siendo precisamente la tarea de la teoría crítica definir y ponderar el grado de variación que existe más allá de lo empíricamente dado. El análisis crítico de lo que existe reposa sobre el presupuesto de que los hechos de la realidad no agotan las posibilidades de la existencia, y que, por lo tanto, también hay alternativas capaces de superar aquello que resulta criticable en lo que existe.”
Durante estas cuatro últimas décadas, la sociología y las ciencias sociales buscan nuevos paradigmas acordes con desafíos de transformación y recuperación social. Desde nuestra región, se participa en discusiones mundiales y formulación de teorías de la acción social, adecuadas a nuestro entorno local y nacional, que penetren el entramado cultural, axiológico y científico de las ciencias sociales, alejadas del empirismo y el pragmatismo dominante en las ciencias anglo-euro-sajonas. Ni hechólogos fascinados con el dato, ni intérpretes aislados del actor social, sino pensadores/as críticos.
En su devenir, esta asociación ha enfrentado permanentemente el dilema entre institucionalizarse para reafirmar y potenciar sus logros, dentro de una cierta estabilidad que garantice mayor organicidad y eficacia en su incidencia sobre la transformación social, y por otra parte, la de mantenerse como un espacio de convergencia con mayor flexibilidad y adaptabilidad frente a las incertidumbres de nuestra cambiante realidad social. La ALAS se divide permanentemente entre optar exclusivamente por una comunidad científica y gremial formada entre pares, o constituirse en un movimiento social intelectual, pero parte de su originalidad se reconoce en afrontar creativamente este dilema, haciendo actividades en ambos sentidos. Hay un desgarre original en esta Asociación que lo explica, pues desde los 50 se debaten los límites entre una “filosofía social” más preocupada por el modelo interpretativo y una visión más apegada al dato fruto de la investigación sobre el terreno. Unos eran los sociólogos de Cátedra y otros eran los “hechólogos”.
Durante los últimos diez años, ALAS se ha decantado al optar por convertirse en un movimiento intelectual permanente, que no existe solamente en el momento de los congresos, pero que impulsa el debate teórico y metodológico implicado en el pensamiento crítico de manera sistemática, entre su comunidad científica y su organización gremial y particularmente universitaria. Sociólogos y científicos sociales, de ambos géneros, encuentran cada vez más limitado su mercado de trabajo y enfrentan además la paradoja de su interpretación crítica de la realidad social, opuesta a la imposición de criterios mercantiles o de utilitarismo político de sus conocimientos.
Pero, ante la complejidad de las sociedades latinoamericanas, hoy tan visible en el amplio campo que tenemos para criticar, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa nos ofrece su visión sobre la teoría crítica como “aquella que no reduce «la realidad» a lo que existe. La realidad, como quiera que se la conciba, es considerada por la teoría crítica como un campo de posibilidades, siendo precisamente la tarea de la teoría crítica definir y ponderar el grado de variación que existe más allá de lo empíricamente dado. El análisis crítico de lo que existe reposa sobre el presupuesto de que los hechos de la realidad no agotan las posibilidades de la existencia, y que, por lo tanto, también hay alternativas capaces de superar aquello que resulta criticable en lo que existe.”
Durante estas cuatro últimas décadas, la sociología y las ciencias sociales buscan nuevos paradigmas acordes con desafíos de transformación y recuperación social. Desde nuestra región, se participa en discusiones mundiales y formulación de teorías de la acción social, adecuadas a nuestro entorno local y nacional, que penetren el entramado cultural, axiológico y científico de las ciencias sociales, alejadas del empirismo y el pragmatismo dominante en las ciencias anglo-euro-sajonas. Ni hechólogos fascinados con el dato, ni intérpretes aislados del actor social, sino pensadores/as críticos.
viernes, 28 de agosto de 2009
III INFORME, PARA BIEN Y PARA MAL
Para bien, el Informe presidencial perdió su carácter ritualista: aplaudir el presidencialismo concentrador del poder que elevaba la impunidad a rango constitucional. Sin rendir cuentas, ese poder metaconstitucional del Presidente sembró falsas expectativas en un proyecto de nación confiado a una sola persona, por supuestas mostradas capacidades para operar pactos políticos nacionales, por supuestas legitimidades para representar a la nación hacia adentro y hacia fuera, por saber usar inteligentemente los márgenes discrecionales de poder en las instituciones gubernamentales. El Señor Presidente podía mantener la “paz social” y, al mismo tiempo, ser el factótum de la seguridad, el experto en estrategias económicas adaptadas y adaptables al entorno internacional. El infaltable “mensaje político”, era traducible inmediatamente en mensajes publicitarios que enunciaban logros favorecedores del mando unipersonal más fuerte del país, y que también anunciaban las principales medidas a seguir durante el año subsiguiente.
Para mal, el Informe presidencial deja de interpelar a la nación. No es que antes lo hubiera hecho, pues los medios electrónicos no lograron sustituir al “pueblo de México”. Inclusive, nos dimos cuenta que esos medios, en manos de una parte de los poderes que de facto gobiernan al país, solamente están interesados en difundir mensajes que organicen la información a su favor, sin importarles la manera ciudadana de procesar los mensajes presidenciales recibidos, ni menos aún están interesados en procesar y regresar los mensajes que emergen desde la ciudadanía hacia la Presidencia de la República y sus instituciones. Ciertamente, tenemos un presidencialismo más acotado que antes y mayor autonomía entre los poderes republicanos, pero el sistema político y de partidos han sido incapaces de diseñar dispositivos de comunicación social y todavía menos de concebir e institucionalizar formatos de participación social que consulten, trasmitan, comuniquen, los muy vapuleados Sentimientos de la Nación, Morelos dixit.
Para bien, la disminución del protagonismo presidencialista dio mayor visibilidad a los otros poderes y hasta registramos momentos de dignificación del Poder Legislativo, cuando este interpeló de manera aguda, documentada, los informes presidenciales. Paralelamente al debilitamiento del presidencialismo, hubo mejoras en la concepción y negociación de la agenda legislativa y hemos convivido con algo que era impensable bajo el régimen de partido de Estado, en eso que llamamos gobiernos divididos, donde el Ejecutivo federal está obligado a razonar sus iniciativas de ley con fuerzas diferentes a las de su partido político. Además, aunque la Conferencia Nacional de Gobernadores pierde fuerza, las relaciones entre el Presidente y los gobernadores estatales se reformula constantemente. Ya no hay los hombres fuertes, como delegados políticos del presidente en los estados de la Federación.
Pero, para mal, la debilidad presidencial se refugia en el fortalecimiento del Presidente como jefe de partido que ante el déficit de cultura parlamentaria y la separación creciente entre representantes y representados, privilegia la negociación discrecional de cuotas de poder sobre el presupuesto y sobre los organismos públicos autónomos que, como lo denunció el proceso electoral reciente, fortalecen a la partidocracia y la convierten en solitaria interlocutora de la política presidencial. Seguimos faltos de un diálogo directo entre el Presidente y los legisladores; si el mensaje político hacía visible el proyecto de país presidencial, continuamos silenciados sin poder expresar nuestra evaluación del desempeño gubernamental, sin que éste nos rinda cuentas. ¿Cómo decirle a Felipe Calderón que su aferramiento al modelo neoliberal orientado a la exportación fracasó? Una economía que decrecerá un 10% este año, que no fortalece empleo ni poder adquisitivo del salario, que militariza la seguridad, que criminaliza la protesta social y que confunde autonomía entre poderes con complicidad en asuntos de justicia ¿cómo interpelar esa “información”?
Para mal, el Informe presidencial deja de interpelar a la nación. No es que antes lo hubiera hecho, pues los medios electrónicos no lograron sustituir al “pueblo de México”. Inclusive, nos dimos cuenta que esos medios, en manos de una parte de los poderes que de facto gobiernan al país, solamente están interesados en difundir mensajes que organicen la información a su favor, sin importarles la manera ciudadana de procesar los mensajes presidenciales recibidos, ni menos aún están interesados en procesar y regresar los mensajes que emergen desde la ciudadanía hacia la Presidencia de la República y sus instituciones. Ciertamente, tenemos un presidencialismo más acotado que antes y mayor autonomía entre los poderes republicanos, pero el sistema político y de partidos han sido incapaces de diseñar dispositivos de comunicación social y todavía menos de concebir e institucionalizar formatos de participación social que consulten, trasmitan, comuniquen, los muy vapuleados Sentimientos de la Nación, Morelos dixit.
Para bien, la disminución del protagonismo presidencialista dio mayor visibilidad a los otros poderes y hasta registramos momentos de dignificación del Poder Legislativo, cuando este interpeló de manera aguda, documentada, los informes presidenciales. Paralelamente al debilitamiento del presidencialismo, hubo mejoras en la concepción y negociación de la agenda legislativa y hemos convivido con algo que era impensable bajo el régimen de partido de Estado, en eso que llamamos gobiernos divididos, donde el Ejecutivo federal está obligado a razonar sus iniciativas de ley con fuerzas diferentes a las de su partido político. Además, aunque la Conferencia Nacional de Gobernadores pierde fuerza, las relaciones entre el Presidente y los gobernadores estatales se reformula constantemente. Ya no hay los hombres fuertes, como delegados políticos del presidente en los estados de la Federación.
Pero, para mal, la debilidad presidencial se refugia en el fortalecimiento del Presidente como jefe de partido que ante el déficit de cultura parlamentaria y la separación creciente entre representantes y representados, privilegia la negociación discrecional de cuotas de poder sobre el presupuesto y sobre los organismos públicos autónomos que, como lo denunció el proceso electoral reciente, fortalecen a la partidocracia y la convierten en solitaria interlocutora de la política presidencial. Seguimos faltos de un diálogo directo entre el Presidente y los legisladores; si el mensaje político hacía visible el proyecto de país presidencial, continuamos silenciados sin poder expresar nuestra evaluación del desempeño gubernamental, sin que éste nos rinda cuentas. ¿Cómo decirle a Felipe Calderón que su aferramiento al modelo neoliberal orientado a la exportación fracasó? Una economía que decrecerá un 10% este año, que no fortalece empleo ni poder adquisitivo del salario, que militariza la seguridad, que criminaliza la protesta social y que confunde autonomía entre poderes con complicidad en asuntos de justicia ¿cómo interpelar esa “información”?
viernes, 21 de agosto de 2009
ACTEAL: PERCEPCIONES DISÍMBOLAS
Como sociedad, tenemos distorsionada nuestra percepción sobre la relevancia de los acontecimientos que influyen definitivamente en nuestras vidas, aunque parcialmente hay grupos que buscan dar un sentido a sus percepciones, particularmente sobre la dimensión de la crisis actual, quienes además imaginan posibles acciones para cambiar aquello que se percibe como negativo. Me llamó la atención al leer la edición electrónica de un diario nacional, que mientras una foto de la Señora Obama, bajando del avión presidencial en shorts luciendo sus largas piernas, suscitó 36 comentarios de los lectores, la noticia sobre las actividades de los indígenas inculpados en la matanza de Acteal, polémicamente liberados, tan solo suscitaron dos comentarios.
La evasión frente a los problemas nos impide tener una percepción atinada sobre la realidad que nos aqueja. No obstante, gracias a los intentos por comunicar una interpretación documentada y sensata de los acontecimientos, encontramos también otras miradas, otras percepciones, que apelan a nuestra capacidad de razonamiento. Es el caso del comunicado emitido por varios organismos defensores de los derechos humanos, el sistema de universidades jesuitas en México y diversas personalidades públicas, que llaman la atención sobre la pérdida de sentido de justicia, pues “La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su aval nuevamente a la impunidad con su decisión de amparar a 26 indígenas chiapanecos y ordenar la liberación inmediata de 20 de ellos, todos los cuales habían sido sentenciados por su participación en la masacre de Acteal.”
En la medida que los señalamientos de la SCJN se ciñeron a evidentes irregularidades en el procesamiento de los inculpados por parte de la Procuraduría General de la República, se dejó de lado su presunta culpabilidad, lo que erosionó el sentido de justicia, y esa “decisión supone un grave riesgo para los derechos humanos, debido a que por negligencias cometidas por agentes del Estado mexicano durante el crimen cometido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, así como en su proceso de investigación, éste quedará en impunidad”. La percepción del comunicado es que la resolución de la SCJN “confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país. Su decisión la convierte en factor de impunidad, pero también pone en evidencia la incapacidad y la ineficiencia de las instancias de procuración y administración de justicia, lo que permite que éstas sean usadas discrecionalmente por las diversas autoridades como espacios de control político y de negociación.”
Se escatima el sentido de justicia, que implicaría implementar investigaciones y dispositivos que van más allá de lo jurídico, como la previsión de la violencia entrañada en liberar a presuntos asesinos identificados por sobrevivientes de la masacre; se envía además un mensaje de impunidad a los asesinos, pues los protege el Estado, al aplicar tan solo parcialmente el sentido de justicia. Fue grave que la PGR fabricara pruebas y que los inculpados pasaran más de 11 años en la cárcel sin que hubiese un proceso sin bases jurídicas sustentadas; pero más grave aún es que a la SCJN no le preocupe la verdad sobre los inculpados, ni que se llegue a fondo mediante investigaciones que deslinden responsabilidades sobre el entonces Procurador General, ni sobre el entonces Presidente mexicano, Ernesto Zedillo, responsables en última instancia de las graves irregularidades documentadas por la SCJN. No es casual entonces que los indígenas del caso Acteal liberados se nieguen a regresar a Chiapas, en tanto no sean excarcelados los 58 internos restantes, presos en el penal El Amate. Sus disímbolas percepciones desembocan en pedir impunidad para todos, no que se haga justicia. A eso lleva el dictamen de la SCJN.
La evasión frente a los problemas nos impide tener una percepción atinada sobre la realidad que nos aqueja. No obstante, gracias a los intentos por comunicar una interpretación documentada y sensata de los acontecimientos, encontramos también otras miradas, otras percepciones, que apelan a nuestra capacidad de razonamiento. Es el caso del comunicado emitido por varios organismos defensores de los derechos humanos, el sistema de universidades jesuitas en México y diversas personalidades públicas, que llaman la atención sobre la pérdida de sentido de justicia, pues “La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su aval nuevamente a la impunidad con su decisión de amparar a 26 indígenas chiapanecos y ordenar la liberación inmediata de 20 de ellos, todos los cuales habían sido sentenciados por su participación en la masacre de Acteal.”
En la medida que los señalamientos de la SCJN se ciñeron a evidentes irregularidades en el procesamiento de los inculpados por parte de la Procuraduría General de la República, se dejó de lado su presunta culpabilidad, lo que erosionó el sentido de justicia, y esa “decisión supone un grave riesgo para los derechos humanos, debido a que por negligencias cometidas por agentes del Estado mexicano durante el crimen cometido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, así como en su proceso de investigación, éste quedará en impunidad”. La percepción del comunicado es que la resolución de la SCJN “confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país. Su decisión la convierte en factor de impunidad, pero también pone en evidencia la incapacidad y la ineficiencia de las instancias de procuración y administración de justicia, lo que permite que éstas sean usadas discrecionalmente por las diversas autoridades como espacios de control político y de negociación.”
Se escatima el sentido de justicia, que implicaría implementar investigaciones y dispositivos que van más allá de lo jurídico, como la previsión de la violencia entrañada en liberar a presuntos asesinos identificados por sobrevivientes de la masacre; se envía además un mensaje de impunidad a los asesinos, pues los protege el Estado, al aplicar tan solo parcialmente el sentido de justicia. Fue grave que la PGR fabricara pruebas y que los inculpados pasaran más de 11 años en la cárcel sin que hubiese un proceso sin bases jurídicas sustentadas; pero más grave aún es que a la SCJN no le preocupe la verdad sobre los inculpados, ni que se llegue a fondo mediante investigaciones que deslinden responsabilidades sobre el entonces Procurador General, ni sobre el entonces Presidente mexicano, Ernesto Zedillo, responsables en última instancia de las graves irregularidades documentadas por la SCJN. No es casual entonces que los indígenas del caso Acteal liberados se nieguen a regresar a Chiapas, en tanto no sean excarcelados los 58 internos restantes, presos en el penal El Amate. Sus disímbolas percepciones desembocan en pedir impunidad para todos, no que se haga justicia. A eso lleva el dictamen de la SCJN.
viernes, 14 de agosto de 2009
MITOS NORTEAMERICANOS
La descafeinada reunión de líderes norteamericanos, concluida el lunes pasado en Guadalajara, no aportó resultados plausibles, pero acrecentó la mitología del Ser Norteamericano. Mitos que mayoritariamente no son inocentes y están inmersos en afanosas búsquedas de legitimidad. Realcemos algunos de ellos:
Somos una comunidad. Lo que no es sostenible por los choques de nuestras historias, nuestros desencuentros y divergencias culturales, mostradas desde nuestros orígenes como naciones independientes, se ha tratado de paliar por una comunidad artificial basada en formatos contractuales inventados y manejados por los poderes dominantes de Estados Unidos, Canadá y México. Se ha impuesto la idea práctica de que nos va mejor juntos, pero sin el sustento de una comunidad imaginada, querida, cultivada. Contra ese mito, hay una visión de comunidad sociopolítica que paradójicamente ha impulsado la imposición comunitaria de los gobiernos. Con vínculos horizontales y en diálogo con los pueblos originarios, surge nuestra Norteamérica social.
La integración nos trae prosperidad. Aunque imaginarios, los mitos tienen referencias ancladas en nuestras experiencias. Así, la integración silenciosa de Norteamérica hizo surgir mercados sobre los que se sobrepusieron redes sociales, principalmente ligadas con la migración internacional, mucho antes que la integración voluntarista concebida con el TLCAN reglamentara esos flujos y diseñara un mercado norteamericano para el beneficio de las clases más poderosas de los tres países. Más de 15 años de ese Tratado muestran que la doctrina del supuesto libre comercio no trajo consigo más empleos, mejores ingresos y mayor calidad de vida para la mayoría mexicana; fracaso que acentúa la crisis mundial actual, frente a la cual empieza a tambalearse otro mito: la perfectibilidad del TLCAN, mediante revisiones parciales, o incluso mediante su renegociación, pues lo que ahora identifican organizaciones sociales, en contra de ese mito, es la reformulación de las relaciones económico-comerciales norteamericanas bajo un paradigma post-neoliberal.
Hay un esquema de seguridad norteamericano. El mito que iguala la seguridad estadounidense con la seguridad norteamericana se ha impuesto. Desde una concepción que privilegia la seguridad doméstica aislacionista y la militarización del combate al enemigo externo, sea terrorista o narcotraficante, Washington ha impuesto sus parámetros en la idea de seguridad norteamericana. Aunque había expectativas en torno del gobierno Obama, por su propuesta de campaña sobre la elaboración de nuevos principios de política exterior, basados en la combinación de un poder suave-inteligente con el clásico poder duro, lo que impera es la supremacía de lo militar para el manejo del conflicto. El smart-soft power que aportaría comprensión de las complejas raíces de todo tipo de conflictos brilla por su ausencia. En contraste, el mito securitario otorga financiamiento al Plan Mérida y los gobiernos estadounidense y canadiense insisten en la criminalización de las migraciones internacionales.
Los norteamericanos compartimos valores democráticos liberales. En abstracto, los tres países norteamericanos tenemos elecciones periódicas, pacíficas y justas para legitimar el relevo gubernamental. En la práctica, más allá de las contradicciones electorales de cada país, en todos ellos se reproducen los problemas derivados de las democracias liberales representativas en cuanto a la limitación de derechos económicos, sociales y culturales de ciudadanía, sin que se pueda identificar una aportación “norteamericana” que camine hacia mayor equidad, disminución de la concentración del ingreso, e incluso disminución eficaz de la pobreza, pues también en el Norte crecen los problemas relativos al empobrecimiento social. La Carta Democrática Interamericana no asegura la vigencia de derechos humanos básicos, de manera ostensible en México, a causa de su violación por parte de militares que están en “guerra” contra el narco, y la integración comercial no reconoce la asimetría mexicana, por lo que no hay políticas compensatorias que la contrarresten.
No se vive de mitos, pero como joden las relaciones norteamericanas.
Somos una comunidad. Lo que no es sostenible por los choques de nuestras historias, nuestros desencuentros y divergencias culturales, mostradas desde nuestros orígenes como naciones independientes, se ha tratado de paliar por una comunidad artificial basada en formatos contractuales inventados y manejados por los poderes dominantes de Estados Unidos, Canadá y México. Se ha impuesto la idea práctica de que nos va mejor juntos, pero sin el sustento de una comunidad imaginada, querida, cultivada. Contra ese mito, hay una visión de comunidad sociopolítica que paradójicamente ha impulsado la imposición comunitaria de los gobiernos. Con vínculos horizontales y en diálogo con los pueblos originarios, surge nuestra Norteamérica social.
La integración nos trae prosperidad. Aunque imaginarios, los mitos tienen referencias ancladas en nuestras experiencias. Así, la integración silenciosa de Norteamérica hizo surgir mercados sobre los que se sobrepusieron redes sociales, principalmente ligadas con la migración internacional, mucho antes que la integración voluntarista concebida con el TLCAN reglamentara esos flujos y diseñara un mercado norteamericano para el beneficio de las clases más poderosas de los tres países. Más de 15 años de ese Tratado muestran que la doctrina del supuesto libre comercio no trajo consigo más empleos, mejores ingresos y mayor calidad de vida para la mayoría mexicana; fracaso que acentúa la crisis mundial actual, frente a la cual empieza a tambalearse otro mito: la perfectibilidad del TLCAN, mediante revisiones parciales, o incluso mediante su renegociación, pues lo que ahora identifican organizaciones sociales, en contra de ese mito, es la reformulación de las relaciones económico-comerciales norteamericanas bajo un paradigma post-neoliberal.
Hay un esquema de seguridad norteamericano. El mito que iguala la seguridad estadounidense con la seguridad norteamericana se ha impuesto. Desde una concepción que privilegia la seguridad doméstica aislacionista y la militarización del combate al enemigo externo, sea terrorista o narcotraficante, Washington ha impuesto sus parámetros en la idea de seguridad norteamericana. Aunque había expectativas en torno del gobierno Obama, por su propuesta de campaña sobre la elaboración de nuevos principios de política exterior, basados en la combinación de un poder suave-inteligente con el clásico poder duro, lo que impera es la supremacía de lo militar para el manejo del conflicto. El smart-soft power que aportaría comprensión de las complejas raíces de todo tipo de conflictos brilla por su ausencia. En contraste, el mito securitario otorga financiamiento al Plan Mérida y los gobiernos estadounidense y canadiense insisten en la criminalización de las migraciones internacionales.
Los norteamericanos compartimos valores democráticos liberales. En abstracto, los tres países norteamericanos tenemos elecciones periódicas, pacíficas y justas para legitimar el relevo gubernamental. En la práctica, más allá de las contradicciones electorales de cada país, en todos ellos se reproducen los problemas derivados de las democracias liberales representativas en cuanto a la limitación de derechos económicos, sociales y culturales de ciudadanía, sin que se pueda identificar una aportación “norteamericana” que camine hacia mayor equidad, disminución de la concentración del ingreso, e incluso disminución eficaz de la pobreza, pues también en el Norte crecen los problemas relativos al empobrecimiento social. La Carta Democrática Interamericana no asegura la vigencia de derechos humanos básicos, de manera ostensible en México, a causa de su violación por parte de militares que están en “guerra” contra el narco, y la integración comercial no reconoce la asimetría mexicana, por lo que no hay políticas compensatorias que la contrarresten.
No se vive de mitos, pero como joden las relaciones norteamericanas.
viernes, 7 de agosto de 2009
CUESTIONADA SEGURIDAD NORTEAMERICANA
Aún no se conoce públicamente la agenda de la reunión que tendrán los Presidentes de Estados Unidos y México, además del Primer Ministro de Canadá, en Guadalajara los próximos 9 y 10 de agosto. Aunque esa reunión no ha sido formalizada como una más de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que se hacen periódicamente desde su fundación en 2005, hay temas tratados en esas reuniones, relacionados con la integración de esta región, así como de la agenda bilateral particularmente de las relaciones mexicano-estadounidenses, que son ineludibles. Asimismo, no podrán dejarse de lado las relaciones interamericanas que el nuevo gobierno de Barack Obama pretende construir hacia América Latina, pues la integración de América del Norte prefigura los temas privilegiados para Estados Unidos: la integración comercial como punta de lanza económica, la seguridad como asunto doméstico estadounidense, la democracia y los derechos humanos, desde la visión unilateral del vecino del Norte.
Es la primera reunión, no oficializada, de la ASPAN en la que participa el gobierno Obama, quien durante su campaña prometió (febrero de 2008) que durante su gobierno las reuniones con los mandatarios de Canadá y México serían “transparentes” y que contarían “con la participación activa y abierta de los ciudadanos, trabajadores, el sector privado y organizaciones no gubernamentales para fijar la agenda y progresar.” Promesa incumplida, pues la participación ofrecida no se concretizó en preparación alguna de esta reunión a la que hayan sido invitadas organizaciones sociales. Esta primera reunión trinacional enfrenta, además, una coyuntura particular en el plano económico, pues la peor crisis mundial desde 1929 fue afrontada sin ortodoxia neoliberal por el nuevo presidente estadounidense desde un refuerzo de la potencia pública del Estado para regular las ineficiencias del capitalismo y proteger las pérdidas de las empresas locomotoras de su economía.
Ese capitalismo regulado, aunado a las presiones neoproteccionistas de los sindicatos, propias de la plataforma del Partido Demócrata, hizo que la administración Obama propusiera la renegociación del TLCAN, con miras a elevar las exigencias de las llamadas cláusulas “verde”, por el cuidado ambiental y “azul” por las restricciones a la contratación de mujeres y niños, por debajo de la legislación laboral vigente. Los llamados Acuerdos paralelos, que introdujera el gobierno de Bill Clinton para condicionar la aprobación del TLCAN en 1994, ahora son parte de la promesa electoral de Obama para evitar que se creen empleos fuera de Estados Unidos, ante el creciente desempleo interno que genera la crisis mundial. Renegociación a la que se opone el gobierno de Felipe Calderón, porque sigue aferrado a los moldes del libre comercio basado sobre el modelo exportador y de la estabilidad macroeconómica, financiera, a toda costa.
La integración de América del Norte también significa mayor nivel de coordinación entre organizaciones sociales de los tres países involucrados. Desde esas redes se está proponiendo una renegociación del TLCAN con una agenda social, que vincule los temas del desarrollo económico con los de la seguridad. No se puede renegociar el tratado de libre comercio sin cuestionar el financiamiento del combate al narcotráfico, su militarización, la creación de la Iniciativa Mérida al estilo del Plan Colombia, cuyo gobierno recientemente acordó otorgar siete bases militares al Pentágono. No se puede dejar de lado la urgencia del pacto migratorio, ni las necesidades de seguridad alimentaria para los países golpeados por la apertura indiscriminada del sector agropecuario. La seguridad energética es otro tema ineludible, pues el modelo depredador que está agotando los recursos no renovables es insostenible. Prioritariamente, la seguridad democrática regional demanda un enérgico pronunciamiento de los tres gobernantes norteamericanos sobre el reestablecimiento del gobierno constitucional de Manuel Zelaya en Honduras.
Es la primera reunión, no oficializada, de la ASPAN en la que participa el gobierno Obama, quien durante su campaña prometió (febrero de 2008) que durante su gobierno las reuniones con los mandatarios de Canadá y México serían “transparentes” y que contarían “con la participación activa y abierta de los ciudadanos, trabajadores, el sector privado y organizaciones no gubernamentales para fijar la agenda y progresar.” Promesa incumplida, pues la participación ofrecida no se concretizó en preparación alguna de esta reunión a la que hayan sido invitadas organizaciones sociales. Esta primera reunión trinacional enfrenta, además, una coyuntura particular en el plano económico, pues la peor crisis mundial desde 1929 fue afrontada sin ortodoxia neoliberal por el nuevo presidente estadounidense desde un refuerzo de la potencia pública del Estado para regular las ineficiencias del capitalismo y proteger las pérdidas de las empresas locomotoras de su economía.
Ese capitalismo regulado, aunado a las presiones neoproteccionistas de los sindicatos, propias de la plataforma del Partido Demócrata, hizo que la administración Obama propusiera la renegociación del TLCAN, con miras a elevar las exigencias de las llamadas cláusulas “verde”, por el cuidado ambiental y “azul” por las restricciones a la contratación de mujeres y niños, por debajo de la legislación laboral vigente. Los llamados Acuerdos paralelos, que introdujera el gobierno de Bill Clinton para condicionar la aprobación del TLCAN en 1994, ahora son parte de la promesa electoral de Obama para evitar que se creen empleos fuera de Estados Unidos, ante el creciente desempleo interno que genera la crisis mundial. Renegociación a la que se opone el gobierno de Felipe Calderón, porque sigue aferrado a los moldes del libre comercio basado sobre el modelo exportador y de la estabilidad macroeconómica, financiera, a toda costa.
La integración de América del Norte también significa mayor nivel de coordinación entre organizaciones sociales de los tres países involucrados. Desde esas redes se está proponiendo una renegociación del TLCAN con una agenda social, que vincule los temas del desarrollo económico con los de la seguridad. No se puede renegociar el tratado de libre comercio sin cuestionar el financiamiento del combate al narcotráfico, su militarización, la creación de la Iniciativa Mérida al estilo del Plan Colombia, cuyo gobierno recientemente acordó otorgar siete bases militares al Pentágono. No se puede dejar de lado la urgencia del pacto migratorio, ni las necesidades de seguridad alimentaria para los países golpeados por la apertura indiscriminada del sector agropecuario. La seguridad energética es otro tema ineludible, pues el modelo depredador que está agotando los recursos no renovables es insostenible. Prioritariamente, la seguridad democrática regional demanda un enérgico pronunciamiento de los tres gobernantes norteamericanos sobre el reestablecimiento del gobierno constitucional de Manuel Zelaya en Honduras.
viernes, 31 de julio de 2009
CUESTIONADA PROSPERIDAD NORTEAMERICANA
Si alguien cree que la reunión de presidentes de los tres países de América del Norte, el 9 y 10 de agosto próximos en Guadalajara, no tiene relación con nuestras vidas cotidianas y con el futuro inmediato que éstas tomen, se equivoca. Para que la economía estadounidense se convirtiera en la máquina de arrastre más poderosa del mundo, necesitó primero subordinar a su principal socio comercial, Canadá, y luego, con la experiencia relativamente exitosa que significó el tratado de libre comercio con ese país, el gobierno estadounidense involucró a México en un tratado similar entre los tres países de América del Norte. En el TLCAN, Washington hizo una apuesta por la seguridad energética, al obligar a sus dos vecinos, que eran además sus dos principales proveedores de petróleo, a abastecer su siempre creciente demanda del energético.
La apuesta de la “diplomacia comercial” del Coloso del norte, fue también por dinamizar sus intercambios comerciales; con el TLCAN vendió más mercaderías manufacturadas que produce con menores costos, gracias en buena parte al bajo pago que se hace a migrantes documentados e indocumentados, y compró mercancías a bajo costo en todo el mundo, pero principalmente a sus dos socios norteamericanos a quienes obligó a entrar en el marco de productividad y competitividad de economías exportadoras cuya vanguardia lleva por mucho Estados Unidos. Así sucedió también con los servicios, particularmente los financieros; con las actividades agropecuarias y con cuanta actividad entró al TLCAN. A diez años de haber firmado ese tratado, los estrategas del libre comercio reconocían que les había sido favorable, pero la competencia con unas pujantes economías asiáticas y con la Unión Europea, además de la emergencia de China, como potencia económica, hizo que la diplomacia comercial estadounidense afinara su “alianza” norteamericana.
En 2005, los entonces presidentes de México y Estados Unidos, Vicente Fox y George W. Bush, y el Primer Ministro de Canadá, Paul Martin, firmaron la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), en Waco, Texas. En las reuniones anuales de esta Alianza, se han decantado los objetivos perseguidos principalmente por Estados Unidos. Se entiende la prosperidad como la ampliación del modelo económico basado sobre los principios neoliberales de la estabilidad macroeconómica a toda costa, notablemente del sector financiero; como la profundización del modelo exportador y privatizador, en lo que destacó el puntual cumplimiento del gobierno y de los empresarios exportadores mexicanos.
A pesar de que en México no prosperó el empleo con el TLCAN, aunque si progresaron las empresas oligopólicas exportadoras, se hundieron miles de pequeñas, medianas y microempresas no exportadoras. Sin embargo, la ASPAN impulsa una suerte de TLCAN-Plus, pero ahora apoyado en decisiones vinculantes entre los tres Ejecutivos norteamericanos, que no se someten a sus poderes legislativos respectivos y que acuerdan con las cúpulas empresariales de los tres países, de manera protagónica con el Consejo para la Competitividad de Norteamérica (NACC, por sus siglas en inglés), representada por 10 grandes empresarios de cada país.
La prosperidad también supone la participación social en la ASPAN, pero esta Alianza no ha mostrado capacidad de escucha. Frente a esa participación simulada, un vigoroso movimiento altermundista cuestiona las raíces neoliberales del modelo que propugna la ASPAN y propone varias medidas que podrían favorecer a México: la renegociación del TLCAN, particularmente en la sustitución del capítulo agropecuario por un acuerdo de cooperación y complementación para el desarrollo agroalimentario y rural de América del Norte; la renegociación del capítulo energético del TLCAN, con miras hacia una nueva matriz energética sustentable. Así como transparencia y rendición de cuentas en negociaciones y acuerdos tomados en las reuniones de la ASPAN, como la que habrá próximamente en Guadalajara.
La apuesta de la “diplomacia comercial” del Coloso del norte, fue también por dinamizar sus intercambios comerciales; con el TLCAN vendió más mercaderías manufacturadas que produce con menores costos, gracias en buena parte al bajo pago que se hace a migrantes documentados e indocumentados, y compró mercancías a bajo costo en todo el mundo, pero principalmente a sus dos socios norteamericanos a quienes obligó a entrar en el marco de productividad y competitividad de economías exportadoras cuya vanguardia lleva por mucho Estados Unidos. Así sucedió también con los servicios, particularmente los financieros; con las actividades agropecuarias y con cuanta actividad entró al TLCAN. A diez años de haber firmado ese tratado, los estrategas del libre comercio reconocían que les había sido favorable, pero la competencia con unas pujantes economías asiáticas y con la Unión Europea, además de la emergencia de China, como potencia económica, hizo que la diplomacia comercial estadounidense afinara su “alianza” norteamericana.
En 2005, los entonces presidentes de México y Estados Unidos, Vicente Fox y George W. Bush, y el Primer Ministro de Canadá, Paul Martin, firmaron la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), en Waco, Texas. En las reuniones anuales de esta Alianza, se han decantado los objetivos perseguidos principalmente por Estados Unidos. Se entiende la prosperidad como la ampliación del modelo económico basado sobre los principios neoliberales de la estabilidad macroeconómica a toda costa, notablemente del sector financiero; como la profundización del modelo exportador y privatizador, en lo que destacó el puntual cumplimiento del gobierno y de los empresarios exportadores mexicanos.
A pesar de que en México no prosperó el empleo con el TLCAN, aunque si progresaron las empresas oligopólicas exportadoras, se hundieron miles de pequeñas, medianas y microempresas no exportadoras. Sin embargo, la ASPAN impulsa una suerte de TLCAN-Plus, pero ahora apoyado en decisiones vinculantes entre los tres Ejecutivos norteamericanos, que no se someten a sus poderes legislativos respectivos y que acuerdan con las cúpulas empresariales de los tres países, de manera protagónica con el Consejo para la Competitividad de Norteamérica (NACC, por sus siglas en inglés), representada por 10 grandes empresarios de cada país.
La prosperidad también supone la participación social en la ASPAN, pero esta Alianza no ha mostrado capacidad de escucha. Frente a esa participación simulada, un vigoroso movimiento altermundista cuestiona las raíces neoliberales del modelo que propugna la ASPAN y propone varias medidas que podrían favorecer a México: la renegociación del TLCAN, particularmente en la sustitución del capítulo agropecuario por un acuerdo de cooperación y complementación para el desarrollo agroalimentario y rural de América del Norte; la renegociación del capítulo energético del TLCAN, con miras hacia una nueva matriz energética sustentable. Así como transparencia y rendición de cuentas en negociaciones y acuerdos tomados en las reuniones de la ASPAN, como la que habrá próximamente en Guadalajara.
viernes, 24 de julio de 2009
2010, EL GRITO DEL HARTAZGO
Ni partidos políticos, ni gobiernos, muestran sensibilidad en torno de la dimensión de la crisis; la sorpresa que traerá consigo el emblemático 2010 se anuncia en el grito del hartazgo, que no quieren escuchar. Las elecciones pasadas empezaron a trasmitir ese hartazgo y la manifiesta incapacidad del sistema de partidos para sacar lecciones del abstencionismo político, del voto nulo, del voto de castigo que fue también el voto con esperanza en cambios drásticos de las políticas públicas, se muestra en los conflictos internos por los que atraviesan el PAN y el PRD, tanto como en la falta de un programa de gobierno sustancialmente diferente del PRI, que parece embebido en su triunfo electoral. Como era de esperarse, la carrera por la candidatura presidencial nubla el horizonte de la vida política nacional. Mientras la Presidencia de la República busca afanosamente reproducir su modelo de operación política y sobre todo, la continuidad a toda costa del modelo económico orientado a la exportación, las fracciones de todos los partidos afinan sus estrategias para seguir beneficiándose del sistema partidocrático.
Ana Lilia Pérez, ofrece un panorama: “2010: la depresión que viene”, en el que recoge opiniones expertas sobre el negro futuro económico: pérdida del poder adquisitivo por el incremento real del 49 por ciento de la canasta básica (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados) Se perderán en promedio 1 millón de empleos formales este año. Cada día, casi 2 mil 800 mexicanos pierden su empleo. En la industria del transporte, el desempleo llega al 21.1 por ciento. La remuneración promedio para los trabajadores que aún tienen empleo, se contrae severamente. La moneda se devaluó en más del 50 por ciento en el mercado cambiario con respecto del dólar, al pasar de 9.94 pesos por dólar el 8 de agosto de 2008 a 15.35 pesos por dólar el 11 de marzo de 2009; aunque el peso comenzó a ganar terreno lentamente, su depreciación se ha mantenido en más del 40 por ciento.
El Banco de México, estima que la caída del PIB será del menos 10 por ciento, en 2009, el peor desempeño de Latinoamérica. Sin medidas anticíclicas, la crisis impedirá que millones de mexicanos puedan mejorar su calidad de vida. Incluso los que tienen ingresos regulares, pueden caer en la pobreza, y para los millones en pobreza extrema, su situación se agravará aún más. Durante 2010, la posición fiscal del país se verá aún más deteriorada ante la dependencia presupuestaria de los ingresos petroleros, la ausencia de ahorros fiscales significativos y una baja base tributaria no petrolera. Como consecuencia directa de la crisis económica y el desempleo en Estados Unidos, en mayo pasado México registró la caída del 19.8 por ciento en el envío de remesas –la principal fuente de divisas después del petróleo. Además, los ahorros de los migrantes cayeron en promedio de 4 mil 600 dólares en 2007 a 3 mil 500 dólares en 2008, y a 2 mil 500 dólares en 2009. Al mes de mayo, la cartera vencida por tarjetas de crédito sumaba 33 mil millones de pesos (MDP). La de crédito a la vivienda, 300 mil MDP; la cartera de crédito al consumo, 426 mil MDP
Felipe Garrido, proyecta un libro “EL GRITO: repensar el país”, que se propone: “2010 debe propiciar el análisis, la crítica y el planteamiento de respuestas. Como nunca antes, la ocasión es propicia no para la celebración, sino para la reflexión, el diagnóstico y el diseño de nuevos derroteros. ¿Dónde hemos tropezado? ¿Por qué no hemos sido capaces de darnos el país que queremos tener? ¿Qué nos hace falta para construirlo? ¿Tendremos la energía, el talento, los saberes necesarios para lograrlo?”
Ana Lilia Pérez, ofrece un panorama: “2010: la depresión que viene”, en el que recoge opiniones expertas sobre el negro futuro económico: pérdida del poder adquisitivo por el incremento real del 49 por ciento de la canasta básica (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados) Se perderán en promedio 1 millón de empleos formales este año. Cada día, casi 2 mil 800 mexicanos pierden su empleo. En la industria del transporte, el desempleo llega al 21.1 por ciento. La remuneración promedio para los trabajadores que aún tienen empleo, se contrae severamente. La moneda se devaluó en más del 50 por ciento en el mercado cambiario con respecto del dólar, al pasar de 9.94 pesos por dólar el 8 de agosto de 2008 a 15.35 pesos por dólar el 11 de marzo de 2009; aunque el peso comenzó a ganar terreno lentamente, su depreciación se ha mantenido en más del 40 por ciento.
El Banco de México, estima que la caída del PIB será del menos 10 por ciento, en 2009, el peor desempeño de Latinoamérica. Sin medidas anticíclicas, la crisis impedirá que millones de mexicanos puedan mejorar su calidad de vida. Incluso los que tienen ingresos regulares, pueden caer en la pobreza, y para los millones en pobreza extrema, su situación se agravará aún más. Durante 2010, la posición fiscal del país se verá aún más deteriorada ante la dependencia presupuestaria de los ingresos petroleros, la ausencia de ahorros fiscales significativos y una baja base tributaria no petrolera. Como consecuencia directa de la crisis económica y el desempleo en Estados Unidos, en mayo pasado México registró la caída del 19.8 por ciento en el envío de remesas –la principal fuente de divisas después del petróleo. Además, los ahorros de los migrantes cayeron en promedio de 4 mil 600 dólares en 2007 a 3 mil 500 dólares en 2008, y a 2 mil 500 dólares en 2009. Al mes de mayo, la cartera vencida por tarjetas de crédito sumaba 33 mil millones de pesos (MDP). La de crédito a la vivienda, 300 mil MDP; la cartera de crédito al consumo, 426 mil MDP
Felipe Garrido, proyecta un libro “EL GRITO: repensar el país”, que se propone: “2010 debe propiciar el análisis, la crítica y el planteamiento de respuestas. Como nunca antes, la ocasión es propicia no para la celebración, sino para la reflexión, el diagnóstico y el diseño de nuevos derroteros. ¿Dónde hemos tropezado? ¿Por qué no hemos sido capaces de darnos el país que queremos tener? ¿Qué nos hace falta para construirlo? ¿Tendremos la energía, el talento, los saberes necesarios para lograrlo?”
viernes, 10 de julio de 2009
DEL HARTAZGO A LA ACCIÓN POSITIVA
Hay mensajes cruzados en los resultados del reciente proceso electoral: la abstención fue menor que la esperada; hubo un voto que combinó la esperanza en un gobierno dividido como oportunidad para encontrar salidas a la crisis y un voto de castigo a los gobiernos en turno de Acción Nacional, así como a sus legisladores por su mal desempeño tanto en los asuntos de interés nacional, como en los más cotidianos de sus políticas públicas. Asimismo, se registró la novedad del voto nulo en todo el país, aunque en menor proporción que lo calculado y sobre todo, a lo requerido por la deseada crítica a la partidocracia.
Las reacciones postelectorales fueron las esperadas. El Presidente Calderón asumió los resultados desfavorables para su partido y ofreció llegar a acuerdos con la mayoría priista, pero insistió en la imprescindible continuidad de la estabilidad macroeconómica lograda, sin decir que tal estabilidad solo beneficia al sector financiero. Prácticamente sacó así la política económica y el la continuidad con la ortodoxia neoliberal que asegura el Banco de México del debate legislativo. Tanto Calderón, como la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, confirmaron su disposición a convivir bajo el esquema del gobierno dividido, y también dieron cuenta del voto nulo. Ambos hablaron de la –otra vez- urgente reforma del Estado y de la ampliación de canales propicios para la “democracia participativa”.
Aunque suena positivo que las principales figuras del debate político hayan tomado nota del hartazgo causado por la partidocracia, el desafío representado por empoderar el voto y, simultáneamente, desempoderar al sistema de partidos, está lleno de obstáculos. Acción Nacional, está enfrascado en saldar cuentas internas a raíz de la derrota electoral más grave que ha sufrido en su trayectoria de gobierno, de manera que ahora son incapaces de hacer una lectura sobre las razones del castigo propinado y menos aún su responsabilidad frente al voto nulo, pues no entienden la crítica a la partidocracia ni los cambios que ella demanda, máxime en una situación de debilidad relativa que disminuye su capacidad para impulsar reformas y beneficiarse de ellas. Su capacidad para participar en la distribución del reparto de cuotas de poder disminuyó drásticamente.
El PAN está tan dolido que por ahora sus dirigencias partidarias y sus gobiernos, tratan de repartir culpas al de enfrente de cara a la derrota. El dirigente nacional de ese partido no dudó en renunciar frente a los resultados adversos de los cuales es directamente responsable, sin embargo, en Jalisco hay una manifiesta incapacidad de autocrítica, tanto en la dirección del blanquiazul como en su gobierno estatal. Aunque constataron que las campañas sucias se revierten en su contra, guardaron tanto lodo que éste les impide ver lo que toca hacer frente al mensaje de castigo y ni siquiera se preocupan del voto nulo. Situación similar atraviesan el PRD y el PT, pues parece preocuparles únicamente si la rentable estructura partidaria se deteriora, pero no los electores ni las manifestaciones que censuraron la partidocracia.
El Partido Verde hizo una campaña pragmática frente a la crisis, proponiendo medidas populacheras frente a la inseguridad, la salud y la educación. Además de constituirse en la cuarta fuerza electoral, coló una buena docena de “diputados Televisa”. Existe el riesgo que al igual que el PANAL, sus alianzas con el PRI perviertan la agenda legislativa y empoderen aún más la partidocracia. Se dificulta el camino para lograr las demandas implícitas del “anulismo”: empoderar el voto, desempoderar la partidocracia, rescatar el carácter ciudadano de los organismos públicos autónomos, vincular democráticamente economía y política. Pero, estas acciones positivas ahora cuentan con miles de voluntades para organizarse permanentemente para alcanzarlas.
Las reacciones postelectorales fueron las esperadas. El Presidente Calderón asumió los resultados desfavorables para su partido y ofreció llegar a acuerdos con la mayoría priista, pero insistió en la imprescindible continuidad de la estabilidad macroeconómica lograda, sin decir que tal estabilidad solo beneficia al sector financiero. Prácticamente sacó así la política económica y el la continuidad con la ortodoxia neoliberal que asegura el Banco de México del debate legislativo. Tanto Calderón, como la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, confirmaron su disposición a convivir bajo el esquema del gobierno dividido, y también dieron cuenta del voto nulo. Ambos hablaron de la –otra vez- urgente reforma del Estado y de la ampliación de canales propicios para la “democracia participativa”.
Aunque suena positivo que las principales figuras del debate político hayan tomado nota del hartazgo causado por la partidocracia, el desafío representado por empoderar el voto y, simultáneamente, desempoderar al sistema de partidos, está lleno de obstáculos. Acción Nacional, está enfrascado en saldar cuentas internas a raíz de la derrota electoral más grave que ha sufrido en su trayectoria de gobierno, de manera que ahora son incapaces de hacer una lectura sobre las razones del castigo propinado y menos aún su responsabilidad frente al voto nulo, pues no entienden la crítica a la partidocracia ni los cambios que ella demanda, máxime en una situación de debilidad relativa que disminuye su capacidad para impulsar reformas y beneficiarse de ellas. Su capacidad para participar en la distribución del reparto de cuotas de poder disminuyó drásticamente.
El PAN está tan dolido que por ahora sus dirigencias partidarias y sus gobiernos, tratan de repartir culpas al de enfrente de cara a la derrota. El dirigente nacional de ese partido no dudó en renunciar frente a los resultados adversos de los cuales es directamente responsable, sin embargo, en Jalisco hay una manifiesta incapacidad de autocrítica, tanto en la dirección del blanquiazul como en su gobierno estatal. Aunque constataron que las campañas sucias se revierten en su contra, guardaron tanto lodo que éste les impide ver lo que toca hacer frente al mensaje de castigo y ni siquiera se preocupan del voto nulo. Situación similar atraviesan el PRD y el PT, pues parece preocuparles únicamente si la rentable estructura partidaria se deteriora, pero no los electores ni las manifestaciones que censuraron la partidocracia.
El Partido Verde hizo una campaña pragmática frente a la crisis, proponiendo medidas populacheras frente a la inseguridad, la salud y la educación. Además de constituirse en la cuarta fuerza electoral, coló una buena docena de “diputados Televisa”. Existe el riesgo que al igual que el PANAL, sus alianzas con el PRI perviertan la agenda legislativa y empoderen aún más la partidocracia. Se dificulta el camino para lograr las demandas implícitas del “anulismo”: empoderar el voto, desempoderar la partidocracia, rescatar el carácter ciudadano de los organismos públicos autónomos, vincular democráticamente economía y política. Pero, estas acciones positivas ahora cuentan con miles de voluntades para organizarse permanentemente para alcanzarlas.
viernes, 3 de julio de 2009
VOTO NULO VÁLIDO
Contra pronósticos adversos y descalificaciones, el voto nulo logró posicionarse como una opción válida a considerar en la jornada electoral del 5 de julio próximo. Su legalidad y legitimidad pasó la prueba, sin que ello quiera decir que haya homogeneidad en las intenciones que sostienen quienes anularán su boleta, como tampoco hay unanimidad respecto al programa a seguir después del próximo domingo; o incluso si se necesita pensar un programa o si con la anulación del voto el mensaje de censura y de inconformidad frente al sistema partidocrático es suficiente. Habrá quienes todavía ven esperanza en algún partido o candidato por el que votarán, y que anularán el resto de opciones; otros/as anularán todos sus votos; habrá algunos/as que esperarán una toma de conciencia que lleve a los partidos a reformarse en una nueva reforma electoral. Pero habrá quienes conciben la anulación del voto como el inicio de un largo proceso organizativo que propicie reformas de fondo de largo alcance.
La Asamblea Nacional por el Voto Nulo, celebrada en la capital del país el pasado 30 de junio, empieza a dibujar una respuesta frente a las interrogantes abiertas por las discusiones sostenidas por 42 organizaciones en el país promotoras de la anulación. Hay un diagnóstico que compartieron estas organizaciones: 1) No se ha empoderado suficientemente el voto, no contamos con un sistema de “premios y castigos” para obligar a quienes delegamos la representación de nuestros intereses a que nos consulten, ni a que nos rindan cuentas, ni a que haya consecuencias que lleve a tribunales a quienes incumplen con su mandato; 2) La partidocracia es incapaz de proponer y menos aún de procesar las reformas constitucionales necesarias para democratizar al país, generar derechos de ciudadanía y afrontar socialmente el impacto nacional de la crisis global; 3) No hay quien vigile y controle a la partidocracia y como ella está impedida para auto-reformarse, es suicida seguirla legitimando electoralmente.
Entre las conclusiones y acuerdos tomados en esta Asamblea Nacional destaca la demanda por una real democracia participativa y la necesidad de un programa mínimo de acción que respalde los formatos participativos demandados. La idea de empoderar el voto incluyó revocación del mandato, referéndum, plebiscito, valor jurídico al voto nulo e iniciativa ciudadana, candidaturas independientes, reducción del financiamiento a partidos, entre otros. No logró consenso la reelección en ninguno de los niveles, pues las heridas abiertas por el descrédito de los políticos lo impidieron. Empero, es un buen inicio, que le da proyección concreta para el futuro inmediato a un movimiento que ha surgido al calor de la creatividad, espontaneidad y lucidez, principalmente de jóvenes, frente a un ambiente adverso mediático y sociológico que los descalifica.
Además de varias actividades a realizarse el día de las elecciones, la Asamblea Nacional acordó reunirse en Guadalajara el próximo 18 de julio para evaluar el impacto del voto nulo, enriquecer y afinar el programa de acción. Percibo cuatro temas en esas futuras discusiones: 1) Otros medios para empoderar el voto, como instrumento de exigibilidad de derechos económicos, sociales, ambientales y culturales; 2) desempoderar la partidocracia, quitándole decisiones unilaterales que refuercen sus cotos de poder, como las diputaciones plurinominales y reforzando el control de la Auditoria Superior de la Federación, con mejoras en transparencia, rendición de cuentas y normas para establecer los sueldos de todos los funcionarios públicos; 3) Fortalecer a los Organismos Públicos Autónomos, como el IFE, terminando con el sistema de cuotas partidarias en sus direcciones y simplificando su funcionamiento; 4) Debatir los alcances de la reforma del Estado y el posible camino hacia una Constituyente pacífica en 2010. Anular el voto entraña validar una esperanza de futuro.
La Asamblea Nacional por el Voto Nulo, celebrada en la capital del país el pasado 30 de junio, empieza a dibujar una respuesta frente a las interrogantes abiertas por las discusiones sostenidas por 42 organizaciones en el país promotoras de la anulación. Hay un diagnóstico que compartieron estas organizaciones: 1) No se ha empoderado suficientemente el voto, no contamos con un sistema de “premios y castigos” para obligar a quienes delegamos la representación de nuestros intereses a que nos consulten, ni a que nos rindan cuentas, ni a que haya consecuencias que lleve a tribunales a quienes incumplen con su mandato; 2) La partidocracia es incapaz de proponer y menos aún de procesar las reformas constitucionales necesarias para democratizar al país, generar derechos de ciudadanía y afrontar socialmente el impacto nacional de la crisis global; 3) No hay quien vigile y controle a la partidocracia y como ella está impedida para auto-reformarse, es suicida seguirla legitimando electoralmente.
Entre las conclusiones y acuerdos tomados en esta Asamblea Nacional destaca la demanda por una real democracia participativa y la necesidad de un programa mínimo de acción que respalde los formatos participativos demandados. La idea de empoderar el voto incluyó revocación del mandato, referéndum, plebiscito, valor jurídico al voto nulo e iniciativa ciudadana, candidaturas independientes, reducción del financiamiento a partidos, entre otros. No logró consenso la reelección en ninguno de los niveles, pues las heridas abiertas por el descrédito de los políticos lo impidieron. Empero, es un buen inicio, que le da proyección concreta para el futuro inmediato a un movimiento que ha surgido al calor de la creatividad, espontaneidad y lucidez, principalmente de jóvenes, frente a un ambiente adverso mediático y sociológico que los descalifica.
Además de varias actividades a realizarse el día de las elecciones, la Asamblea Nacional acordó reunirse en Guadalajara el próximo 18 de julio para evaluar el impacto del voto nulo, enriquecer y afinar el programa de acción. Percibo cuatro temas en esas futuras discusiones: 1) Otros medios para empoderar el voto, como instrumento de exigibilidad de derechos económicos, sociales, ambientales y culturales; 2) desempoderar la partidocracia, quitándole decisiones unilaterales que refuercen sus cotos de poder, como las diputaciones plurinominales y reforzando el control de la Auditoria Superior de la Federación, con mejoras en transparencia, rendición de cuentas y normas para establecer los sueldos de todos los funcionarios públicos; 3) Fortalecer a los Organismos Públicos Autónomos, como el IFE, terminando con el sistema de cuotas partidarias en sus direcciones y simplificando su funcionamiento; 4) Debatir los alcances de la reforma del Estado y el posible camino hacia una Constituyente pacífica en 2010. Anular el voto entraña validar una esperanza de futuro.
viernes, 19 de junio de 2009
ABSTENCIONISMO Y VOTO DE CENSURA
Ambos comparten el rechazo y el hartazgo frente al desencanto producido por un sistema electoral de supuesta inspiración liberal representativa, que delega la defensa de intereses en personas para gobernar y legislar que, sin embargo, no han cumplido con ese cometido. El desprestigio del sistema electoral y de partidos ha llegado a niveles intolerables para poder legitimar a una democracia que se precie de serlo. El grado de abstención, el más grande de los últimos 30 años, aunado a la opción voluntaria por anular el voto como muestra de censura al sistema partidocrático que domina la vida electoral mexicana, puede generar una desconfianza mayúscula en el sistema electoral, y en una crisis de confianza en la democracia liberal representativa, si el sistema político permanece insensible ante estas señales de máxima alerta.
Un estudio del Instituto Federal Electoral sobre abstencionismo en México, refiere que en las elecciones federales intermedias de 1985, la abstención fue de 49.3%; en 1991, de 39.7%; en 1997, del 42.3%; 2003, 58.8% ¡Para el 5 de julio se estima será de entre 65 y 70 por ciento! El abstencionismo puede ser comprendido desde tres perspectivas: técnica, política y sociológica. La abstención técnica o forzosa se refiere a obstáculos de la participación asociados a enfermedad, o a defectos del padrón de electores –el cual no está actualizado ni suficientemente depurado, por lo que algunos calculan que el padrón esta inflado en un 20%. La abstención sociológica se configura a partir del aislamiento geográfico por problemas de accesibilidad a las casillas, asociados al aislamiento social en el que algunos grupos están marginados del sistema, así como del abstencionismo derivado del desinterés político. Este abstencionismo es pasivo, contrario al tercer tipo, el abstencionismo político, para el cual abstenerse representa un vehículo para expresar implícitamente un descontento con el sistema y/o sus actores.
Hartazgo del sistema de partidos, del sistema político, del partido en el poder, falta de motivaciones por sentimientos de impotencia, falta de educación cívica, indiferencia, han contado para explicar el abstencionismo; pero la principal variable que lo determina y aún más en esta coyuntura en que la economía mexicana decrecerá un 5.8% y se perderán un millón de empleos durante 2009, es el deterioro de las condiciones de vida y la constatación que las elecciones no aportan soluciones para modificar ese deterioro en la vida cotidiana de los millones de personas que se abstienen. La tesis doctoral en Ciencias Sociales, de Óscar Jiménez Morales, muestra que hay una relación directa entre los votantes que habitan en las zonas de la ciudad más empobrecidas y excluidas y los más altos niveles de abstención. En la zona metropolitana de Guadalajara, las secciones donde el abstencionismo supera el promedio nacional, todas están en los barrios más pobres de los municipios que la conforman.
En las próximas elecciones, podríamos calcular que la suma entre el 65% de abstencionistas y los votos anulados oscilará entre un 75 y un 80% del padrón electoral, escandalosa proporción de ciudadanos/as que no estarán representados por el actual sistema de partidos. Altos niveles de abstencionismo en el pasado generaron reformas electorales, igualmente, la anulación del voto en 1970, escribiendo en la boleta la consigna “libertad a Presos Políticos” y en 1976 “Reforma Electoral Democrática” (RED), propiciaron reformas políticas limitadas aunque positivas. Ahora, a diferencia de esas reformas de arriba hacia abajo, puede nacer una reforma de abajo hacia arriba. Algunos proponemos escribir CP 2010 en la boleta este 5 de julio, para conmemorar Bicentenario independiente y Centenario revolucionario, con el inicio de una Constituyente Pacífica. Abstencionistas -sociológicos y políticos-, “anulistas”, pueden converger en esta histórica tarea.
Un estudio del Instituto Federal Electoral sobre abstencionismo en México, refiere que en las elecciones federales intermedias de 1985, la abstención fue de 49.3%; en 1991, de 39.7%; en 1997, del 42.3%; 2003, 58.8% ¡Para el 5 de julio se estima será de entre 65 y 70 por ciento! El abstencionismo puede ser comprendido desde tres perspectivas: técnica, política y sociológica. La abstención técnica o forzosa se refiere a obstáculos de la participación asociados a enfermedad, o a defectos del padrón de electores –el cual no está actualizado ni suficientemente depurado, por lo que algunos calculan que el padrón esta inflado en un 20%. La abstención sociológica se configura a partir del aislamiento geográfico por problemas de accesibilidad a las casillas, asociados al aislamiento social en el que algunos grupos están marginados del sistema, así como del abstencionismo derivado del desinterés político. Este abstencionismo es pasivo, contrario al tercer tipo, el abstencionismo político, para el cual abstenerse representa un vehículo para expresar implícitamente un descontento con el sistema y/o sus actores.
Hartazgo del sistema de partidos, del sistema político, del partido en el poder, falta de motivaciones por sentimientos de impotencia, falta de educación cívica, indiferencia, han contado para explicar el abstencionismo; pero la principal variable que lo determina y aún más en esta coyuntura en que la economía mexicana decrecerá un 5.8% y se perderán un millón de empleos durante 2009, es el deterioro de las condiciones de vida y la constatación que las elecciones no aportan soluciones para modificar ese deterioro en la vida cotidiana de los millones de personas que se abstienen. La tesis doctoral en Ciencias Sociales, de Óscar Jiménez Morales, muestra que hay una relación directa entre los votantes que habitan en las zonas de la ciudad más empobrecidas y excluidas y los más altos niveles de abstención. En la zona metropolitana de Guadalajara, las secciones donde el abstencionismo supera el promedio nacional, todas están en los barrios más pobres de los municipios que la conforman.
En las próximas elecciones, podríamos calcular que la suma entre el 65% de abstencionistas y los votos anulados oscilará entre un 75 y un 80% del padrón electoral, escandalosa proporción de ciudadanos/as que no estarán representados por el actual sistema de partidos. Altos niveles de abstencionismo en el pasado generaron reformas electorales, igualmente, la anulación del voto en 1970, escribiendo en la boleta la consigna “libertad a Presos Políticos” y en 1976 “Reforma Electoral Democrática” (RED), propiciaron reformas políticas limitadas aunque positivas. Ahora, a diferencia de esas reformas de arriba hacia abajo, puede nacer una reforma de abajo hacia arriba. Algunos proponemos escribir CP 2010 en la boleta este 5 de julio, para conmemorar Bicentenario independiente y Centenario revolucionario, con el inicio de una Constituyente Pacífica. Abstencionistas -sociológicos y políticos-, “anulistas”, pueden converger en esta histórica tarea.
viernes, 12 de junio de 2009
DESPUÉS DEL VOTO DE CENSURA-RECHAZO
Sorprende la heterogeneidad de posiciones que emergen en torno a la anulación del voto. Pero, es importante decantar las manifestaciones recientes de connotados personajes que se han pronunciado públicamente al respecto, frente a las posiciones originales que se manifestaron por anular el voto, tanto como una forma de censura y rechazo al sistema partidocrático, como una forma de organizar el descontento antes, durante y después del proceso electoral. Hay en lo general dos posiciones que se diferencian entre si: la que se circunscribe a la coyuntura electoral y la que se propone conformar un programa de acción postelectoral. La inmensa mayoría de quienes recientemente hicieron pública su intención de anular el voto es coyunturalista: desde el “Así No”, que propone Dulce María Sauri, hasta la sospechosa inconformidad de panistas que tampoco se vieron beneficiados por la distribución de cotos de poder electoral, pasando por ex funcionarios del régimen foxista, que pueden esconder cálculos perversos para que la anulación del voto favorezca el voto duro panista, o hasta un revanchismo que fortalezca al voto duro priista.
Sin negar que la entrada de estos personajes causa confusión sobre el potencial crítico de anular el voto para censurar-rechazar la partidocracia, la clave para diferenciar oportunistas y ciudadanos auténticos, está en el qué se propone para después del 5 de julio, en el cómo organizar el descontento y transformar el hartazgo producido en un vasto movimiento social autogestionario, que sepa sostener las demandas democratizadoras que le dan origen y hacer un manejo colectivo responsable que discuta y dé sustancia a demandas sociales sobre los cambios requeridos para que entre todos enfrentemos la gestión de la crisis actual, los cuales implican tanto la reforma político-electoral, como a la reforma del Estado y por lo tanto de la Constitución General de la República. Ese complejo trasfondo tiene el voto de censura-rechazo, mediante la anulación de la boleta electoral.
Entre quienes piensan que el hartazgo contra la partidocracia no termina el 5 de julio, se identifican dos niveles de demandas: reformar la legitimidad-legalidad electoral del sistema de partidos y reformar la legitimidad-confianza en el Estado nacional. Hay un consenso virtual sobre la reforma política que terminaría con la partidocracia: empoderar el voto mediante la reelección de algunos cargos de elección popular; establecer la posible revocación del mandato a medio término de la gestión legislativa y gubernamental, además de la reglamentación del Plebiscito y el Referéndum; terminar con las diputaciones plurinominales para que los partidos no se repartan cuotas de poder, sino que ganen con votos cada diputación; volver al esquema de dos Senadores por estado, elegidos por el voto mayoritario; rediscutir el financiamiento público a los partidos; acotar el Fuero constitucional que gozan los funcionarios públicos para que el juicio político proceda en su actuación publica.
En el nivel de la legitimidad-confianza, se trata de profundizar lo que ya vienen haciendo muchas organizaciones sociales: vigilar la función pública, exigiendo transparencia y rendición de cuentas; velar por la autonomía de los organismos públicos especializados en elecciones, transparencia, información, derechos humanos, defensa del consumidor, ambiente, salud y desarrollo urbano. Reforma radical de la procuración e impartición de justicia; incremento, en suma, de la participación ciudadana en todos los ámbitos del poder público bajo formatos colegiados. Elaboración colectiva del plan nacional y de la política económica, con nuevos equilibrios entre representación y delegación del poder en regiones y órdenes de gobierno. Federalismo fiscal eficaz. Políticas de seguridad humana articuladas con la seguridad pública.
No se dejarán de plantear estas demandas después del 5 de julio, pero para entonces con la certeza de que la partidocracia nunca podrá resolverlas.
Sin negar que la entrada de estos personajes causa confusión sobre el potencial crítico de anular el voto para censurar-rechazar la partidocracia, la clave para diferenciar oportunistas y ciudadanos auténticos, está en el qué se propone para después del 5 de julio, en el cómo organizar el descontento y transformar el hartazgo producido en un vasto movimiento social autogestionario, que sepa sostener las demandas democratizadoras que le dan origen y hacer un manejo colectivo responsable que discuta y dé sustancia a demandas sociales sobre los cambios requeridos para que entre todos enfrentemos la gestión de la crisis actual, los cuales implican tanto la reforma político-electoral, como a la reforma del Estado y por lo tanto de la Constitución General de la República. Ese complejo trasfondo tiene el voto de censura-rechazo, mediante la anulación de la boleta electoral.
Entre quienes piensan que el hartazgo contra la partidocracia no termina el 5 de julio, se identifican dos niveles de demandas: reformar la legitimidad-legalidad electoral del sistema de partidos y reformar la legitimidad-confianza en el Estado nacional. Hay un consenso virtual sobre la reforma política que terminaría con la partidocracia: empoderar el voto mediante la reelección de algunos cargos de elección popular; establecer la posible revocación del mandato a medio término de la gestión legislativa y gubernamental, además de la reglamentación del Plebiscito y el Referéndum; terminar con las diputaciones plurinominales para que los partidos no se repartan cuotas de poder, sino que ganen con votos cada diputación; volver al esquema de dos Senadores por estado, elegidos por el voto mayoritario; rediscutir el financiamiento público a los partidos; acotar el Fuero constitucional que gozan los funcionarios públicos para que el juicio político proceda en su actuación publica.
En el nivel de la legitimidad-confianza, se trata de profundizar lo que ya vienen haciendo muchas organizaciones sociales: vigilar la función pública, exigiendo transparencia y rendición de cuentas; velar por la autonomía de los organismos públicos especializados en elecciones, transparencia, información, derechos humanos, defensa del consumidor, ambiente, salud y desarrollo urbano. Reforma radical de la procuración e impartición de justicia; incremento, en suma, de la participación ciudadana en todos los ámbitos del poder público bajo formatos colegiados. Elaboración colectiva del plan nacional y de la política económica, con nuevos equilibrios entre representación y delegación del poder en regiones y órdenes de gobierno. Federalismo fiscal eficaz. Políticas de seguridad humana articuladas con la seguridad pública.
No se dejarán de plantear estas demandas después del 5 de julio, pero para entonces con la certeza de que la partidocracia nunca podrá resolverlas.
viernes, 5 de junio de 2009
LA DESCONFIANZA ORGANIZADA
Los procesos electorales han procurado sobreponer la legitimidad en dos sentidos: uno, como procedimiento legal que proviene de la legalidad y otro, que se fundamenta en la confianza. La primera acepción de legitimidad es fácilmente comprensible, a través de las instituciones que aseguran la elección periódica de gobiernos representativos y democráticos cuyos resultados sean sancionados por la ley. La confianza, segunda acepción, es algo mucho más complejo. En México, hemos avanzado con las reformas electorales, aunque sin alcanzar plenamente certidumbre en la legitimidad jurídico-electoral; pero nuestras carencias son aún mayores en la obtención de confianza, pues ella supone una ampliación cualitativa de la legitimidad procedimental al añadirle una dimensión moral: ¿la democracia lo hace bien y para el bien de todos/as?; también supone continuidad temporal, en cuanto concede delegar en la democracia capacidades para manejar el futuro ¿ofrece salidas a la crisis?; la confianza representa también un “ahorro institucional”, pues solamente hacemos periódicamente verificaciones y pruebas ¿confiamos cotidianamente en la autoridad?.
Legitimidad procedimental y confianza, han estado sin embargo disociadas en la historia. Teóricamente, han crecido los procedimientos legítimos de la democracia electoral con la inclusión de formas directas, como el Plebiscito o el Referéndum, y participativas, como los consejos “ciudadanos”, en distintos ámbitos de la gestión y las políticas públicas, así como mediante la afinación de controles de los representantes por parte de los representados, como la rendición de cuentas con consecuencias jurídico-políticas contra la corrupción, o el Referéndum revocatorio, que empoderan el voto ciudadano. Las reformas electorales mexicanas no han alcanzado varias de esas cualidades esperables de una democracia electoral, como constatamos con el fracaso de la llamada “Reforma del Estado”, que el sistema de partidos limitó al ámbito meramente electoral y del régimen político.
Si ello es grave por limitar el proceso democratizador en nuestro país, más grave aún es el déficit de confianza en la democracia ofrecida por el actual sistema partidocrático. Esta coyuntural electoral, evidencia entonces una doble disociación, pues ni maduramos la legitimidad procedimental, ni alcanzamos la confiabilidad necesaria para esperar que la democracia electoral ofrezca soluciones al malestar social. Ante tal disociación, paralelamente emergen en la historia toda una sobreposición de prácticas colectivas, de cuestionamientos, de contrapoderes sociales informales e inclusive instituciones, como los organismos públicos autónomos en México, que están “destinados a compensar la erosión de la confianza mediante una organización de la desconfianza” (Pierre Rosanvallon: La contra-democracia. La política en la era de la desconfianza, de quien tomé las ideas que parafraseo en esta opinión)
Paradójicamente, la democratización depende ahora de la sensibilidad pública que logre despertar la desconfianza organizada. Rosanvallon, identifica tres fuentes que alimentan la desconfianza: uno, el manejo de los riesgos y las incertidumbres producidas por la industria, las tecnologías peligrosas, los conflictos ambientales; dos, el imposible manejo científico racional de la macroeconomía, sus efectos cotidianos y la impredictibilidad crónica del futuro; tres, la pulverización de las bases materiales para establecer confianza social, pues el recelo aumenta por falta de confianza y desconocimiento del prójimo y fuertemente de los gobernantes.
La desconfianza organizada con potencial democratizador reside, especialmente en esta coyuntura electoral, en la anulación del voto. Además del rechazo a la oferta partidocrática, esta “novena opción”, que desconfía de la capacidad (auto)reformadora de los ocho partidos contendientes, conforma un movimiento que propone una nueva legitimidad procedimental necesaria para recuperar el poder del voto ciudadano, pero simultáneamente, se propone combatir la desconfianza social mediante el impulso de formatos socialmente apropiados de democracia directa y participativa que incidan tanto en el régimen político-electoral, como en la gestión social de la economía, la ciencia y formas justas y equitativas de convivencia social.
Legitimidad procedimental y confianza, han estado sin embargo disociadas en la historia. Teóricamente, han crecido los procedimientos legítimos de la democracia electoral con la inclusión de formas directas, como el Plebiscito o el Referéndum, y participativas, como los consejos “ciudadanos”, en distintos ámbitos de la gestión y las políticas públicas, así como mediante la afinación de controles de los representantes por parte de los representados, como la rendición de cuentas con consecuencias jurídico-políticas contra la corrupción, o el Referéndum revocatorio, que empoderan el voto ciudadano. Las reformas electorales mexicanas no han alcanzado varias de esas cualidades esperables de una democracia electoral, como constatamos con el fracaso de la llamada “Reforma del Estado”, que el sistema de partidos limitó al ámbito meramente electoral y del régimen político.
Si ello es grave por limitar el proceso democratizador en nuestro país, más grave aún es el déficit de confianza en la democracia ofrecida por el actual sistema partidocrático. Esta coyuntural electoral, evidencia entonces una doble disociación, pues ni maduramos la legitimidad procedimental, ni alcanzamos la confiabilidad necesaria para esperar que la democracia electoral ofrezca soluciones al malestar social. Ante tal disociación, paralelamente emergen en la historia toda una sobreposición de prácticas colectivas, de cuestionamientos, de contrapoderes sociales informales e inclusive instituciones, como los organismos públicos autónomos en México, que están “destinados a compensar la erosión de la confianza mediante una organización de la desconfianza” (Pierre Rosanvallon: La contra-democracia. La política en la era de la desconfianza, de quien tomé las ideas que parafraseo en esta opinión)
Paradójicamente, la democratización depende ahora de la sensibilidad pública que logre despertar la desconfianza organizada. Rosanvallon, identifica tres fuentes que alimentan la desconfianza: uno, el manejo de los riesgos y las incertidumbres producidas por la industria, las tecnologías peligrosas, los conflictos ambientales; dos, el imposible manejo científico racional de la macroeconomía, sus efectos cotidianos y la impredictibilidad crónica del futuro; tres, la pulverización de las bases materiales para establecer confianza social, pues el recelo aumenta por falta de confianza y desconocimiento del prójimo y fuertemente de los gobernantes.
La desconfianza organizada con potencial democratizador reside, especialmente en esta coyuntura electoral, en la anulación del voto. Además del rechazo a la oferta partidocrática, esta “novena opción”, que desconfía de la capacidad (auto)reformadora de los ocho partidos contendientes, conforma un movimiento que propone una nueva legitimidad procedimental necesaria para recuperar el poder del voto ciudadano, pero simultáneamente, se propone combatir la desconfianza social mediante el impulso de formatos socialmente apropiados de democracia directa y participativa que incidan tanto en el régimen político-electoral, como en la gestión social de la economía, la ciencia y formas justas y equitativas de convivencia social.
viernes, 29 de mayo de 2009
ANULAR TIENE SENTIDO CRÍTICO
Crece la ola anulista. Entran al debate sobre su legalidad, su legitimidad y su eficacia -términos que politizan el tema-, diversas figuras públicas, periodistas y las opiniones a favor y en contra en los medios que cuentan con espacios para sus receptores. Entre las críticas sesgadas, hay descalificaciones que apuntan a la criminalización, que desorientan y desinforman intencionadamente y hasta presiones extralegales que intentan acallar la opción anuladora del voto. No obstante, cada vez queda más claro que las molestias causadas por el anulismo, reflejan que la crítica buscada está dando en el blanco: la denuncia del actual sistema de partidos, por su incapacidad para cumplir con los criterios mínimos siquiera de una democracia representativa. El secuestro de la participación social en los asuntos públicos por la partidocracia imperante; su incapacidad para reformarse y, entonces, su imposibilidad para reformar al país, y aún más para operar una salida democrática ante la compleja crisis nacional-global que vivimos.
Repasemos a los principales críticos del anulismo. Francisco Ramírez Acuña, tacha de "grupúsculo" a ciudanos/as libres que proponen anular su voto y calificó de cobardía la “campaña contra el sufragio”, cuando se propone justo lo contrario: ir a votar, pero para anular el voto con sentido crítico. Su lamento por este tipo de movimientos; lo lleva a una antidemocrática exigencia: que los medios de comunicación no promuevan a quienes están haciendo una “acción en contra de México”. ¿Será que la tortura, el autoritarismo, la opacidad de su función pública negada a rendir cuentas, favorecen a México? No se vale criminalizar a quien ejerce su derecho al voto anulándolo ¿o está prohibido en alguna legislación anularlo?
El Cardenal Sandoval, contribuye a la desorientación: "Esos (quienes promueven la anulación) no hacen labor de Patria, el abstencionismo va a matar a la democracia, eso no está correcto, hay que votar por el menos peor, pero hay que votar porque es condición de la democracia". El mensaje político explícito que enviamos, quienes anularemos concientemente nuestro voto, es por una mejor patria; esperamos sacudir la actitud política del sistema partidocrático mediante su rechazo y, simultáneamente, restituir el poder ciudadano del voto y del acto de votar. La consecuencia esperada es que, con la fuerza política simbólica de la anulación, la partidocracia se vea obligada a cambiar y que la participación ciudadana se fortalezca más allá del mero proceso electoral: fiscalización permanente y exigencia de rendición de cuentas. Nos equivocamos con aquello del voto útil “por el menos peor”, eso si mata a la democracia.
David Gómez Álvarez, Presidente del Instituto electoral y de participación ciudadana de Jalisco, insiste en la obviedad sobre la falta de efectos políticos jurídicos de la anulación, y se refiere a esta actitud como mero “desahogo social”. Está en su derecho de decirlo, aunque como politólogo estoy seguro entiende que la creciente proporción de abstencionismo ha obligado a reformar “intuitivamente”, en épocas recientes, la legislación electoral con importantes repercusiones sobre el sistema político. Los efectos político-jurídicos que puede tener la anulación no se verán reflejados al día siguiente de la elección, sino que serán producto de la evaluación que haga la partidocracia interpelada y del seguimiento que den los involucrados a los efectos simbólico-políticos que tenga el movimiento (sociopolítico) anulista.
No se vale criminalizar, ilegalizar mañosamente, a quienes optaremos por anular nuestro voto, ni chantajear a persona alguna de manera extralegal, pues hay información preocupante que esto empieza a suceder. Anularlo, es una novena opción, en caso de que no nos convenza ninguno de los ocho partidos y eso es absolutamente legal. Tanto, que la propia autoridad electoral puede incurrir en la ilegalidad si no respeta esa opción.
Repasemos a los principales críticos del anulismo. Francisco Ramírez Acuña, tacha de "grupúsculo" a ciudanos/as libres que proponen anular su voto y calificó de cobardía la “campaña contra el sufragio”, cuando se propone justo lo contrario: ir a votar, pero para anular el voto con sentido crítico. Su lamento por este tipo de movimientos; lo lleva a una antidemocrática exigencia: que los medios de comunicación no promuevan a quienes están haciendo una “acción en contra de México”. ¿Será que la tortura, el autoritarismo, la opacidad de su función pública negada a rendir cuentas, favorecen a México? No se vale criminalizar a quien ejerce su derecho al voto anulándolo ¿o está prohibido en alguna legislación anularlo?
El Cardenal Sandoval, contribuye a la desorientación: "Esos (quienes promueven la anulación) no hacen labor de Patria, el abstencionismo va a matar a la democracia, eso no está correcto, hay que votar por el menos peor, pero hay que votar porque es condición de la democracia". El mensaje político explícito que enviamos, quienes anularemos concientemente nuestro voto, es por una mejor patria; esperamos sacudir la actitud política del sistema partidocrático mediante su rechazo y, simultáneamente, restituir el poder ciudadano del voto y del acto de votar. La consecuencia esperada es que, con la fuerza política simbólica de la anulación, la partidocracia se vea obligada a cambiar y que la participación ciudadana se fortalezca más allá del mero proceso electoral: fiscalización permanente y exigencia de rendición de cuentas. Nos equivocamos con aquello del voto útil “por el menos peor”, eso si mata a la democracia.
David Gómez Álvarez, Presidente del Instituto electoral y de participación ciudadana de Jalisco, insiste en la obviedad sobre la falta de efectos políticos jurídicos de la anulación, y se refiere a esta actitud como mero “desahogo social”. Está en su derecho de decirlo, aunque como politólogo estoy seguro entiende que la creciente proporción de abstencionismo ha obligado a reformar “intuitivamente”, en épocas recientes, la legislación electoral con importantes repercusiones sobre el sistema político. Los efectos político-jurídicos que puede tener la anulación no se verán reflejados al día siguiente de la elección, sino que serán producto de la evaluación que haga la partidocracia interpelada y del seguimiento que den los involucrados a los efectos simbólico-políticos que tenga el movimiento (sociopolítico) anulista.
No se vale criminalizar, ilegalizar mañosamente, a quienes optaremos por anular nuestro voto, ni chantajear a persona alguna de manera extralegal, pues hay información preocupante que esto empieza a suceder. Anularlo, es una novena opción, en caso de que no nos convenza ninguno de los ocho partidos y eso es absolutamente legal. Tanto, que la propia autoridad electoral puede incurrir en la ilegalidad si no respeta esa opción.
viernes, 22 de mayo de 2009
LIMPIEZA SOCIAL Y COMUNIDADES DE MUERTE
Ante el deterioro de los términos de convivencia, del estado de Derecho, se incrementa la ansiedad social frente al riesgo de sufrir en carne propia la violencia, así como la rabia que genera la impotencia causada por la falta de justicia. Ello abona el terreno extremo de la muerte, como lo enarbolan los partidarios de la pena capital, o el de tomarse la justicia en manos particulares sin ahorrarse medio alguno que lleve a alcanzar los fines. Además de la cuestionable eficacia de la pena de muerte para disminuir la criminalidad y de la emergencia de grupos “civiles”, parapoliciales o paramilitares, que operan al margen de la ley para hacer justicia ahí donde el Estado no puede llegar, hay algunas medidas que incrementan las posibilidades de violencia criminal, aunque se disfracen con mantos de legalidad.
Dos casos recientes muestran este deterioro de nuestra convivencia: las operaciones del escuetamente llamado El Grupo, el cual “Surgió hace 12 años; es financiado por empresarios, comerciantes y profesionistas, y opera con el conocimiento de autoridades federales y estatales. Negocia con delincuentes la liberación de víctimas, pero también los persigue, captura, interroga y decide quién muere.” (Milenio, 18-05-09), agrupación que podemos ubicar como una “comunidad de muerte”, y por otra parte, la propuesta del PRI para reformar el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero mediante medidas administrativas, como multa y cárcel a vagabundos, las cuales no son acompañadas de una infraestructura de atención cuidado y reinserción social de quienes sufren esa penosa situación. Una reforma así, solamente exacerba la miseria, aumenta el resentimiento y termina por criminalizar la pobreza, mediante la paradójicamente llamada “limpieza social”.
El reportaje de Milenio citado antes, incluye una entrevista con el Jefe de El Grupo, quien ante la pregunta si esta organización suple las carencias de la policía, del Estado, responde: “Sí. Esto no puede ser un grupo de poder en manos de un cabrón sin ética que piense en eso: que es un grupo de poder con beneficio político o empresarial para eliminar al contrario. Nosotros no queremos ni puestos ni mandos ni pertenecer a ninguna policía, no queremos que nos reconozcan públicamente… Yo existo porque, con excepciones, tenemos una policía fallida. Una policía que, salvo ciertos grupos, no puede (contra la delincuencia). Tú pagas impuestos para que el gobierno te proteja y el gobierno no lo hace. Así de simple…”. El Jefe, expresa criterios internos de bondad que chocan frontalmente con el estado de Derecho, y muestra que su comunidad tiene valores constitutivos y conducentes al bien común, pero desde un sentido de libertad e igualdad moral contrario a los derechos humanos, que acepta la muerte como «un mal común necesario».
Para Jesús Casquete (Anthropos, 2009) las comunidades de muerte, “no aceptan su coexistencia con otras visiones del mundo y del bien, este tipo de comunidades recurren a la violencia en su batalla contra los «otros», ahora concebidos no ya como objeto de apelaciones persuasivo-discursivas, sino como enemigos a los que doblegar y someter mediante la fuerza. No abrigan ningún pudor en recurrir al peor de los utilitarismos, que consiste en utilizar la vida de otros en aras de la consecución de sus fines propios.”. En otro contexto, más de 60 organizaciones civiles, de derechos humanos y de protección a la niñez rechazaron la iniciativa impulsada por el PRI por pretender hacer una “limpieza social” disfrazada, que legaliza la práctica de abusos y arbitrariedades contra las poblaciones callejeras como la privación ilegal de la libertad, el uso excesivo de la fuerza e incluso la tortura y hasta la desaparición forzada de personas. Más muerte.
Dos casos recientes muestran este deterioro de nuestra convivencia: las operaciones del escuetamente llamado El Grupo, el cual “Surgió hace 12 años; es financiado por empresarios, comerciantes y profesionistas, y opera con el conocimiento de autoridades federales y estatales. Negocia con delincuentes la liberación de víctimas, pero también los persigue, captura, interroga y decide quién muere.” (Milenio, 18-05-09), agrupación que podemos ubicar como una “comunidad de muerte”, y por otra parte, la propuesta del PRI para reformar el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero mediante medidas administrativas, como multa y cárcel a vagabundos, las cuales no son acompañadas de una infraestructura de atención cuidado y reinserción social de quienes sufren esa penosa situación. Una reforma así, solamente exacerba la miseria, aumenta el resentimiento y termina por criminalizar la pobreza, mediante la paradójicamente llamada “limpieza social”.
El reportaje de Milenio citado antes, incluye una entrevista con el Jefe de El Grupo, quien ante la pregunta si esta organización suple las carencias de la policía, del Estado, responde: “Sí. Esto no puede ser un grupo de poder en manos de un cabrón sin ética que piense en eso: que es un grupo de poder con beneficio político o empresarial para eliminar al contrario. Nosotros no queremos ni puestos ni mandos ni pertenecer a ninguna policía, no queremos que nos reconozcan públicamente… Yo existo porque, con excepciones, tenemos una policía fallida. Una policía que, salvo ciertos grupos, no puede (contra la delincuencia). Tú pagas impuestos para que el gobierno te proteja y el gobierno no lo hace. Así de simple…”. El Jefe, expresa criterios internos de bondad que chocan frontalmente con el estado de Derecho, y muestra que su comunidad tiene valores constitutivos y conducentes al bien común, pero desde un sentido de libertad e igualdad moral contrario a los derechos humanos, que acepta la muerte como «un mal común necesario».
Para Jesús Casquete (Anthropos, 2009) las comunidades de muerte, “no aceptan su coexistencia con otras visiones del mundo y del bien, este tipo de comunidades recurren a la violencia en su batalla contra los «otros», ahora concebidos no ya como objeto de apelaciones persuasivo-discursivas, sino como enemigos a los que doblegar y someter mediante la fuerza. No abrigan ningún pudor en recurrir al peor de los utilitarismos, que consiste en utilizar la vida de otros en aras de la consecución de sus fines propios.”. En otro contexto, más de 60 organizaciones civiles, de derechos humanos y de protección a la niñez rechazaron la iniciativa impulsada por el PRI por pretender hacer una “limpieza social” disfrazada, que legaliza la práctica de abusos y arbitrariedades contra las poblaciones callejeras como la privación ilegal de la libertad, el uso excesivo de la fuerza e incluso la tortura y hasta la desaparición forzada de personas. Más muerte.
viernes, 15 de mayo de 2009
CONTINGENCIA SANITARIA Y VOTO ANULADO
Este aciago periodo de contingencia sanitaria nos deja varias conclusiones remarcables. La primera y más positiva: podemos afrontar grandes problemas de manera coordinada en todo el país, podemos medir el riesgo que presenta para la salud una epidemia generada por un virus desconocido. Frente a ello, mostramos nuestra disposición a sacrificar cuestiones secundarias para lograr aspectos fundamentales. También confirmamos en esta coyuntura, que hay una creciente demanda de información razonada y crítica, transparente, con actitudes exigentes sobre criterios de veracidad que contribuyan a la serenidad social. Sabemos derrotar miedos y paranoias que confunden e inmovilizan. Somos parte activa de la solución y de nuestras acciones depende que se alcancen los objetivos deseados, pero concluimos que la acción individual y colectiva está condicionada por las instituciones públicas y por las políticas de Estado con que afrontamos la adversidad.
La contingencia sanitaria nos hace hablar del impacto del modelo de desarrollo sobre los procesos de salud-enfermedad, de la manera en que nos alimentamos y nos curamos, del papel que juegan las trasnacionales químico-farmacéuticas en la perjudicial mercantilización de los medicamentos y la segregación de defensas y recursos sanitarios que produce un mapa social de la salud-enfermedad extremadamente polarizado en cuanto al derecho mismo a la salud. Si podemos encauzar la potencia pública para afrontar coordinadamente entre gobierno y sociedad una epidemia, hoy nos cuestionamos por qué no se genera un sistema de salud permanente que sea eficaz contra otras causas de muerte que son mucho más letales, como las diversas gripes que cobran miles de vida anualmente, al igual que las muertes producidas por desnutrición, el SIDA, la diabetes, el cáncer y otras enfermedades manejables, eventualmente curables, para las que no disponemos de un sistema de salud sustentado públicamente.
También aprendimos que hay diferencias entre el gobierno jalisciense y el federal, respecto al manejo de la contingencia sanitaria, sin negar que ambos buscan legítimamente fortalecer su autoridad y credibilidad como gobierno. Pero mientras el gobierno federal fue cuidadoso de los consensos sociales al brindar información fidedigna, el gobierno jalisciense dio bandazos en su apreciación del problema sanitario y su información fue contradictoria e incompleta, lo cual confundió a la población, pues del ‘en Jalisco no hay casos de influenza humana confirmados’ el estado pasó al cuarto lugar del país; de un día para otro, se incrementaron además inusitadamente los casos sospechosos, de 220 casos observados a casi mil 200 (4 al 5 de mayo). El pretexto principal, fue la carencia de una tecnología adecuada en Jalisco para confirmar los casos sospechosos estudiados. Conclusión, positiva, que se adquiera la tecnología más moderna para que Jalisco no dependa del ritmo federal para comprobar los casos locales. Una conclusión parcialmente positiva pues, aunque las universidades públicas insisten en revalorizar al sector científico-tecnológico, pidiendo mayor presupuesto y coordinación entre gobierno y sociedad, el sistema estatal de salud jalisciense rivaliza con las capacidades de investigación universitaria, al competir por la autoridad social que brinda el sector salud.
La principal conclusión que deja esta alerta sanitaria, es que necesitamos urgentemente un modelo de gestión social democrático que garantice el buen vivir, que es mucho más que bienestar. Desafortunadamente, los gobiernos emanados del actual sistema de partidos es incapaz de lograrlo. Las próximas elecciones solo reforzarán el divorcio entre representantes y representados, que incrementa la partidocracia que no rinde cuentas, cada vez más alejada de un Estado socialmente comprometido. Llama la atención una encuesta nacional del periódico Reforma, el pasado 3 de mayo, que detectó un ¡26% de los votantes que anulará su voto en las próximas elecciones!. Entre contingencia sanitaria y contingencia política, sólo la participación social nos salva.
PÚBLICO, Jalisco, 15 de mayo de 2009
La contingencia sanitaria nos hace hablar del impacto del modelo de desarrollo sobre los procesos de salud-enfermedad, de la manera en que nos alimentamos y nos curamos, del papel que juegan las trasnacionales químico-farmacéuticas en la perjudicial mercantilización de los medicamentos y la segregación de defensas y recursos sanitarios que produce un mapa social de la salud-enfermedad extremadamente polarizado en cuanto al derecho mismo a la salud. Si podemos encauzar la potencia pública para afrontar coordinadamente entre gobierno y sociedad una epidemia, hoy nos cuestionamos por qué no se genera un sistema de salud permanente que sea eficaz contra otras causas de muerte que son mucho más letales, como las diversas gripes que cobran miles de vida anualmente, al igual que las muertes producidas por desnutrición, el SIDA, la diabetes, el cáncer y otras enfermedades manejables, eventualmente curables, para las que no disponemos de un sistema de salud sustentado públicamente.
También aprendimos que hay diferencias entre el gobierno jalisciense y el federal, respecto al manejo de la contingencia sanitaria, sin negar que ambos buscan legítimamente fortalecer su autoridad y credibilidad como gobierno. Pero mientras el gobierno federal fue cuidadoso de los consensos sociales al brindar información fidedigna, el gobierno jalisciense dio bandazos en su apreciación del problema sanitario y su información fue contradictoria e incompleta, lo cual confundió a la población, pues del ‘en Jalisco no hay casos de influenza humana confirmados’ el estado pasó al cuarto lugar del país; de un día para otro, se incrementaron además inusitadamente los casos sospechosos, de 220 casos observados a casi mil 200 (4 al 5 de mayo). El pretexto principal, fue la carencia de una tecnología adecuada en Jalisco para confirmar los casos sospechosos estudiados. Conclusión, positiva, que se adquiera la tecnología más moderna para que Jalisco no dependa del ritmo federal para comprobar los casos locales. Una conclusión parcialmente positiva pues, aunque las universidades públicas insisten en revalorizar al sector científico-tecnológico, pidiendo mayor presupuesto y coordinación entre gobierno y sociedad, el sistema estatal de salud jalisciense rivaliza con las capacidades de investigación universitaria, al competir por la autoridad social que brinda el sector salud.
La principal conclusión que deja esta alerta sanitaria, es que necesitamos urgentemente un modelo de gestión social democrático que garantice el buen vivir, que es mucho más que bienestar. Desafortunadamente, los gobiernos emanados del actual sistema de partidos es incapaz de lograrlo. Las próximas elecciones solo reforzarán el divorcio entre representantes y representados, que incrementa la partidocracia que no rinde cuentas, cada vez más alejada de un Estado socialmente comprometido. Llama la atención una encuesta nacional del periódico Reforma, el pasado 3 de mayo, que detectó un ¡26% de los votantes que anulará su voto en las próximas elecciones!. Entre contingencia sanitaria y contingencia política, sólo la participación social nos salva.
PÚBLICO, Jalisco, 15 de mayo de 2009
viernes, 8 de mayo de 2009
2010, CONSTITUYENTE PACÍFICA
Necesitamos urgentemente rehacer el pacto social en nuestro país, mediante convocatoria amplia, plural, incluyente, para elaborar colectivamente una nueva Constitución que oriente y regule nuestra convivencia nacional, sobre renovadas bases jurídicas y políticas. La Constitución actual, reformada 487 veces desde 1917, muestra los conflictos y resquebrajamientos del pacto social original, alcanzado con el triunfo de la fracción revolucionaria noroccidental que conquistó, para quedarse ahí, el centro del país. Aunque la Carta Magna fue producto de una amplia deliberación entre los grupos políticamente activos de la época, quienes lograron un ordenamiento institucional general de México con orientaciones sociales estratégicas, se ha perdido el sentido original. Los 71 años bajo el régimen de partido de Estado transformaron el proyecto nacionalista revolucionario original en una Constitución dominada por el desarrollismo y luego en una entelequia reproductora del modelo neoliberal.
Tras nueve años de gobiernos panistas no cambia esencialmente el sentido neoliberal de las reformas; liberalismo económico y conservadurismo político combinados, no trajeron consigo más que cambios cosméticos en el régimen político, desvinculados de las profundas transformaciones socioeconómicas, que cada vez son más difíciles de gobernar bajo un régimen democrático. Del pasado sistema político de partido casi único, en estos años pasamos a un sistema partidocrático que amplía la brecha entre representados y representantes, con el consabido deterioro cualitativo de la representación y falta de confianza en el sistema político.
Una Constituyente, es la única solución de fondo para poner fin al secuestro de la representación democrática impuesta por los partidos políticos, en conjunción con los poderes fácticos del país y sus regiones. Es a través de la ciudadanía, en formatos que combinen democracia participativa y representativa, con un sistema de partidos rehechos a su servicio, que se puede lograr un pacto social renovado. El cúmulo de reformas constitucionales realizadas a la medida partidocrática, heredaron un ordenamiento jurídico-político incoherente y contradictorio respecto de las aspiraciones democráticas. Las llamadas reformas constitucionales estructurales: económica, laboral, fiscal y energética, se entrampan por esta falta de acuerdos nacionales que se han visto limitados por cabildeos entre cúpulas partidocráticas y poderes fácticos. Lo mismo sucede con la reforma política y del Estado que, pudiendo ser la palanca para operar de manera racional y negociada una gestión democrática de las multiples crisis, los partidos la redujeron a negociaciones de cuotas de poder entre la burocracia política profesional.
Solamente se puede deshacer el círculo perverso de la partidocracia si se constituye de otra manera el Poder Legislativo; ahí está la clave, y por ello la importancia de anular el voto con la consigna de una Constituyente pacífica en 2010. Solamente una nueva Carta Magna puede transformar pacíficamente el gobierno y terminar con las ambigüedades entre presidencialismo y parlamentarismo, además de someter a los funcionarios electos a contrapesos eficaces, de manera que no sean los mismos partidos los que aseguren su arbitraria reproducción, pues como lo hemos visto recientemente, ellos no están dispuestos a rendir cuentas y abrirse a la transparencia; por ello los regateos de cuotas de poder y los llamados a cabildeos secretos al margen del control público en el caso del Instituto de Transparencia de Jalisco. Los partidos tampoco están dispuestos a reconocer que hay otros interlocutores entre Estado y sociedad que no sean ellos, como lo muestra su resistencia a sacar las manos de los organismo públicos autónomos y también una importante pero muy limitada reforma del Artículo 17 constitucional que, en medio de la alerta sanitaria, pasó desapercibida, pues no se reconoció la acción colectiva como portadora de derechos, sino que se dejó en manos del gobierno su exigibilidad. Más razones para anular el voto y exigir una Constituyente pacífica.
PÚBLICO, Jalisco, 8 de mayo de 2009
Tras nueve años de gobiernos panistas no cambia esencialmente el sentido neoliberal de las reformas; liberalismo económico y conservadurismo político combinados, no trajeron consigo más que cambios cosméticos en el régimen político, desvinculados de las profundas transformaciones socioeconómicas, que cada vez son más difíciles de gobernar bajo un régimen democrático. Del pasado sistema político de partido casi único, en estos años pasamos a un sistema partidocrático que amplía la brecha entre representados y representantes, con el consabido deterioro cualitativo de la representación y falta de confianza en el sistema político.
Una Constituyente, es la única solución de fondo para poner fin al secuestro de la representación democrática impuesta por los partidos políticos, en conjunción con los poderes fácticos del país y sus regiones. Es a través de la ciudadanía, en formatos que combinen democracia participativa y representativa, con un sistema de partidos rehechos a su servicio, que se puede lograr un pacto social renovado. El cúmulo de reformas constitucionales realizadas a la medida partidocrática, heredaron un ordenamiento jurídico-político incoherente y contradictorio respecto de las aspiraciones democráticas. Las llamadas reformas constitucionales estructurales: económica, laboral, fiscal y energética, se entrampan por esta falta de acuerdos nacionales que se han visto limitados por cabildeos entre cúpulas partidocráticas y poderes fácticos. Lo mismo sucede con la reforma política y del Estado que, pudiendo ser la palanca para operar de manera racional y negociada una gestión democrática de las multiples crisis, los partidos la redujeron a negociaciones de cuotas de poder entre la burocracia política profesional.
Solamente se puede deshacer el círculo perverso de la partidocracia si se constituye de otra manera el Poder Legislativo; ahí está la clave, y por ello la importancia de anular el voto con la consigna de una Constituyente pacífica en 2010. Solamente una nueva Carta Magna puede transformar pacíficamente el gobierno y terminar con las ambigüedades entre presidencialismo y parlamentarismo, además de someter a los funcionarios electos a contrapesos eficaces, de manera que no sean los mismos partidos los que aseguren su arbitraria reproducción, pues como lo hemos visto recientemente, ellos no están dispuestos a rendir cuentas y abrirse a la transparencia; por ello los regateos de cuotas de poder y los llamados a cabildeos secretos al margen del control público en el caso del Instituto de Transparencia de Jalisco. Los partidos tampoco están dispuestos a reconocer que hay otros interlocutores entre Estado y sociedad que no sean ellos, como lo muestra su resistencia a sacar las manos de los organismo públicos autónomos y también una importante pero muy limitada reforma del Artículo 17 constitucional que, en medio de la alerta sanitaria, pasó desapercibida, pues no se reconoció la acción colectiva como portadora de derechos, sino que se dejó en manos del gobierno su exigibilidad. Más razones para anular el voto y exigir una Constituyente pacífica.
PÚBLICO, Jalisco, 8 de mayo de 2009
viernes, 1 de mayo de 2009
MATA MÁS EL MIEDO Y LA INCERTIDUMBRE
Entre las decenas de correos electrónicos, opiniones e informaciones diversas que circulan en estas fechas aciagas (pre)epidémicas, hay ciertas constantes que llevan a concluir que los procesos de salud-enfermedad tienen un complejo trasfondo social. La influenza, en sus variantes aviar y porcina, es producto del modelo agroindustrial y pecuario basado en la manipulación biogenética creciente desde el nacimiento hasta el crecimiento y sanación de las enfermedades animales, con sistemas inmunes alterados por esa manipulación. Frente a esa degradación animal, las enfermedades virulentas que nos acosan generan angustias, y una percepción social del riesgo fundada en la incertidumbre y la incapacidad para prevenirlo, cuyo manejo rebasa a las políticas públicas de salud. Pues, sin un modelo de gestión democrática de la salud pública, somos incapaces de dar una respuesta social estructurada.
El riesgo a enfermarse y morir se presenta como discontinuidad temporal, donde la relación entre pasado, presente y futuro nos parece inmanejable. Desconocemos el origen preciso del virus, no sabemos la dimensión presente del riesgo; lidiamos con ‘algo’ que nos amenaza, pero nos angustia desconocer si podemos vencer en un futuro tangible. Enfrentamos el riesgo mediante propuestas valorativas, que provienen de estándares culturales sobre el estado de nuestra salud, con los que construimos parámetros sobre lo que ‘debe ser’ una vida tolerable frente a lo intolerable. Pretendemos calcular consecuencias del riesgo a enfermarnos, pero en un contexto impredecible, incierto, en el que no podemos interiorizar cómo actuar de manera coherente, articulada, frente a consecuencias no deseadas. De ello resulta que públicamente sólo haya peligros de difícil control en vez de riesgos calculables. Un miedo cada vez más irracional se apodera de nosotros y nos impide encontrar causantes responsables, e identificar acciones individuales y públicas para corregir la fuente de amenaza.
Nuestro complejo contexto social esconde la trama de causas y responsabilidades vinculadas con la enfermedad; así, se fabrica colectivamente la incertidumbre, el miedo al caos y la muerte. Pero ante la irracionalidad aparente del riesgo, contamos con un pensamiento social crítico que analiza espacios, tiempos, intenciones, hechos socioeconómicos y sociopolíticos que interrelaciona para orientar y jerarquizar acciones públicas y personales. Se trata de un pensamiento, fruto de polémicas, en el que contribuyen las ciencias sociales en nuevo diálogo con todas las ciencias. Que no descarta ninguna hipótesis por descabellada que parezca; ni la geopolítica, que ubica la influenza porcina como resultado de los intereses de las trasnacionales de la industria pecuaria y de la industria farmacéutica, en periodo de crisis financiera global, ni la hipótesis con pretensiones sociales abarcantes que evidencia los efectos perversos del capitalismo depredador de la calidad de vida, que deteriora nuestro sistema inmunólogico y que produce más muerte y dolor cotidianamente que todas las epidemias juntas.
No podemos negar ciertos logros de racionalidad pública para manejar el riesgo; ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno federal, el jalisciense y particularmente la Universidad de Guadalajara, han actuado consecuentemente en el campo previsional y creativamente, en el caso de ésta última institución, que constituyó un comité de especialistas para contribuir con su saber científico a un manejo transdisciplinario del impacto social y sanitario de la Influenza Porcina. Universidad, que ahora convoca a sus investigadores para que analicen las más diversas facetas relacionadas con este virus. Justo lo que nos falta es un aprendizaje colectivo frente a la adversidad, empezando por mejorar nuestro modelo de gestión pública democrático: equidad en el acceso a medicamentos, antivirales, atención médica; generación de mejor calidad de vida que refuerce nuestra inmunología. Pensemos en un “New Deal” de la salud, en un Estado del buen vivir.
El riesgo a enfermarse y morir se presenta como discontinuidad temporal, donde la relación entre pasado, presente y futuro nos parece inmanejable. Desconocemos el origen preciso del virus, no sabemos la dimensión presente del riesgo; lidiamos con ‘algo’ que nos amenaza, pero nos angustia desconocer si podemos vencer en un futuro tangible. Enfrentamos el riesgo mediante propuestas valorativas, que provienen de estándares culturales sobre el estado de nuestra salud, con los que construimos parámetros sobre lo que ‘debe ser’ una vida tolerable frente a lo intolerable. Pretendemos calcular consecuencias del riesgo a enfermarnos, pero en un contexto impredecible, incierto, en el que no podemos interiorizar cómo actuar de manera coherente, articulada, frente a consecuencias no deseadas. De ello resulta que públicamente sólo haya peligros de difícil control en vez de riesgos calculables. Un miedo cada vez más irracional se apodera de nosotros y nos impide encontrar causantes responsables, e identificar acciones individuales y públicas para corregir la fuente de amenaza.
Nuestro complejo contexto social esconde la trama de causas y responsabilidades vinculadas con la enfermedad; así, se fabrica colectivamente la incertidumbre, el miedo al caos y la muerte. Pero ante la irracionalidad aparente del riesgo, contamos con un pensamiento social crítico que analiza espacios, tiempos, intenciones, hechos socioeconómicos y sociopolíticos que interrelaciona para orientar y jerarquizar acciones públicas y personales. Se trata de un pensamiento, fruto de polémicas, en el que contribuyen las ciencias sociales en nuevo diálogo con todas las ciencias. Que no descarta ninguna hipótesis por descabellada que parezca; ni la geopolítica, que ubica la influenza porcina como resultado de los intereses de las trasnacionales de la industria pecuaria y de la industria farmacéutica, en periodo de crisis financiera global, ni la hipótesis con pretensiones sociales abarcantes que evidencia los efectos perversos del capitalismo depredador de la calidad de vida, que deteriora nuestro sistema inmunólogico y que produce más muerte y dolor cotidianamente que todas las epidemias juntas.
No podemos negar ciertos logros de racionalidad pública para manejar el riesgo; ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno federal, el jalisciense y particularmente la Universidad de Guadalajara, han actuado consecuentemente en el campo previsional y creativamente, en el caso de ésta última institución, que constituyó un comité de especialistas para contribuir con su saber científico a un manejo transdisciplinario del impacto social y sanitario de la Influenza Porcina. Universidad, que ahora convoca a sus investigadores para que analicen las más diversas facetas relacionadas con este virus. Justo lo que nos falta es un aprendizaje colectivo frente a la adversidad, empezando por mejorar nuestro modelo de gestión pública democrático: equidad en el acceso a medicamentos, antivirales, atención médica; generación de mejor calidad de vida que refuerce nuestra inmunología. Pensemos en un “New Deal” de la salud, en un Estado del buen vivir.
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