Difícil encontrar asideros para la esperanza de tiempos renovados de paz con justicia, equidad y solidaridad humana. Pesa mucho más la parte negativa de la balanza, pero nos urge potenciar y maximizar lo poco positivo que nos ofrece 2010. Ante incertidumbres, desencantos, inseguridad y violencia que nos invaden día a día, nos toca cultivar un optimismo razonado que nos haga asumir responsablemente nuestra actuación individual y en la vida colectiva a la que tenemos acceso. Aunque las instituciones públicas escapan de control, aumentan nuestras exigencias ciudadanas sobre ellas; ahí están los activos más esperanzadores con que contamos.
Postales mundiales. A pesar de nuestra impotencia frente al entorno global de la crisis, eminentemente financiera, que no cesa, la ubicación y definición de los problemas por parte de organismos de la sociedad civil (OSC) y de la comunidad científica e intelectual crítica, favorece contrapesos y alternativas informadas. Así lo vimos en la Cumbre del Cambio Climático en Cancún (diciembre, 2010), donde las instituciones internacionales y gubernamentales no pudieron ir más allá de los exiguos acuerdos de Copenhagen, mientras que las OSC consensuaron la agenda que podría hacer viable el futuro de la humanidad. También en Cancún, en febrero de 2010, los Presidentes, Jefes de Estado y de Gobierno reunidos sin la tutela de potencia extranjera alguna, deciden constituir la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, una aspiración acariciada e impulsada por las OSC, que mucho podrá ayudar a la construcción autónoma de nuestra región.
Postales mexicanas. La tragedia de San Martín Texmelucan corrobora la irresponsabilidad de Pemex en la falta de mantenimiento de la red de oleoductos y de soluciones de fondo para su conflictiva ubicación en medio de poblados y la corrupción en el manejo de los recursos de la paraestatal. Sin embargo, al igual que el drama acontecido el 22 de abril de 1992 en Guadalajara, la organización ciudadana es la que saca coraje de la amarga experiencia al convertirse en guardián de los intereses de todos. Otra postal: la liberación del Jefe Diego, detona hipótesis encontradas frente a las cuales nos sentimos impotentes para conocer la verdad. Si su secuestro fue resultado de un canje por Nacho Coronel, quien todavía vive supuestamente gracias a un espectacular montaje de su asesinato; o si fue producto de ambiciones millonarias del crimen organizado, o si fue secuestrado por una guerrilla con proyecto transformador global, son hipótesis que no se descartan sino que acrecentan la capacidad investigadora de la prensa la exigencia de información veraz y comprobable.
Postal de amargos contrastes. Dos mujeres se deciden a actuar para exigir justicia frente al asesinato de familiares. Una de ellas, emprende una investigación financiada por su cuenta y llega hasta la detención y esperemos encarcelamiento de los culpables. Otra de ellas, se arma de valor civil y denuncia con pruebas contundentes el asesinato de su hija en Chihuahua, pero jueces corruptos liberan al presunto asesino, quien confabula el asesinato de su denunciante y de varios familiares. Frente a tales nexos con el crimen organizado, la indignación social crece y se organiza.
Postales luminosas. Entre lo más positivo de 2010 destaca la elevación a rango constitucional de las Acciones Colectivas, lo que permitirá una agregación de demandas individuales que comparten un problema común, lo cual podría facilitar la impartición de justicia a favor de grupos organizados. Asimismo, la organización social crece frente al autoritarismo y la arbitrariedad de los poderes fácticos, como fue el caso de la oposición exitosa a la Licitación 21, que impidió acrecentar el poder de Televisa y grupos asociados en la obtención fraudulenta de espacios Radioeléctricos. Dos cosas buenas que deja 2010.
viernes, 24 de diciembre de 2010
viernes, 17 de diciembre de 2010
2012, ESCENARIOS PREELECTORALES
Prematuras de cara al calendario oficial de las elecciones presidenciales, se despliegan con mayor visibilidad las agendas públicas que manifiestan lo actores del poder político. Un PRI que fortalece sus espacios de unidad y que recupera su estilo corporativista con Elba Esther Gordillo, la aliada estratégica para ganar elecciones, busca afanosamente unidad de sus tendencias y el voto corporativo, para capitalizar su ascenso y triunfos electorales en la mayoría de regiones del país. Un PAN que muestra también cierta capacidad unitaria a pesar de sus retrocesos electorales, campo fértil de disputas, pues hay menos huesos que repartir, a pesar de la intromisión permanente del Presidente Calderón en la contienda electoral. Sectores del PRD y de Acción Nacional dubitatitivos frente a pros y contras de las alianzas regionales, e incluso ante la candidatura presidencial. Un PRD dividido en sus alianzas con el polo de izquierda, a la vez que enfrentado internamente en torno de una candidatura de unidad que pudiera encabezar Marcelo Ebrard. Y un peje que construye su candidatura presidencial desde 2006, cuya capacidad de convocatoria creciente, cimbra a toda la estructura de partidos.
Aunque estos hechos cobran estatuto de normalidad, hay muchas variables nuevas que obligan a pensar en la complejidad del escenario. Los imaginarios sociopolíticos se decantan bajo tres modalidades: la continuidad de la derecha neoliberal en el poder, que reedita la alianza de poderes fácticos en el “PRIAN”, independientemente de quien ocupe la silla presidencial; la opción recargada de liberalismo social que promueve entusiastamente Carlos Salinas de Gortari, buscando renovar discursos y prácticas del PRI; y, la configuración de una opción de orden post-neoliberal, con una marcada agenda redistributiva, de justicia social, fortalecimiento de la potencia publica estatal y de su contrapeso: la democracia participativa. Algunos llaman a esto neopopulismo, con fines despectivos, pero lo nuevo de ese escenario es que las propias categorías de pueblo y popular las están modelando sujetos que escapan al monopolio de representación partidaria.
Previsiblemente, los zapatistas condenarán el carácter estatista de los procesos electorales, descalificarán el negro historial que ensombrece a todos los posibles candidatos y, en este caso atinadamente, se concentrarán en reforzar los poderes locales que resisten dignamente contra la beligerancia neoliberal que no cesa, a pesar del acta de defunción que se le achaca a ese modelo un día si y otro también. No se perciben convergencias entre el abstencionismo que convoca el zapatismo, el creciente hastío causado por el sistema político y de partidos expresado por la mayoría de electores que no acuden a las urnas, y el novísimo fenómeno de anulación testimonial del voto, que crecerá sin duda por la continuidad de la protesta que imprime la Asamblea Nacional Ciudadana.
Hasta ahora, precampañas y pronunciamientos previos a la elección presidencial mistifican el carisma del liderazgo, en las razones y racionalidades que encarna El Candidato. Sin embargo, se niega con ello la oportunidad de construir debates nacionales que sitúen y dimensionen los problemas a enfrentar: la peligrosa ilegalidad del IFE, pues al posponer el nombramiento de tres consejeros hasta 2011, debido al reparto de cuotas entre PRI y PAN, se vulnera la autoridad electoral; la narcoviolencia, el papel constitucional deseable para el Ejército; el cambio de modelo económico para enfrentar y salir de la crisis, con una renta petrolera disminuida y sin un techo fiscal que sustituya ese déficit. Necesitamos, ciertamente, una cultura cívica republicana para darle un sentido político estratégico a esas discusiones. La iniciativa no vendrá del carisma racional de los candidatos, o de ex presidentes ocurrentes, sino de expresiones colectivas de y desde una ciudadanía participativa con aspiraciones democráticas.
Aunque estos hechos cobran estatuto de normalidad, hay muchas variables nuevas que obligan a pensar en la complejidad del escenario. Los imaginarios sociopolíticos se decantan bajo tres modalidades: la continuidad de la derecha neoliberal en el poder, que reedita la alianza de poderes fácticos en el “PRIAN”, independientemente de quien ocupe la silla presidencial; la opción recargada de liberalismo social que promueve entusiastamente Carlos Salinas de Gortari, buscando renovar discursos y prácticas del PRI; y, la configuración de una opción de orden post-neoliberal, con una marcada agenda redistributiva, de justicia social, fortalecimiento de la potencia publica estatal y de su contrapeso: la democracia participativa. Algunos llaman a esto neopopulismo, con fines despectivos, pero lo nuevo de ese escenario es que las propias categorías de pueblo y popular las están modelando sujetos que escapan al monopolio de representación partidaria.
Previsiblemente, los zapatistas condenarán el carácter estatista de los procesos electorales, descalificarán el negro historial que ensombrece a todos los posibles candidatos y, en este caso atinadamente, se concentrarán en reforzar los poderes locales que resisten dignamente contra la beligerancia neoliberal que no cesa, a pesar del acta de defunción que se le achaca a ese modelo un día si y otro también. No se perciben convergencias entre el abstencionismo que convoca el zapatismo, el creciente hastío causado por el sistema político y de partidos expresado por la mayoría de electores que no acuden a las urnas, y el novísimo fenómeno de anulación testimonial del voto, que crecerá sin duda por la continuidad de la protesta que imprime la Asamblea Nacional Ciudadana.
Hasta ahora, precampañas y pronunciamientos previos a la elección presidencial mistifican el carisma del liderazgo, en las razones y racionalidades que encarna El Candidato. Sin embargo, se niega con ello la oportunidad de construir debates nacionales que sitúen y dimensionen los problemas a enfrentar: la peligrosa ilegalidad del IFE, pues al posponer el nombramiento de tres consejeros hasta 2011, debido al reparto de cuotas entre PRI y PAN, se vulnera la autoridad electoral; la narcoviolencia, el papel constitucional deseable para el Ejército; el cambio de modelo económico para enfrentar y salir de la crisis, con una renta petrolera disminuida y sin un techo fiscal que sustituya ese déficit. Necesitamos, ciertamente, una cultura cívica republicana para darle un sentido político estratégico a esas discusiones. La iniciativa no vendrá del carisma racional de los candidatos, o de ex presidentes ocurrentes, sino de expresiones colectivas de y desde una ciudadanía participativa con aspiraciones democráticas.
viernes, 10 de diciembre de 2010
WIKILEAKS: ATACAR AL MENSAJERO
Vieja táctica mediática, no cuestionar la veracidad de la información sino criticar el hecho de su ilegítima difusión. Eliminar al mensajero significaría retomar el control de la información para beneficio de los poderes fácticos, pero las redes del ciberespacio donde hay millones de fuentes autónomas que la producen no son controlables; cada nodo de la red es el mensajero y cada uno de ellos es además cambiante, flexible, reemplazable, por sujetos cuya existencia escapa a la otrora capacidad de silenciar que tuvieron poderes fácticos y constituidos frente a los medios tradicionales. WikiLeaks, lanza desafíos fundamentales para la era cibernética que nos envuelve globalmente: derechos y libertades de acceso y uso responsable de información; exigencias de transparencia y rendición de cuentas, como consecuencia de hechos conocidos-denunciados-demandados.
WikiLeaks ha polarizado. Para unos, representa un periodismo de nuevo tipo que consigue información pública y privada desconocida, pero que se maneja responsablemente al borrar nombres y otras pistas de identificación, que puedan violar la privacidad, sólo se difunden documentos sobre hechos pasados, excluyendo datos que hagan peligrar planes u operaciones presentes y futuras. Un presupuesto anual de unos 300 millones de euros, 5 empleados permanentes, 800 colaboradores ocasionales y miles de voluntarios distribuidos en el mundo, le permiten a esta red incluso corroborar la información en sus fuentes originales. Ello le ha valido premios otorgados por The Economist, o por Amnistía Internacional. Para otros, se trata de una oscura organización por falta de transparencia en sus financiamientos, porque no da a conocer información relevante de manera organizada sino que entrega lugares comunes y nada nuevo que no se pueda obtener mediante los mecanismos de acceso a la información que garantizan los gobiernos de los países centrales, especialmente Estados Unidos.
Lo cierto es que todos y cada uno de los gobiernos que aparecen en los documentos difundidos por WikiLeaks se sienten interpelados y, conciente o inconcientemente, integran los temas en sus agendas de comunicación. Asimismo, el mundo mediático dirige su mirada a esa red con intencionalidades editoriales propias, lo cual repercute en mayores exigencias comunicativas de los destinatarios de sus mensajes: desde quienes claman por asesinar a Julian Assange, como mensajero, hasta quienes defienden activamente las libertades que entraña WikiLeaks. Los lemas de esta organización, disponibles en su página Web que se sostiene a pesar del ataque sistemático de aparatos de inteligencia cibernética de los países centrales, expresan los valores libertarios que la fundan: libertad de palabra; abrimos gobiernos; cada organización descansa sobre una montaña de secretos; llegó el momento de abrir los archivos; la información quiere ser libre; ahora la justicia está en tus manos; el Big Brother observa, nosotros también; revelamos información…
No es casual que el Partido de los Piratas de Suecia (10% de votos en las elecciones europeas de 2008) dé acogida a esta red para actuar en contra de la privatización, del ocultamiento de información, de la impunidad gubernamental y privada. Tampoco es casual que millones de cibernautas hagan suya la causa de WikiLeaks, al atacar el sistema informático del banco suizo que se negó a abrir una cuenta donde Julian Assange pretendía situar recursos para financiar su defensa jurídica, o que atacaran el sistema de PayPal, por no aceptar donaciones para WikiLeaks. Para Manuel Castells: “El drama no ha hecho más que empezar. Una organización de comunicación libre, basada en el trabajo voluntario de periodistas y tecnólogos, como depositaria y transmisora de quienes quieren revelar anónimamente los secretos de un mundo podrido, enfrentada a aquellos que no se avergüenzan de las atrocidades que cometen pero sí se alarman de que sus fechorías sean conocidas por quienes los elegimos y les pagamos.”
WikiLeaks ha polarizado. Para unos, representa un periodismo de nuevo tipo que consigue información pública y privada desconocida, pero que se maneja responsablemente al borrar nombres y otras pistas de identificación, que puedan violar la privacidad, sólo se difunden documentos sobre hechos pasados, excluyendo datos que hagan peligrar planes u operaciones presentes y futuras. Un presupuesto anual de unos 300 millones de euros, 5 empleados permanentes, 800 colaboradores ocasionales y miles de voluntarios distribuidos en el mundo, le permiten a esta red incluso corroborar la información en sus fuentes originales. Ello le ha valido premios otorgados por The Economist, o por Amnistía Internacional. Para otros, se trata de una oscura organización por falta de transparencia en sus financiamientos, porque no da a conocer información relevante de manera organizada sino que entrega lugares comunes y nada nuevo que no se pueda obtener mediante los mecanismos de acceso a la información que garantizan los gobiernos de los países centrales, especialmente Estados Unidos.
Lo cierto es que todos y cada uno de los gobiernos que aparecen en los documentos difundidos por WikiLeaks se sienten interpelados y, conciente o inconcientemente, integran los temas en sus agendas de comunicación. Asimismo, el mundo mediático dirige su mirada a esa red con intencionalidades editoriales propias, lo cual repercute en mayores exigencias comunicativas de los destinatarios de sus mensajes: desde quienes claman por asesinar a Julian Assange, como mensajero, hasta quienes defienden activamente las libertades que entraña WikiLeaks. Los lemas de esta organización, disponibles en su página Web que se sostiene a pesar del ataque sistemático de aparatos de inteligencia cibernética de los países centrales, expresan los valores libertarios que la fundan: libertad de palabra; abrimos gobiernos; cada organización descansa sobre una montaña de secretos; llegó el momento de abrir los archivos; la información quiere ser libre; ahora la justicia está en tus manos; el Big Brother observa, nosotros también; revelamos información…
No es casual que el Partido de los Piratas de Suecia (10% de votos en las elecciones europeas de 2008) dé acogida a esta red para actuar en contra de la privatización, del ocultamiento de información, de la impunidad gubernamental y privada. Tampoco es casual que millones de cibernautas hagan suya la causa de WikiLeaks, al atacar el sistema informático del banco suizo que se negó a abrir una cuenta donde Julian Assange pretendía situar recursos para financiar su defensa jurídica, o que atacaran el sistema de PayPal, por no aceptar donaciones para WikiLeaks. Para Manuel Castells: “El drama no ha hecho más que empezar. Una organización de comunicación libre, basada en el trabajo voluntario de periodistas y tecnólogos, como depositaria y transmisora de quienes quieren revelar anónimamente los secretos de un mundo podrido, enfrentada a aquellos que no se avergüenzan de las atrocidades que cometen pero sí se alarman de que sus fechorías sean conocidas por quienes los elegimos y les pagamos.”
viernes, 26 de noviembre de 2010
ORGANISMOS PÚBLICOS SIN AUTONOMÍA
En el marco de la renovación de la mitad del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), María Emma Valadez Cruz, Alberto Bayardo Pérez Arce y Francisco Javier Pérez Chagollán, Consejeros activos, renunciaron a su consejería, e Imelda Orozco Mares y Paola Lazo Corvera, consejeras salientes, apoyaron esa decisión, pues consideran que la CEDHJ no cumple con su rol de Organismo Público Autónomo, debido a:
- La pérdida de fuerza y legitimidad de la Institución, pues la elección de su actual titular en junio del 2007, fue cuestionada por falta de transparencia; se hizo a puerta cerrada, sin consulta ciudadana previa y sin perfil claramente definido del Ombudsman. Además se agredió entonces a la ciudadanía que pretendía atestiguar el proceso.
- Como Organismo Público Autónomo para la protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos, la CEDHJ confunde su función con la de intermediación silenciosa y la gestión de indemnizaciones, como si fuera un área de conciliación, sin contribuir a la función pública sistemática que impida la reiterada violación de los derechos humanos.
- la CEDHJ y parte de su Consejo cerraron toda posibilidad de discusión de asuntos polémicos, vinculados con los derechos sexuales: la interrupción legal del embarazo, o el reconocimiento legal a las uniones conyugales entre personas del mismo sexo, que en una sociedad democrática demandarían una discusión abierta, plural e incluyente, que impediría modificaciones al Art. 4to de la Constitución del Estado y el artículo 228 del Código Penal para el Estado de Jalisco.
- La restricción del acceso a la información respecto del trabajo interno de la Comisión, tanto para Consejeros como para la ciudadanía en general, ya que se dejó de presentar un informe detallado por parte del presidente de la CEDHJ sobre asuntos de relevancia. Y se limitó la participación del Consejo en resoluciones o recomendaciones emitidas por la Comisión; los consejeros se enteraban a través de los medios de comunicación de las posturas y resoluciones de la CEDHJ.
- La suplencia irregular de una consejera, mediante elección realizada sin haber obtenido previamente la aceptación de su renuncia por el Congreso local y en medio de presiones directas a Consejeros para obtener sus votos a favor; la Consejera Paola Lazo no pudo tomar el puesto vacante, aunque había sido nombrada suplente por el Congreso de Jalisco, lo cual además hacía valer la equidad de genero en la integración del Consejo ciudadano establecida en la Ley de la CEDHJ, hasta que interpuso un amparo, que ganó.
- El abuso del principio democrático para la toma de decisiones en las sesiones del Consejo, en donde la regla de la mayoría permitió y hasta justificó formas de exclusión y discriminación, evitando discusiones abiertas y con base en argumentos, como se puede constatar en las actas de las sesiones del Consejo.
Los consejeros afirman que “el presidente de la CEDHJ ha maniobrado de tal manera que el Consejo dejó de serlo en los hechos, pues él Ombudsman reconoció en la sesión ordinaria 274 del Consejo Ciudadano, que se reúne con integrantes del mismo que le son afines, en espacios ajenos al propio Consejo; así, ya no existe la posibilidad de una verdadera y sana discusión democrática.” Privan colaboraciones con algunas organizaciones de la sociedad civil y no con otras, sin que se den a conocer los criterios seguidos por la presidencia de la Comisión. Además, la influencia desmedida de los poderes fácticos de la jerarquía católica sobre la CEDHJ impide la discusión plena y abierta sobre derechos humanos. Se estrecha el espacio para constituir organismos públicos auténticamente autónomos.
- La pérdida de fuerza y legitimidad de la Institución, pues la elección de su actual titular en junio del 2007, fue cuestionada por falta de transparencia; se hizo a puerta cerrada, sin consulta ciudadana previa y sin perfil claramente definido del Ombudsman. Además se agredió entonces a la ciudadanía que pretendía atestiguar el proceso.
- Como Organismo Público Autónomo para la protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos, la CEDHJ confunde su función con la de intermediación silenciosa y la gestión de indemnizaciones, como si fuera un área de conciliación, sin contribuir a la función pública sistemática que impida la reiterada violación de los derechos humanos.
- la CEDHJ y parte de su Consejo cerraron toda posibilidad de discusión de asuntos polémicos, vinculados con los derechos sexuales: la interrupción legal del embarazo, o el reconocimiento legal a las uniones conyugales entre personas del mismo sexo, que en una sociedad democrática demandarían una discusión abierta, plural e incluyente, que impediría modificaciones al Art. 4to de la Constitución del Estado y el artículo 228 del Código Penal para el Estado de Jalisco.
- La restricción del acceso a la información respecto del trabajo interno de la Comisión, tanto para Consejeros como para la ciudadanía en general, ya que se dejó de presentar un informe detallado por parte del presidente de la CEDHJ sobre asuntos de relevancia. Y se limitó la participación del Consejo en resoluciones o recomendaciones emitidas por la Comisión; los consejeros se enteraban a través de los medios de comunicación de las posturas y resoluciones de la CEDHJ.
- La suplencia irregular de una consejera, mediante elección realizada sin haber obtenido previamente la aceptación de su renuncia por el Congreso local y en medio de presiones directas a Consejeros para obtener sus votos a favor; la Consejera Paola Lazo no pudo tomar el puesto vacante, aunque había sido nombrada suplente por el Congreso de Jalisco, lo cual además hacía valer la equidad de genero en la integración del Consejo ciudadano establecida en la Ley de la CEDHJ, hasta que interpuso un amparo, que ganó.
- El abuso del principio democrático para la toma de decisiones en las sesiones del Consejo, en donde la regla de la mayoría permitió y hasta justificó formas de exclusión y discriminación, evitando discusiones abiertas y con base en argumentos, como se puede constatar en las actas de las sesiones del Consejo.
Los consejeros afirman que “el presidente de la CEDHJ ha maniobrado de tal manera que el Consejo dejó de serlo en los hechos, pues él Ombudsman reconoció en la sesión ordinaria 274 del Consejo Ciudadano, que se reúne con integrantes del mismo que le son afines, en espacios ajenos al propio Consejo; así, ya no existe la posibilidad de una verdadera y sana discusión democrática.” Privan colaboraciones con algunas organizaciones de la sociedad civil y no con otras, sin que se den a conocer los criterios seguidos por la presidencia de la Comisión. Además, la influencia desmedida de los poderes fácticos de la jerarquía católica sobre la CEDHJ impide la discusión plena y abierta sobre derechos humanos. Se estrecha el espacio para constituir organismos públicos auténticamente autónomos.
viernes, 19 de noviembre de 2010
LA SOCIEDAD DEL NO TRABAJO
Otro nombre de la crisis es la incapacidad del capitalismo en sus distintas versiones para generar trabajo; incluso en el campo que se reclama socialista se puede constatar creación de empleos, pero aún en experiencias relativamente exitosas como la china no se ha creado una sociedad con derecho al trabajo. La idea prevaleciente sobre desarrollo pretende lograr la estabilidad macroeconómica financiera, como base de sustentación del mercado. No hemos superado esa centralidad de los indicadores mercantiles que confunde crecimiento con desarrollo, o competitividad con productividad sin que definamos como sociedad el sentido de la producción; tampoco hemos superado el atavismo económico que cifra su sobrevivencia en la exportación al mercado mundial, sin cuidar la transferencia del valor que proviene del trabajo hacia otra parte, antes de dirigir ese valor hacia donde se necesita internamente. Además, la economía financiera especulativa premia al capital y castiga al trabajo.
Las políticas económicas y sociales que previamente se habían reservado para los países “en desarrollo”, ahora se impulsan en prácticamente todo el mundo. Los llamados ajustes estructurales, destinados a la reestructuración productiva orientada a la exportación, la desregulación de los mercados por la vía de la liberalización comercial y el incremento de la privatización, se acompañaron de formas para subordinar al trabajo mediante un concepto sesgado de flexibilidad laboral, que favorece a los empleadores y que cada vez más deja al garete a quienes buscan empleo. Contratos por hora o por tareas específicas, en periodos restringidos que no causen derechos laborales, tienden a precarizar el empleo, hacen descansar sobre los individuos los riesgos derivados del desempleo y de la inseguridad social. Problemas de los que se desentiende un Estado que está abandonando su responsabilidad social, en aras de garantizar la estabilidad macroeconómica en función de los intereses que representa la organización financiera.
Se calcula que el tamaño de la economía financiera es cien veces mayor que el de la economía real, que está respaldada en la producción de bienes y servicios. La crisis financiera actual aumenta esta brecha hasta niveles que son insostenibles. Pero las políticas para enfrentar estas graves limitaciones se siguen mostrando ineficaces, particularmente en lo que hace al trabajo. A éste se le ubica como el principal factor con potencial inflacionario y el que representa el mayor costo si se reconocen íntegramente sus derechos laborales, pues el derecho al trabajo abarca todo el periodo de vida de una persona. El trabajo es el gran perdedor de la actual crisis civilizatoria. Lo que en la jerga económica se conoce como programas procíclicos, que buscan “crecer” gracias al mayor control de las variables macroeconómicas financieras, o de programas anticíclicos que pretenden reanimar la actividad económica mediante el fomento y la regulación estatal reforzada, ninguno favorece al trabajo.
El mayor índice de desempleo en la historia reciente de Estados Unidos, que roza el 10 por ciento, no ha podido descender significativamente, a pesar de la inversión pública inusitada, principalmente en el sector de la construcción. Los países europeos más golpeados por la crisis financiera, como España y Grecia, no abaten tampoco su alto desempleo a pesar de que también implementan políticas anticíclicas. Y, México, campeón de políticas procíclicas, enfrenta un panorama que bien puede caracterizarse como típico de una sociedad del no trabajo. Ni se generan empleos suficientes, ni aún menos se crean trabajos como derechos básicos de ciudadanía. La sociedad de los ninis, no solo se refiere a los 7 millones de jóvenes sin perspectiva de futuro, sino parece ser consustancial al modelo económico por el que se ha optado, que niega y excluye el derecho básico al trabajo como fundamento principal de ciudadanía.
Las políticas económicas y sociales que previamente se habían reservado para los países “en desarrollo”, ahora se impulsan en prácticamente todo el mundo. Los llamados ajustes estructurales, destinados a la reestructuración productiva orientada a la exportación, la desregulación de los mercados por la vía de la liberalización comercial y el incremento de la privatización, se acompañaron de formas para subordinar al trabajo mediante un concepto sesgado de flexibilidad laboral, que favorece a los empleadores y que cada vez más deja al garete a quienes buscan empleo. Contratos por hora o por tareas específicas, en periodos restringidos que no causen derechos laborales, tienden a precarizar el empleo, hacen descansar sobre los individuos los riesgos derivados del desempleo y de la inseguridad social. Problemas de los que se desentiende un Estado que está abandonando su responsabilidad social, en aras de garantizar la estabilidad macroeconómica en función de los intereses que representa la organización financiera.
Se calcula que el tamaño de la economía financiera es cien veces mayor que el de la economía real, que está respaldada en la producción de bienes y servicios. La crisis financiera actual aumenta esta brecha hasta niveles que son insostenibles. Pero las políticas para enfrentar estas graves limitaciones se siguen mostrando ineficaces, particularmente en lo que hace al trabajo. A éste se le ubica como el principal factor con potencial inflacionario y el que representa el mayor costo si se reconocen íntegramente sus derechos laborales, pues el derecho al trabajo abarca todo el periodo de vida de una persona. El trabajo es el gran perdedor de la actual crisis civilizatoria. Lo que en la jerga económica se conoce como programas procíclicos, que buscan “crecer” gracias al mayor control de las variables macroeconómicas financieras, o de programas anticíclicos que pretenden reanimar la actividad económica mediante el fomento y la regulación estatal reforzada, ninguno favorece al trabajo.
El mayor índice de desempleo en la historia reciente de Estados Unidos, que roza el 10 por ciento, no ha podido descender significativamente, a pesar de la inversión pública inusitada, principalmente en el sector de la construcción. Los países europeos más golpeados por la crisis financiera, como España y Grecia, no abaten tampoco su alto desempleo a pesar de que también implementan políticas anticíclicas. Y, México, campeón de políticas procíclicas, enfrenta un panorama que bien puede caracterizarse como típico de una sociedad del no trabajo. Ni se generan empleos suficientes, ni aún menos se crean trabajos como derechos básicos de ciudadanía. La sociedad de los ninis, no solo se refiere a los 7 millones de jóvenes sin perspectiva de futuro, sino parece ser consustancial al modelo económico por el que se ha optado, que niega y excluye el derecho básico al trabajo como fundamento principal de ciudadanía.
viernes, 12 de noviembre de 2010
REVOLUCIÓN SOCIAL PACÍFICA
La revolución, palabra cargada de ambigüedad en la historia y en su significado presente. Para unos fue la oportunidad transformadora radical de injusticias opresoras, para otros la oportunidad de encumbramiento de un grupo generalmente producto de una coalición política formada por intereses heterogéneos, algunos de ellos incluso contrapuestos al origen del movimiento revolucionario. La socióloga Theda Skocpol ofrece una de las reflexiones más elaboradas sobre este concepto en su libro Las revoluciones sociales en el mundo moderno (1994), donde argumenta que esos acontecimientos únicos provienen de transformaciones fundamentales rápidas del Estado y la estructura social de clases que se hace desde abajo. Cambio político, transformación socioeconómica estructural y participación de masas, caracterizan a una veintena de revoluciones sociales que se han producido ¡en los últimos trescientos años!.
El caso mexicano es una de esas veinte revoluciones en el mundo moderno, la primera del siglo XX, pero su fuerza y originalidad tienen aristas inexploradas, a pesar de los ríos de tinta que han corrido para interpretarla. Aristas que no han sido abordadas suficientemente este año de celebraciones centenarias, que además no convirtieron en conmemoración nacional el suceso fundador de nuestra vida social contemporánea. Una historiografía cargada hacia los regímenes nacionalistas revolucionarios, construyó una versión que metió juntos ángeles y demonios con la finalidad expresa de instrumentar la herencia revolucionaria al servició del régimen de partido, el cual perversamente la institucionalizó. Otra interpretación, la hacen tecnócratas y conservadores quienes confinaron la revolución de carácter social exclusivamente a su dimensión político-electoral, enterrando en el olvido la radicalidad de las transformaciones exigidas por el cambio revolucionario. Otros, partidarios de la modernización, ven al pasado como lastre, digamos los salinistas, y los que se quedan con Francisco Madero, desechan a Villa y Zapata, digamos los panistas.
Estigmatizada por la violencia que conlleva, descalificada por la deformación de sus propósitos originales, la revolución social tiende actualmente al desprestigio. Sin embargo, las condiciones que la generan siguen vigentes: el incremento dramático de la desigualdad que trae consigo la globalización capitalista; la polarización política que revive autoritarismos que violan derechos y excluyen mayorías del desarrollo; el fracaso relativo de revoluciones (auto) limitadas al ámbito político electoral, como la mayoría de las revoluciones políticas de la esfera ex soviética, y de transiciones democráticas acotadas al sistema político, que aplazan indefinidamente los cambios estructurales que demandan justicia social; un balance de fuerzas internacionales en tiempos de crisis, que es propicio para la organización del descontento traducido en demandas de transformaciones mundiales radicales, que apelan incluso al viejo paradigma de revolución mundial. Pero, la revolución social despierta temores, la mayor parte de ellos por el carácter político militar que las sustentaba.
El carácter pacífico que toman las revoluciones sociales al final del siglo pasado combate esos temores. Nuevamente, la originalidad del caso mexicano representado en lo que algunos llamaron la primera revolución postcomunista del Siglo XXI, por el movimiento neozapatista, despertó ciertas esperanzas. Este movimiento se alejó del proyecto de la toma del poder por la vía armada, y hasta se deslindó del paradigma revolucionario, pues adoptaron la rebeldía y la lucha por la dignidad como programa de acción local-nacional y constituye una referencia global. Empero, la idea revolucionaria que inicia por el asalto armado al poder estatal persiste. El Centro de Estudios de los Movimientos Armados, detectó 43 movimientos guerrilleros en los últimos 13 años en México y la tentación por vincular narco y guerrilla se presenta ocasionalmente. Latinoamérica en su conjunto ofrece una perspectiva de revolución pacífica que opera en torno a elecciones; lamentablemente, el ideal de revolución democrática-pacífica que constituiría otro paradigma original en México, está por ahora bloqueado.
El caso mexicano es una de esas veinte revoluciones en el mundo moderno, la primera del siglo XX, pero su fuerza y originalidad tienen aristas inexploradas, a pesar de los ríos de tinta que han corrido para interpretarla. Aristas que no han sido abordadas suficientemente este año de celebraciones centenarias, que además no convirtieron en conmemoración nacional el suceso fundador de nuestra vida social contemporánea. Una historiografía cargada hacia los regímenes nacionalistas revolucionarios, construyó una versión que metió juntos ángeles y demonios con la finalidad expresa de instrumentar la herencia revolucionaria al servició del régimen de partido, el cual perversamente la institucionalizó. Otra interpretación, la hacen tecnócratas y conservadores quienes confinaron la revolución de carácter social exclusivamente a su dimensión político-electoral, enterrando en el olvido la radicalidad de las transformaciones exigidas por el cambio revolucionario. Otros, partidarios de la modernización, ven al pasado como lastre, digamos los salinistas, y los que se quedan con Francisco Madero, desechan a Villa y Zapata, digamos los panistas.
Estigmatizada por la violencia que conlleva, descalificada por la deformación de sus propósitos originales, la revolución social tiende actualmente al desprestigio. Sin embargo, las condiciones que la generan siguen vigentes: el incremento dramático de la desigualdad que trae consigo la globalización capitalista; la polarización política que revive autoritarismos que violan derechos y excluyen mayorías del desarrollo; el fracaso relativo de revoluciones (auto) limitadas al ámbito político electoral, como la mayoría de las revoluciones políticas de la esfera ex soviética, y de transiciones democráticas acotadas al sistema político, que aplazan indefinidamente los cambios estructurales que demandan justicia social; un balance de fuerzas internacionales en tiempos de crisis, que es propicio para la organización del descontento traducido en demandas de transformaciones mundiales radicales, que apelan incluso al viejo paradigma de revolución mundial. Pero, la revolución social despierta temores, la mayor parte de ellos por el carácter político militar que las sustentaba.
El carácter pacífico que toman las revoluciones sociales al final del siglo pasado combate esos temores. Nuevamente, la originalidad del caso mexicano representado en lo que algunos llamaron la primera revolución postcomunista del Siglo XXI, por el movimiento neozapatista, despertó ciertas esperanzas. Este movimiento se alejó del proyecto de la toma del poder por la vía armada, y hasta se deslindó del paradigma revolucionario, pues adoptaron la rebeldía y la lucha por la dignidad como programa de acción local-nacional y constituye una referencia global. Empero, la idea revolucionaria que inicia por el asalto armado al poder estatal persiste. El Centro de Estudios de los Movimientos Armados, detectó 43 movimientos guerrilleros en los últimos 13 años en México y la tentación por vincular narco y guerrilla se presenta ocasionalmente. Latinoamérica en su conjunto ofrece una perspectiva de revolución pacífica que opera en torno a elecciones; lamentablemente, el ideal de revolución democrática-pacífica que constituiría otro paradigma original en México, está por ahora bloqueado.
viernes, 5 de noviembre de 2010
CRECE LA DERECHA ESTADOUNIDENSE
Las elecciones intermedias en Estados Unidos interesan fundamentalmente a su ciudadanía, pero tienen impactos internacionales y particularmente en México donde llaman nuestra atención. Internamente, representan una suerte de Plebiscito sobre la gestión demócrata del Presidente Obama, además, prefiguran fuerzas y programas políticos que se debatirán durante los dos próximos años cuando sean las elecciones presidenciales. La incertidumbre invade la posible reelección del primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Al mundo le inquieta el peso que tendrá la agenda doméstica, de cara a los asuntos internacionales en los que Estados Unidos participa como potencia global, pues la beligerancia electoral mostrada por su nueva-vieja derecha, mantendrá ocupada a la Casa Blanca en la negociación de su proyecto de gobierno. Desde México, nos interesa la eternamente inconclusa reforma migratoria, pero también la cultura político-electoral triunfante: la empresarialización de la política, el Estado regulador desdibujado, el conservadurismo de base religiosa.
Obama y los Demócratas sufrieron una doble derrota en estas elecciones intermedias. El programa de recuperación económica no ha mostrado resultados sensibles y el coletazo de la crisis financiera creada por el gobierno anterior está golpeando a la administración actual; un desempleo que casi alcanza el 10 por ciento, aunado al tiempo que tarda el fomento de inversión pública promotora del empleo en mostrar sus resultados, frustró al electorado deseoso de pruebas de recuperación inmediatas. A esa frustración se unió un voto de castigo, liderado por la derecha republicana, contra la reforma de cuidados de salud que convenció a empresas aseguradoras y a trabajadores sindicalizados, pero que incomodó a clases medias vinculadas con jugosos negocios alrededor de la salud, además del argumento falaz pero convincente de los temerosos del migrante, al argumentar que esa reforma lo beneficia aunque no pague impuestos. Está documentado que ni los indocumentados escapan al fisco.
Derrota en la Cámara de Representantes, donde los Demócratas bajan de 255 a 185 integrantes; derrota en los gobiernos estatales, donde los Republicanos ganan 24 de los 37 gobernadores electos recientemente. Triunfo pírrico en el Senado, donde los Demócratas apenas mantienen una frágil mayoría. Un ganador: el Tea Party, la derecha republicana recalcitrante que toma su nombre del Motín del Té, un movimiento que se oponía al aumento de impuestos en la víspera de la Independencia de la Unión Americana, gana un amplio porcentaje de Representantes y obtiene triunfos en estados clave para el sistema de los grandes electores que definirán la elección presidencial de 2012. Aunque el Tea Party no cuenta con un liderazgo carismático capaz de contender contra la reelección de Obama, ya prefigura un programa político: abolir al Estado regulador; recorte de impuestos, porque aumentan el déficit; conservadurismo religioso como base identitaria.
El discurso anti-inmigrante y racista, parte nodal de ese movimiento, dividió al voto latino y de minorías nacionales, pues ganó al inmigrante que sufre el síndrome de la puerta cerrada; el que una vez integrado se opone a la obtención de ciudadanía por otros: Susana Martínez, primera mujer de origen hispano se reafirma como gobernadora en Nuevo México; Brian Sandoval, primer gobernante hispano en Nevada; Jan Brewer, gobernadora de Arizona, se convierte en paradigma anti-inmigrante con su Ley SB1070; Nikki Haley, de origen asiático es electa gobernadora en Carolina del Sur; Marco Rubio, cubano americano, es electo Senador por Florida. En Oklahoma, los republicanos ganan que el inglés sea lengua oficial, que se prohíba la Ley Islámica de la Sharia. Así, la Reforma Migratoria queda fuera de la agenda legislativa; Latinoamérica pierde interés y la política exterior queda apresada por la descarnada batalla de la agenda doméstica estadounidense. Lo peor, la derecha conservadora gana terreno electoral para 2012… ¿cómo en México?
Obama y los Demócratas sufrieron una doble derrota en estas elecciones intermedias. El programa de recuperación económica no ha mostrado resultados sensibles y el coletazo de la crisis financiera creada por el gobierno anterior está golpeando a la administración actual; un desempleo que casi alcanza el 10 por ciento, aunado al tiempo que tarda el fomento de inversión pública promotora del empleo en mostrar sus resultados, frustró al electorado deseoso de pruebas de recuperación inmediatas. A esa frustración se unió un voto de castigo, liderado por la derecha republicana, contra la reforma de cuidados de salud que convenció a empresas aseguradoras y a trabajadores sindicalizados, pero que incomodó a clases medias vinculadas con jugosos negocios alrededor de la salud, además del argumento falaz pero convincente de los temerosos del migrante, al argumentar que esa reforma lo beneficia aunque no pague impuestos. Está documentado que ni los indocumentados escapan al fisco.
Derrota en la Cámara de Representantes, donde los Demócratas bajan de 255 a 185 integrantes; derrota en los gobiernos estatales, donde los Republicanos ganan 24 de los 37 gobernadores electos recientemente. Triunfo pírrico en el Senado, donde los Demócratas apenas mantienen una frágil mayoría. Un ganador: el Tea Party, la derecha republicana recalcitrante que toma su nombre del Motín del Té, un movimiento que se oponía al aumento de impuestos en la víspera de la Independencia de la Unión Americana, gana un amplio porcentaje de Representantes y obtiene triunfos en estados clave para el sistema de los grandes electores que definirán la elección presidencial de 2012. Aunque el Tea Party no cuenta con un liderazgo carismático capaz de contender contra la reelección de Obama, ya prefigura un programa político: abolir al Estado regulador; recorte de impuestos, porque aumentan el déficit; conservadurismo religioso como base identitaria.
El discurso anti-inmigrante y racista, parte nodal de ese movimiento, dividió al voto latino y de minorías nacionales, pues ganó al inmigrante que sufre el síndrome de la puerta cerrada; el que una vez integrado se opone a la obtención de ciudadanía por otros: Susana Martínez, primera mujer de origen hispano se reafirma como gobernadora en Nuevo México; Brian Sandoval, primer gobernante hispano en Nevada; Jan Brewer, gobernadora de Arizona, se convierte en paradigma anti-inmigrante con su Ley SB1070; Nikki Haley, de origen asiático es electa gobernadora en Carolina del Sur; Marco Rubio, cubano americano, es electo Senador por Florida. En Oklahoma, los republicanos ganan que el inglés sea lengua oficial, que se prohíba la Ley Islámica de la Sharia. Así, la Reforma Migratoria queda fuera de la agenda legislativa; Latinoamérica pierde interés y la política exterior queda apresada por la descarnada batalla de la agenda doméstica estadounidense. Lo peor, la derecha conservadora gana terreno electoral para 2012… ¿cómo en México?
viernes, 29 de octubre de 2010
PARADIGMAS SOBRE DESARROLLO ANTE LA CRISIS
Por primera vez en la historia de la humanidad, estamos ante una conjunción y simultaneidad de varias crisis en una. A la par de la crisis financiera originada en mantener la estabilidad macroeconómica financiera a toda costa, persiste una crisis ambiental que se origina en un modelo depredador de recursos renovables y no renovables, principalmente energéticos de origen fósil; se amplían las amenazas de hambruna en países y regiones con economías y agriculturas vulnerables, y los riesgos naturales y urbano-industriales impactan mortalmente a sectores y zonas pobres tanto del norte como del sur del mundo.
Esa triple crisis: financiera, ambiental, energética, que tiene un carácter global y sistémico, representa una crisis de civilización que desvaloriza a la persona y que impide asegurar una estrategia de desarrollo viable, equitativa, incluyente y justa para la humanidad toda. La guerra, el complejo militar-industrial, la violencia generada por el crimen organizado y las estrategias unilaterales militarizadas para combatirlo, se reafirman como dinámicos negocios para los países centrales, las trasnacionales de la muerte y sus aliados nacionales. El caos, la destrucción y muerte que crean produce una era de incertidumbre para el futuro de la humanidad.
Ésta compleja crisis ha golpeado también a los paradigmas socioeconómicos y políticos dominantes, frente a su mostrada incapacidad de generar desarrollo con calidad de vida sustentable, con educación, trabajo, seguridad social y bienestar. Ciertamente, hay una crisis de paradigmas de los modelos de desarrollo, desde una doble perspectiva: por el déficit social que constatamos en su historia y por su incapacidad para dar respuestas viables, confiables, convincentes, para salir o siquiera para enfrentar mínimamente esta crisis global y sistémica.
Desde el origen de la crisis bursátil-financiera de 1994 hasta la triple macro crisis combinada de 2008, se registra una debacle de las propuestas económicas neoclásicas que identificamos con el neoliberalismo. A la par que las estrategias para enfrentar la crisis abren registros contradictorios; por una parte, el pensamiento único trata de imponer sus recetas de “más de lo mismo” y por otra se hacen intentos de reformas al modelo de desarrollo, pero que son insuficientes ante la dimensión estructural de la crisis.
México es un ejemplo de la ortodoxia neoliberal para gestionar la crisis. En este caso, la continuidad con los paradigmas del Consenso de Washington, tanto en su versión original de 1989, como en la versión recargada diez años después, ofrece supuestamente, la mejor manera de enfrentar la época crítica que vive la humanidad. Una buena parte de Latinoamérica sigue esas recetas, pero simultáneamente desde ella emergen críticas a los paradigmas dominantes; algunos intelectuales críticos ubican en esta región el nacimiento de paradigmas de corte post-neoliberal, dado el refuerzo de las capacidades reguladoras del Estado, la recuperación de la agenda de justicia, redistribución del ingreso y de transformaciones radicales en el modelo de desarrollo.
Hay también intentos por construir paradigmas diametralmente opuestos al dominante. Desde la ecología política se propone una crítica demoledora del capitalismo mediante el paradigma de “crecimiento cero”, o de decremento razonado de la producción; “vivir mejor con menos”, una suerte de contra-modelo de desarrollo que es divisa del movimiento ecologista. Sin embargo, en los países periféricos ese paradigma puede significar la legitimación de su atraso y la mistificación de la pobreza.
Otros paradigmas alternativos emergen desde el movimiento social altermundialista. En sus resistencias contra la depredación capitalista, el calentamiento global, la imposición del modelo minero-extractivista, la construcción de represas para la generación de electricidad, o la dotación privilegiada de agua para la creciente industrialización y la agricultura. Evidentemente, necesitamos urgentemente otro paradigma de desarrollo que transforme la crisis en un Estado social del buen vivir.
Esa triple crisis: financiera, ambiental, energética, que tiene un carácter global y sistémico, representa una crisis de civilización que desvaloriza a la persona y que impide asegurar una estrategia de desarrollo viable, equitativa, incluyente y justa para la humanidad toda. La guerra, el complejo militar-industrial, la violencia generada por el crimen organizado y las estrategias unilaterales militarizadas para combatirlo, se reafirman como dinámicos negocios para los países centrales, las trasnacionales de la muerte y sus aliados nacionales. El caos, la destrucción y muerte que crean produce una era de incertidumbre para el futuro de la humanidad.
Ésta compleja crisis ha golpeado también a los paradigmas socioeconómicos y políticos dominantes, frente a su mostrada incapacidad de generar desarrollo con calidad de vida sustentable, con educación, trabajo, seguridad social y bienestar. Ciertamente, hay una crisis de paradigmas de los modelos de desarrollo, desde una doble perspectiva: por el déficit social que constatamos en su historia y por su incapacidad para dar respuestas viables, confiables, convincentes, para salir o siquiera para enfrentar mínimamente esta crisis global y sistémica.
Desde el origen de la crisis bursátil-financiera de 1994 hasta la triple macro crisis combinada de 2008, se registra una debacle de las propuestas económicas neoclásicas que identificamos con el neoliberalismo. A la par que las estrategias para enfrentar la crisis abren registros contradictorios; por una parte, el pensamiento único trata de imponer sus recetas de “más de lo mismo” y por otra se hacen intentos de reformas al modelo de desarrollo, pero que son insuficientes ante la dimensión estructural de la crisis.
México es un ejemplo de la ortodoxia neoliberal para gestionar la crisis. En este caso, la continuidad con los paradigmas del Consenso de Washington, tanto en su versión original de 1989, como en la versión recargada diez años después, ofrece supuestamente, la mejor manera de enfrentar la época crítica que vive la humanidad. Una buena parte de Latinoamérica sigue esas recetas, pero simultáneamente desde ella emergen críticas a los paradigmas dominantes; algunos intelectuales críticos ubican en esta región el nacimiento de paradigmas de corte post-neoliberal, dado el refuerzo de las capacidades reguladoras del Estado, la recuperación de la agenda de justicia, redistribución del ingreso y de transformaciones radicales en el modelo de desarrollo.
Hay también intentos por construir paradigmas diametralmente opuestos al dominante. Desde la ecología política se propone una crítica demoledora del capitalismo mediante el paradigma de “crecimiento cero”, o de decremento razonado de la producción; “vivir mejor con menos”, una suerte de contra-modelo de desarrollo que es divisa del movimiento ecologista. Sin embargo, en los países periféricos ese paradigma puede significar la legitimación de su atraso y la mistificación de la pobreza.
Otros paradigmas alternativos emergen desde el movimiento social altermundialista. En sus resistencias contra la depredación capitalista, el calentamiento global, la imposición del modelo minero-extractivista, la construcción de represas para la generación de electricidad, o la dotación privilegiada de agua para la creciente industrialización y la agricultura. Evidentemente, necesitamos urgentemente otro paradigma de desarrollo que transforme la crisis en un Estado social del buen vivir.
viernes, 22 de octubre de 2010
Dos pruebas a la democracia
Optimismo intuitivo es lo que siento frente a dos pruebas a las que se somete la democratización mexicana. Un desafío es profundizar los aspectos positivos que hicieron posible la caída de la llamada licitación 21, que entregaba una fracción importante del espectro radioeléctrico al consorcio coyuntural entre Televisa y Nextel, al cual le fue entregada esa franja en una cantidad casi treinta veces menor que lo pagado en otra licitación por una franja equivalente, por la empresa Telcel-Telmex. Se trata de concesiones de espacios radioeléctricos públicos, que son estratégicos para la trasmisión de datos, televisión digital y telefonía, ramas de actividad empresarial de punta en la constitución de todo el campo de la informática, del cual depende la puesta al día del país en lo tocante a la sociedad de la información.
La otra prueba que enfrenta la democracia mexicana es el relevo de tres Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), cuyo proceso de selección promete ser más adecuado que en anteriores ocasiones, en que la partidocracia se distribuía por cuotas de poder –basadas supuestamente sobre la fuerza electoral- tantos consejeros electorales como fuera posible negociar entre el PRI y Acción Nacional. Está en juego la calidad democrática que requiere el país, en hacer avanzar las discusiones pendientes sobre la reforma política y electoral, que en mucho pueden incidir en la estructuración de la autoridad electoral, el IFE, en su relación con el poder Judicial, con los poderes Ejecutivos federal y de los Estados federados, así como con los poderes mediáticos que no dejan de estar en el centro del interés por reformar las campañas electorales y por su potencial para hacer exigible el derecho a la información en materia electoral. Tres consejeros electorales que participarán en dos elecciones presidenciales nacionales: 2012 y 2018.
Ambas pruebas cuentan con activos positivos en las voces y demandas, que se han levantado desde la sociedad civil, las cuales se han coordinado con algunos representantes electos y con asociaciones profesionales especializadas en el campo de la información y la comunicación. Mi intuición optimista se fundamenta en el trabajo que hace la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), en la documentación del complejo entramado técnico, social, político y cultural vinculado con los derechos que están en juego en torno a la comunicación, la informática, el papel regulador del Estado en asuntos de interés público, la transparencia en las licitaciones y la exigencia de cuentas al gobierno, que es responsable de administrar y otorgar las concesiones del espacio radioeléctrico. Una vez rota la alianza Televisa-Nextel, la AMEDI seguirá responsablemente el proceso de licitación que se reponga para otorgar la nueva concesión.
Merece un reconocimiento especial el papel de bisagra jugado por el Diputado de la Nación –subrayo su carácter nacional, porque supera su pertenencia partidaria- Javier Corral, quien fue el Presidente fundador de la AMEDI, asociación hoy presidida por el destacado investigador Raúl Trejo Delarbre, y hoy preside la Comisión de gobernación que será la encargada del proceso de selección de los tres nuevos consejeros del IFE. En este proceso, Javier Corral prometió encabezar los esfuerzos por hacer de esta selección de consejeros una muestra de calidad democrática. En ello coinciden varias organizaciones sociales entre las que destacan el Comité Conciudadano y el Colectivo por la Transparencia, quienes plantean 10 puntos concretos que se necesitan para que, habiendo perfiles de personas que podrían cumplir con el papel de árbitros electorales independientes, sensibles a las demandas democratizadoras del país, la Comisión de Gobernación y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, realice un proceso transparente, incluyente y abierto a la sociedad.
La otra prueba que enfrenta la democracia mexicana es el relevo de tres Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), cuyo proceso de selección promete ser más adecuado que en anteriores ocasiones, en que la partidocracia se distribuía por cuotas de poder –basadas supuestamente sobre la fuerza electoral- tantos consejeros electorales como fuera posible negociar entre el PRI y Acción Nacional. Está en juego la calidad democrática que requiere el país, en hacer avanzar las discusiones pendientes sobre la reforma política y electoral, que en mucho pueden incidir en la estructuración de la autoridad electoral, el IFE, en su relación con el poder Judicial, con los poderes Ejecutivos federal y de los Estados federados, así como con los poderes mediáticos que no dejan de estar en el centro del interés por reformar las campañas electorales y por su potencial para hacer exigible el derecho a la información en materia electoral. Tres consejeros electorales que participarán en dos elecciones presidenciales nacionales: 2012 y 2018.
Ambas pruebas cuentan con activos positivos en las voces y demandas, que se han levantado desde la sociedad civil, las cuales se han coordinado con algunos representantes electos y con asociaciones profesionales especializadas en el campo de la información y la comunicación. Mi intuición optimista se fundamenta en el trabajo que hace la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), en la documentación del complejo entramado técnico, social, político y cultural vinculado con los derechos que están en juego en torno a la comunicación, la informática, el papel regulador del Estado en asuntos de interés público, la transparencia en las licitaciones y la exigencia de cuentas al gobierno, que es responsable de administrar y otorgar las concesiones del espacio radioeléctrico. Una vez rota la alianza Televisa-Nextel, la AMEDI seguirá responsablemente el proceso de licitación que se reponga para otorgar la nueva concesión.
Merece un reconocimiento especial el papel de bisagra jugado por el Diputado de la Nación –subrayo su carácter nacional, porque supera su pertenencia partidaria- Javier Corral, quien fue el Presidente fundador de la AMEDI, asociación hoy presidida por el destacado investigador Raúl Trejo Delarbre, y hoy preside la Comisión de gobernación que será la encargada del proceso de selección de los tres nuevos consejeros del IFE. En este proceso, Javier Corral prometió encabezar los esfuerzos por hacer de esta selección de consejeros una muestra de calidad democrática. En ello coinciden varias organizaciones sociales entre las que destacan el Comité Conciudadano y el Colectivo por la Transparencia, quienes plantean 10 puntos concretos que se necesitan para que, habiendo perfiles de personas que podrían cumplir con el papel de árbitros electorales independientes, sensibles a las demandas democratizadoras del país, la Comisión de Gobernación y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, realice un proceso transparente, incluyente y abierto a la sociedad.
viernes, 15 de octubre de 2010
LEGALIDAD, LEGITIMIDAD Y ALTERNANCIA EN 2012
Carlos Salinas llegó al gobierno en medio de una doble crisis, de legalidad, pues no sustentó su triunfo en la imparcialidad que caracteriza a las instituciones del Estado de derecho, recordemos la quema del material electoral para evitar que se comprobara el fraude en su elección. También su gobierno nació sumido en una crisis de legitimidad, pues el fraude perpetuado en 1988 fue documentado y se generó una pérdida de credibilidad en los procesos electorales, las instituciones encargadas de organizar los comicios, en el gobierno emanado de la imposición y en el conjunto del sistema político y de partidos, que fueron incapaces de reconocer y respetar la voluntad popular. Todavía cargamos con los estigmas del desencanto frente esas instituciones y sigue aumentando la abstención y una corriente que anula concientemente su voto.
No obstante esa doble limitación, la genialidad política del ex Presidente Salinas –cuya perversidad confirmamos día con día- le permitió recomponer esa doble crisis a su favor durante sus dos primeros años de gobierno. Considerado como un político pragmático capaz de transformar la adversidad, sin poner reparo alguno en los medios para obtener sus fines, Carlos Salinas apostó por un proyecto de país ortodoxamente apegado al Consenso de Washington, nacido en 1989, cuyos puntos fundamentales aplicó religiosamente a lo largo y ancho de su mandato presidencial. Él mismo, formado en las doctrinas liberales ofrecidas por universidades estadounidenses, fue un discípulo destacado de la llamada Reaganomics y de las políticas neoliberales aplicadas por Margaret Thatcher, la Dama de Hierro de la Gran Bretaña.
La operación de ese su proyecto estuvo a cargo de una coalición política que reunió a ambiciosos tecnócratas que se erigieron en una clase política con vocación para gobernar durante 25 años –como lo afirmara en esa época Ángel Gurría, actualmente Secretario General de la OCDE. Una coalición política que hizo alianzas con los poderes fácticos de la empresa, los medios de comunicación, que negoció espacios de poder con el narcotráfico y las iglesias. Además, esa coalición buscó alianzas con sectores populares que necesitaba el PRI para renovar su base social y así emprender la (contra) reforma agraria y superar la propia herencia corporativa del sindicalismo real y potencial opositor a las reformas emprendidas. Finalmente, el Programa Nacional de Solidaridad fue el instrumento más eficaz para ganar una base social en disputa, particularmente por una izquierda sensible a las demandas de los afectados por el salinismo.
Bajo el manto de una nueva doctrina, el Liberalismo Social, se profundizó la influencia de esa coalición política encabezada por Salinas, al grado que persisten continuidades con las transformaciones neoliberales que se siguen operando en el país, independientemente del partido u orden de gobierno que se trate: privatización, liberalización a ultranza, apertura total e indiscriminada con el impulso del libre comercio (el TLCAN, que representó el cabildeo más caro que haya emprendido gobierno alguno en Estados Unidos) La estabilidad macroeconómica reducida al sector financiero que supedita al trabajo. Son todas ellas iniciativas que inició, depuró o sofisticó el salinismo. Inclusive, actualmente vemos otras continuidades, como el fraude electoral de 2006, que implicó alianzas con la Mtra. Gordillo que operó Salinas con la complicidad del Grupo Atlacomulco. Así se explica que el ex Presidente Salinas haya equiparado alternancia y democratización en 2012, en su intervención durante la celebración de los 20 años del IFE. Se comprende que el llamado PRI-AN no garantiza una fiel continuidad con el proyecto que sigue encabezando Carlos Salinas y su coalición política que está más viva que nunca. ¿La alternancia priista sabrá recomponer legalidad y legitimidad en el contexto de la profunda crisis actual?
No obstante esa doble limitación, la genialidad política del ex Presidente Salinas –cuya perversidad confirmamos día con día- le permitió recomponer esa doble crisis a su favor durante sus dos primeros años de gobierno. Considerado como un político pragmático capaz de transformar la adversidad, sin poner reparo alguno en los medios para obtener sus fines, Carlos Salinas apostó por un proyecto de país ortodoxamente apegado al Consenso de Washington, nacido en 1989, cuyos puntos fundamentales aplicó religiosamente a lo largo y ancho de su mandato presidencial. Él mismo, formado en las doctrinas liberales ofrecidas por universidades estadounidenses, fue un discípulo destacado de la llamada Reaganomics y de las políticas neoliberales aplicadas por Margaret Thatcher, la Dama de Hierro de la Gran Bretaña.
La operación de ese su proyecto estuvo a cargo de una coalición política que reunió a ambiciosos tecnócratas que se erigieron en una clase política con vocación para gobernar durante 25 años –como lo afirmara en esa época Ángel Gurría, actualmente Secretario General de la OCDE. Una coalición política que hizo alianzas con los poderes fácticos de la empresa, los medios de comunicación, que negoció espacios de poder con el narcotráfico y las iglesias. Además, esa coalición buscó alianzas con sectores populares que necesitaba el PRI para renovar su base social y así emprender la (contra) reforma agraria y superar la propia herencia corporativa del sindicalismo real y potencial opositor a las reformas emprendidas. Finalmente, el Programa Nacional de Solidaridad fue el instrumento más eficaz para ganar una base social en disputa, particularmente por una izquierda sensible a las demandas de los afectados por el salinismo.
Bajo el manto de una nueva doctrina, el Liberalismo Social, se profundizó la influencia de esa coalición política encabezada por Salinas, al grado que persisten continuidades con las transformaciones neoliberales que se siguen operando en el país, independientemente del partido u orden de gobierno que se trate: privatización, liberalización a ultranza, apertura total e indiscriminada con el impulso del libre comercio (el TLCAN, que representó el cabildeo más caro que haya emprendido gobierno alguno en Estados Unidos) La estabilidad macroeconómica reducida al sector financiero que supedita al trabajo. Son todas ellas iniciativas que inició, depuró o sofisticó el salinismo. Inclusive, actualmente vemos otras continuidades, como el fraude electoral de 2006, que implicó alianzas con la Mtra. Gordillo que operó Salinas con la complicidad del Grupo Atlacomulco. Así se explica que el ex Presidente Salinas haya equiparado alternancia y democratización en 2012, en su intervención durante la celebración de los 20 años del IFE. Se comprende que el llamado PRI-AN no garantiza una fiel continuidad con el proyecto que sigue encabezando Carlos Salinas y su coalición política que está más viva que nunca. ¿La alternancia priista sabrá recomponer legalidad y legitimidad en el contexto de la profunda crisis actual?
viernes, 1 de octubre de 2010
10 TESIS SOBRE MANIPULACIÓN MEDIÁTICA
Noam Chomsky, destacado lingüista del Massachusets Institute of Technology, plantea 10 tesis sobre la manipulación mediática de la opinión en las sociedades contemporáneas. Los intentos manipuladores del gobierno jalisciense del conflicto en torno al presupuesto de la Universidad de Guadalajara, pueden ilustrarlas.
1- La estrategia de la distracción. El montaje teatral de la entrega personal de los cheques por funcionarios del Ejecutivo estatal, que corresponden por derecho al presupuesto universitario, pretendió distraer la atención del público hacia la idea de que el gobierno si cumple, pero es la U de G la que no destina la inversión a la creación de una mayor oferta educativa, sino al barril sin fondo que representa el Centro Cultural Universitario. Sin embargo, ese montaje creo confusión pública, pues los cheques tienen un destino etiquetado y no se pueden destinar a construir preparatorias o a reponer el mobiliario.
2- Crear problemas, después ofrecer soluciones. El gobernador jalisciense se esmera en presentar una solución falaz: “mientras la U de G, no destituya a su ‘jefe político’ y lo obligue a rendir cuentas, no merece disponer de su presupuesto, pues no se sabe a dónde van tantos millones de pesos…” Más allá de reconocer el derecho universitario a contar con un presupuesto digno, el gobierno estatal crea problemas de carácter político que son ilegales y que no toman en cuenta el autogobierno universitario y sus avances en materia de transparencia.
3- La estrategia de la gradualidad. Poner dificultades de manera gradual y creciente a la gestión del presupuesto universitario, por parte de Emilio González, busca debilitar la educación pública, laica y gratuita, al desconocer que sin una estrategia educativa sostenida no hay progreso posible para el estado y la nación, ni un pensamiento crítico frente a la exclusión y la injusticia.
4- La estrategia de diferir. El gobierno de Emilio impulsa una medida “dolorosa pero necesaria”, al castigar a toda la comunidad universitaria por su complicidad con el despilfarro cultural. No obstante, diferir la solución del conflicto de fondo entre la autonomía universitaria y los poderes públicos, para garantizar la educación pública, tiene consecuencias negativas que se esconden sistemáticamente.
5- Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La incapacidad gubernamental para impulsar un debate público razonado sobre el conflicto, muestra que se opta por infantilizar al ciudadano. Pesa más el argumento de autoridad que la convicción con base en el pensamiento reflexivo antidogmático.
6- Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Los recursos histriónicos de Emilio, transformaron el regalo de las calaveras en amenaza de muerte hacia él y su familia, causando un corto circuito en el análisis racional, y finalmente del sentido crítico de los individuos. Sigo a Chomsky: ello abre “la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…”
7- Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Las afinidades entre los Emilios: González y Ascárraga, por la (in)cultura del entretenimiento, hacen creer que deja más beneficios invertir en telenovelas o banalidades que invertir en educación.
8- Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. La renuencia del gobernador jalisciense al diálogo respetuoso lo hace incapaz de reconocer interlocutores con capacidad de raciocinio y de cuestionamiento. Prefiere gastar 15 millones de dólares en espectáculos mediocres a impulsar la educacion.
9- Reforzar la autoculpabilidad. El individuo es culpable de su propia desgracia; su educación, preferentemente privada, soluciona sus culpas.
10- Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. La manipulación neurobiológica del individuo y la psicología aplicada sin ética humana, instrumentalizan al conocimiento en función del poder desafecto del control público.
1- La estrategia de la distracción. El montaje teatral de la entrega personal de los cheques por funcionarios del Ejecutivo estatal, que corresponden por derecho al presupuesto universitario, pretendió distraer la atención del público hacia la idea de que el gobierno si cumple, pero es la U de G la que no destina la inversión a la creación de una mayor oferta educativa, sino al barril sin fondo que representa el Centro Cultural Universitario. Sin embargo, ese montaje creo confusión pública, pues los cheques tienen un destino etiquetado y no se pueden destinar a construir preparatorias o a reponer el mobiliario.
2- Crear problemas, después ofrecer soluciones. El gobernador jalisciense se esmera en presentar una solución falaz: “mientras la U de G, no destituya a su ‘jefe político’ y lo obligue a rendir cuentas, no merece disponer de su presupuesto, pues no se sabe a dónde van tantos millones de pesos…” Más allá de reconocer el derecho universitario a contar con un presupuesto digno, el gobierno estatal crea problemas de carácter político que son ilegales y que no toman en cuenta el autogobierno universitario y sus avances en materia de transparencia.
3- La estrategia de la gradualidad. Poner dificultades de manera gradual y creciente a la gestión del presupuesto universitario, por parte de Emilio González, busca debilitar la educación pública, laica y gratuita, al desconocer que sin una estrategia educativa sostenida no hay progreso posible para el estado y la nación, ni un pensamiento crítico frente a la exclusión y la injusticia.
4- La estrategia de diferir. El gobierno de Emilio impulsa una medida “dolorosa pero necesaria”, al castigar a toda la comunidad universitaria por su complicidad con el despilfarro cultural. No obstante, diferir la solución del conflicto de fondo entre la autonomía universitaria y los poderes públicos, para garantizar la educación pública, tiene consecuencias negativas que se esconden sistemáticamente.
5- Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La incapacidad gubernamental para impulsar un debate público razonado sobre el conflicto, muestra que se opta por infantilizar al ciudadano. Pesa más el argumento de autoridad que la convicción con base en el pensamiento reflexivo antidogmático.
6- Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Los recursos histriónicos de Emilio, transformaron el regalo de las calaveras en amenaza de muerte hacia él y su familia, causando un corto circuito en el análisis racional, y finalmente del sentido crítico de los individuos. Sigo a Chomsky: ello abre “la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…”
7- Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Las afinidades entre los Emilios: González y Ascárraga, por la (in)cultura del entretenimiento, hacen creer que deja más beneficios invertir en telenovelas o banalidades que invertir en educación.
8- Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. La renuencia del gobernador jalisciense al diálogo respetuoso lo hace incapaz de reconocer interlocutores con capacidad de raciocinio y de cuestionamiento. Prefiere gastar 15 millones de dólares en espectáculos mediocres a impulsar la educacion.
9- Reforzar la autoculpabilidad. El individuo es culpable de su propia desgracia; su educación, preferentemente privada, soluciona sus culpas.
10- Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. La manipulación neurobiológica del individuo y la psicología aplicada sin ética humana, instrumentalizan al conocimiento en función del poder desafecto del control público.
viernes, 24 de septiembre de 2010
AUTONOMÍA Y CRISIS DE CIVILIZACIÓN
Un déficit que enfrenta el sistema político mexicano es el respeto y afirmación de los organismos públicos autónomos y particularmente de la autonomía universitaria. Contrasta la celebración de los 100 años de la UNAM, con la desaseada operación política del conflicto por el presupuesto de la Universidad de Guadalajara que hace el gobierno jalisciense. En nada contribuye Emilio González a impulsar la independencia frente a los poderes públicos e incluso respecto a los grupos de poder político, con el manoseo de la información, con acusaciones y descalificaciones ausentes de pruebas contundentes. El gobernador desenfoca el problema que se debería de afrontar: el rol de la universidad pública en la transformación de nuestras sociedades, la generación del conocimiento y la cultura que nos permita enfrentar la crisis de civilización cuyas manifestaciones complejas, multidimensionales, y sus posibles respuestas, se abordan en las actividades sustantivas de la universidad.
La UNAM celebra sus 100 años poniendo sobre la mesa los grandes temas nacionales en los que su labor educativa puede actuar positivamente. Si la crisis de civilización se manifiesta en la imposibilidad de dar certidumbre frente al caos bancario-bursátil-financiero, o frente a la crisis ambiental-alimentaria y la depredación causada por el modelo energético, desde la universidad pública se debe de trabajar en el diagnóstico de estos diversos problemas y en la imaginación de alternativas para encontrar soluciones de fondo. El rector José Narro, señaló que sólo si se evita que en la educación se impongan criterios de mercado y sólo si el gobierno se compromete con una inversión mayor al 0.7 % del PIB a la educación superior y 0.4 % a la investigación que destina actualmente, se podrán superar las limitaciones. Lo cual implica replantear el modelo de desarrollo económico del país.
Los grandes enemigos a vencer son la pobreza y la exclusión, en la cual destacan los siete millones de jóvenes ninis que no cuentan con políticas públicas apropiadas, cifra escandalosa que aportó el Rector de la UNAM hace unas semanas. Pero sólo un pensamiento crítico, apartado de cualquier dogmatismo y de toda forma de autoritarismo del mercado, de carácter cívico y laico, es el que sirve para enfrentar esa crisis de civilización. Ese es el campo de la educación, la ciencia y la tecnología, de la creación, preservación y difusión de la cultura comprometida con valores de innovación constante y de convivencia. También la y lo político es motivo de esta celebración centenaria. En su intervención ante el Congreso de la Unión, el Rector Narro, reiteró: “el desafío de México no solo es crecer en la economía sino también mejorar la dignidad de los que nada tienen, edificar un verdadero desarrollo humano para todos.”
La universidad preserva valores civilizatorios como la justicia, el pensar en formatos cívicos incluyentes, que consideran el largo plazo, y la revalorización de la política, la exigencia a los partidos políticos y al gobierno de un gran acuerdo nacional que permita enfrentar socialmente, y no sólo desde las instituciones constituidas, los grandes problemas de inseguridad y banalización de la vida que nos agobian. La UNAM otorgó el doctorado honoris causa a 16 personalidades nacionales y extranjeras, entre ellos al destacado lingüista Noam Chomsky, quienes ubicaron el contexto mundial que enfrenta la universidad pública y sus contribuciones para la paz, la convivencia fraternal y solidaria. Aprender la importancia de la autonomía también en el plano internacional, la gran apuesta que hacen Brasil o India por el sector educativo, científico y tecnológico, en el que invierten el tres por ciento del PIB, quedan como altas miras para la UNAM. Gran visión que está lamentablemente ausente en el regateo presupuestal que hace el gobierno de Jalisco.
La UNAM celebra sus 100 años poniendo sobre la mesa los grandes temas nacionales en los que su labor educativa puede actuar positivamente. Si la crisis de civilización se manifiesta en la imposibilidad de dar certidumbre frente al caos bancario-bursátil-financiero, o frente a la crisis ambiental-alimentaria y la depredación causada por el modelo energético, desde la universidad pública se debe de trabajar en el diagnóstico de estos diversos problemas y en la imaginación de alternativas para encontrar soluciones de fondo. El rector José Narro, señaló que sólo si se evita que en la educación se impongan criterios de mercado y sólo si el gobierno se compromete con una inversión mayor al 0.7 % del PIB a la educación superior y 0.4 % a la investigación que destina actualmente, se podrán superar las limitaciones. Lo cual implica replantear el modelo de desarrollo económico del país.
Los grandes enemigos a vencer son la pobreza y la exclusión, en la cual destacan los siete millones de jóvenes ninis que no cuentan con políticas públicas apropiadas, cifra escandalosa que aportó el Rector de la UNAM hace unas semanas. Pero sólo un pensamiento crítico, apartado de cualquier dogmatismo y de toda forma de autoritarismo del mercado, de carácter cívico y laico, es el que sirve para enfrentar esa crisis de civilización. Ese es el campo de la educación, la ciencia y la tecnología, de la creación, preservación y difusión de la cultura comprometida con valores de innovación constante y de convivencia. También la y lo político es motivo de esta celebración centenaria. En su intervención ante el Congreso de la Unión, el Rector Narro, reiteró: “el desafío de México no solo es crecer en la economía sino también mejorar la dignidad de los que nada tienen, edificar un verdadero desarrollo humano para todos.”
La universidad preserva valores civilizatorios como la justicia, el pensar en formatos cívicos incluyentes, que consideran el largo plazo, y la revalorización de la política, la exigencia a los partidos políticos y al gobierno de un gran acuerdo nacional que permita enfrentar socialmente, y no sólo desde las instituciones constituidas, los grandes problemas de inseguridad y banalización de la vida que nos agobian. La UNAM otorgó el doctorado honoris causa a 16 personalidades nacionales y extranjeras, entre ellos al destacado lingüista Noam Chomsky, quienes ubicaron el contexto mundial que enfrenta la universidad pública y sus contribuciones para la paz, la convivencia fraternal y solidaria. Aprender la importancia de la autonomía también en el plano internacional, la gran apuesta que hacen Brasil o India por el sector educativo, científico y tecnológico, en el que invierten el tres por ciento del PIB, quedan como altas miras para la UNAM. Gran visión que está lamentablemente ausente en el regateo presupuestal que hace el gobierno de Jalisco.
viernes, 3 de septiembre de 2010
POLÍTICA FALLIDA Y DERRUMBE DEL ESTADO
A 4 años de gobierno, Felipe Calderón enfrenta el riesgo de pasar de una política fallida al derrumbe del Estado. El deterioro de la política como manejo razonado del conflicto, causado por la militarización del combate al crimen organizado sin un fortalecimiento paralelo del vínculo entre política interna y política exterior, entre políticas sectoriales y regionales, pone al país al borde, no del Estado fallido, sino del derrumbe del Estado. El epicentro de las fuerzas destructoras se ubica en la falta de una estrategia democrática de seguridad y de respuestas desarticuladas frente al impacto nacional de la crisis mundial. Entre una Iniciativa Mérida, cuyo diseño está subordinado a la visión militarista estadounidense de su seguridad nacional, la simulación de diálogo para enfrentar colectivamente los grandes problemas nacionales y una precaria política anticrisis, la viabilidad misma del país está en juego.
Fue bueno poner fin al ritual presidencialista con la entrega por escrito del Informe presidencial al Congreso de la Unión, pero sigue alejándose la posible rendición de cuentas, con consecuencias vinculatorias, para el Ejecutivo federal. Se pospone indefinidamente el diálogo entre los poderes de la Unión, lo que evita robustecer una cultura parlamentaria auténtica. Se ha privatizado y partidizado el diálogo del Presidente con la sociedad. Ahora el Informe apela al poder de los medios electrónicos, los cuales se caracterizan por la información vertical sin posible respuesta de quien recibe el mensaje presidencial. A 4 años se acentúan los desafíos de hacer viable un país democrático, con capacidad para enfrentar la crisis, garantizar una inserción mundial del país con autonomía y soberanía alimentaria, energética y con política industrial, que en conjunto posibiliten un país sustentable, impulsor del empleo, la redistribución del ingreso, prioritariamente productivo y resistente frente al auge del libre comercio.
El gobierno federal es incapaz, sin embargo, de revalorizar la política y fortalecer al Estado como síntesis del interés social. La política es fallida porque ha desmembrado las necesarias reformas en cambios secundarios desvinculados de un proyecto nacional coherente. De las 23 iniciativas legislativas enviadas por el Ejecutivo, la inmensa mayoría pretenden mejorar la gerencia pública, pero el décalogo presidencial de reforma político-electoral, único intento de transformación del sistema político, fue abortada por la partidocracia que se vio amenazada de perder prebendas y torpedeada por el futurismo del 2012, que condiciona cualquier reforma. Política fallida porque se sigue impulsando un pacto social sesgado hacia ciertos sectores empresariales que forman parte de poderes fácticos con capacidad de chantaje al autodefinirse como los fieles de la balanza de la gobernabilidad democrática. En ellos se estrella la viabilidad de las reformas estructurales: fiscal, laboral, energética.
Es la esquizofrenia entre esa política económica sesgada y la débil política social, lo que está derrumbando un posible pacto social, llevándose de corbata al Estado. El desencanto de la política y de las burocracias profesionales que monopolizan partes sustanciales de ella, crea desconfianza en las capacidades reformistas transformadoras del gobierno, acrecienta el desánimo ciudadano y amplifica las sensaciones de impotencia e inseguridad frente a lo público. Política fallida, porque los eslabones entre Estado y sociedad están fracturados; el caso de 4 años de debilitamiento de los Organismos Públicos Autónomos, como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el asedio contra el IFAI, la privatización extrema de las comunicaciones, el golpeteo contra las iniciativas sindicales deseosas y con proyectos de participación en las empresas, imposibilitan un pacto social incluyente apegado a la diversidad étnica, cultural, ambiental de las regiones mexicanas. A 4 años de gobierno estamos en riesgo de lamentar que después del bicentenario independista y centenario revolucionario, nos estemos quedando sin país.
Fue bueno poner fin al ritual presidencialista con la entrega por escrito del Informe presidencial al Congreso de la Unión, pero sigue alejándose la posible rendición de cuentas, con consecuencias vinculatorias, para el Ejecutivo federal. Se pospone indefinidamente el diálogo entre los poderes de la Unión, lo que evita robustecer una cultura parlamentaria auténtica. Se ha privatizado y partidizado el diálogo del Presidente con la sociedad. Ahora el Informe apela al poder de los medios electrónicos, los cuales se caracterizan por la información vertical sin posible respuesta de quien recibe el mensaje presidencial. A 4 años se acentúan los desafíos de hacer viable un país democrático, con capacidad para enfrentar la crisis, garantizar una inserción mundial del país con autonomía y soberanía alimentaria, energética y con política industrial, que en conjunto posibiliten un país sustentable, impulsor del empleo, la redistribución del ingreso, prioritariamente productivo y resistente frente al auge del libre comercio.
El gobierno federal es incapaz, sin embargo, de revalorizar la política y fortalecer al Estado como síntesis del interés social. La política es fallida porque ha desmembrado las necesarias reformas en cambios secundarios desvinculados de un proyecto nacional coherente. De las 23 iniciativas legislativas enviadas por el Ejecutivo, la inmensa mayoría pretenden mejorar la gerencia pública, pero el décalogo presidencial de reforma político-electoral, único intento de transformación del sistema político, fue abortada por la partidocracia que se vio amenazada de perder prebendas y torpedeada por el futurismo del 2012, que condiciona cualquier reforma. Política fallida porque se sigue impulsando un pacto social sesgado hacia ciertos sectores empresariales que forman parte de poderes fácticos con capacidad de chantaje al autodefinirse como los fieles de la balanza de la gobernabilidad democrática. En ellos se estrella la viabilidad de las reformas estructurales: fiscal, laboral, energética.
Es la esquizofrenia entre esa política económica sesgada y la débil política social, lo que está derrumbando un posible pacto social, llevándose de corbata al Estado. El desencanto de la política y de las burocracias profesionales que monopolizan partes sustanciales de ella, crea desconfianza en las capacidades reformistas transformadoras del gobierno, acrecienta el desánimo ciudadano y amplifica las sensaciones de impotencia e inseguridad frente a lo público. Política fallida, porque los eslabones entre Estado y sociedad están fracturados; el caso de 4 años de debilitamiento de los Organismos Públicos Autónomos, como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el asedio contra el IFAI, la privatización extrema de las comunicaciones, el golpeteo contra las iniciativas sindicales deseosas y con proyectos de participación en las empresas, imposibilitan un pacto social incluyente apegado a la diversidad étnica, cultural, ambiental de las regiones mexicanas. A 4 años de gobierno estamos en riesgo de lamentar que después del bicentenario independista y centenario revolucionario, nos estemos quedando sin país.
POLÍTICA FALLIDA Y DERRUMBE DEL ESTADO
A 4 años de gobierno, Felipe Calderón enfrenta el riesgo de pasar de una política fallida al derrumbe del Estado. El deterioro de la política como manejo razonado del conflicto, causado por la militarización del combate al crimen organizado sin un fortalecimiento paralelo del vínculo entre política interna y política exterior, entre políticas sectoriales y regionales, pone al país al borde, no del Estado fallido, sino del derrumbe del Estado. El epicentro de las fuerzas destructoras se ubica en la falta de una estrategia democrática de seguridad y de respuestas desarticuladas frente al impacto nacional de la crisis mundial. Entre una Iniciativa Mérida, cuyo diseño está subordinado a la visión militarista estadounidense de su seguridad nacional, la simulación de diálogo para enfrentar colectivamente los grandes problemas nacionales y una precaria política anticrisis, la viabilidad misma del país está en juego.
Fue bueno poner fin al ritual presidencialista con la entrega por escrito del Informe presidencial al Congreso de la Unión, pero sigue alejándose la posible rendición de cuentas, con consecuencias vinculatorias, para el Ejecutivo federal. Se pospone indefinidamente el diálogo entre los poderes de la Unión, lo que evita robustecer una cultura parlamentaria auténtica. Se ha privatizado y partidizado el diálogo del Presidente con la sociedad. Ahora el Informe apela al poder de los medios electrónicos, los cuales se caracterizan por la información vertical sin posible respuesta de quien recibe el mensaje presidencial. A 4 años se acentúan los desafíos de hacer viable un país democrático, con capacidad para enfrentar la crisis, garantizar una inserción mundial del país con autonomía y soberanía alimentaria, energética y con política industrial, que en conjunto posibiliten un país sustentable, impulsor del empleo, la redistribución del ingreso, prioritariamente productivo y resistente frente al auge del libre comercio.
El gobierno federal es incapaz, sin embargo, de revalorizar la política y fortalecer al Estado como síntesis del interés social. La política es fallida porque ha desmembrado las necesarias reformas en cambios secundarios desvinculados de un proyecto nacional coherente. De las 23 iniciativas legislativas enviadas por el Ejecutivo, la inmensa mayoría pretenden mejorar la gerencia pública, pero el décalogo presidencial de reforma político-electoral, único intento de transformación del sistema político, fue abortada por la partidocracia que se vio amenazada de perder prebendas y torpedeada por el futurismo del 2012, que condiciona cualquier reforma. Política fallida porque se sigue impulsando un pacto social sesgado hacia ciertos sectores empresariales que forman parte de poderes fácticos con capacidad de chantaje al autodefinirse como los fieles de la balanza de la gobernabilidad democrática. En ellos se estrella la viabilidad de las reformas estructurales: fiscal, laboral, energética.
Es la esquizofrenia entre esa política económica sesgada y la débil política social, lo que está derrumbando un posible pacto social, llevándose de corbata al Estado. El desencanto de la política y de las burocracias profesionales que monopolizan partes sustanciales de ella, crea desconfianza en las capacidades reformistas transformadoras del gobierno, acrecienta el desánimo ciudadano y amplifica las sensaciones de impotencia e inseguridad frente a lo público. Política fallida, porque los eslabones entre Estado y sociedad están fracturados; el caso de 4 años de debilitamiento de los Organismos Públicos Autónomos, como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el asedio contra el IFAI, la privatización extrema de las comunicaciones, el golpeteo contra las iniciativas sindicales deseosas y con proyectos de participación en las empresas, imposibilitan un pacto social incluyente apegado a la diversidad étnica, cultural, ambiental de las regiones mexicanas. A 4 años de gobierno estamos en riesgo de lamentar que después del bicentenario independista y centenario revolucionario, nos estemos quedando sin país.
Fue bueno poner fin al ritual presidencialista con la entrega por escrito del Informe presidencial al Congreso de la Unión, pero sigue alejándose la posible rendición de cuentas, con consecuencias vinculatorias, para el Ejecutivo federal. Se pospone indefinidamente el diálogo entre los poderes de la Unión, lo que evita robustecer una cultura parlamentaria auténtica. Se ha privatizado y partidizado el diálogo del Presidente con la sociedad. Ahora el Informe apela al poder de los medios electrónicos, los cuales se caracterizan por la información vertical sin posible respuesta de quien recibe el mensaje presidencial. A 4 años se acentúan los desafíos de hacer viable un país democrático, con capacidad para enfrentar la crisis, garantizar una inserción mundial del país con autonomía y soberanía alimentaria, energética y con política industrial, que en conjunto posibiliten un país sustentable, impulsor del empleo, la redistribución del ingreso, prioritariamente productivo y resistente frente al auge del libre comercio.
El gobierno federal es incapaz, sin embargo, de revalorizar la política y fortalecer al Estado como síntesis del interés social. La política es fallida porque ha desmembrado las necesarias reformas en cambios secundarios desvinculados de un proyecto nacional coherente. De las 23 iniciativas legislativas enviadas por el Ejecutivo, la inmensa mayoría pretenden mejorar la gerencia pública, pero el décalogo presidencial de reforma político-electoral, único intento de transformación del sistema político, fue abortada por la partidocracia que se vio amenazada de perder prebendas y torpedeada por el futurismo del 2012, que condiciona cualquier reforma. Política fallida porque se sigue impulsando un pacto social sesgado hacia ciertos sectores empresariales que forman parte de poderes fácticos con capacidad de chantaje al autodefinirse como los fieles de la balanza de la gobernabilidad democrática. En ellos se estrella la viabilidad de las reformas estructurales: fiscal, laboral, energética.
Es la esquizofrenia entre esa política económica sesgada y la débil política social, lo que está derrumbando un posible pacto social, llevándose de corbata al Estado. El desencanto de la política y de las burocracias profesionales que monopolizan partes sustanciales de ella, crea desconfianza en las capacidades reformistas transformadoras del gobierno, acrecienta el desánimo ciudadano y amplifica las sensaciones de impotencia e inseguridad frente a lo público. Política fallida, porque los eslabones entre Estado y sociedad están fracturados; el caso de 4 años de debilitamiento de los Organismos Públicos Autónomos, como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el asedio contra el IFAI, la privatización extrema de las comunicaciones, el golpeteo contra las iniciativas sindicales deseosas y con proyectos de participación en las empresas, imposibilitan un pacto social incluyente apegado a la diversidad étnica, cultural, ambiental de las regiones mexicanas. A 4 años de gobierno estamos en riesgo de lamentar que después del bicentenario independista y centenario revolucionario, nos estemos quedando sin país.
viernes, 18 de junio de 2010
ENTRE COLOMBIA Y MÉXICO: LAS ELECCIONES
Hay que ver con atención lo que suceda este próximo domingo en las elecciones colombianas. Con su relativa distancia, la elección presidencial en ese país representa varios focos de interés respecto a lo que pueda suceder en nuestras elecciones presidenciales de 2012. Se ha abusado sobre la supuesta colombianización de México, pues al homologar ambos casos sólo se toma en cuenta el creciente protagonismo del narco en la vida política, su influencia en las instituciones, y el aumento inusitado de la intervención estadounidense sobre el Plan Colombia, que se supone erróneamente igual a la Iniciativa Mérida, como dos estrategias de la política exterior estadounidense que militarizan el combate al narcotráfico, e imponen las doctrinas de seguridad nacional y de lucha contra el terrorismo internacional. Sin embargo, sin ser abismales, hay diferencias que es imprescindible comprender.
El carácter de Narco Estado es diferente en ambos casos. En Colombia, diversos poderes del narco han invadido todos los poderes republicanos, los cuales registran impactos directos del narcopoder fáctico: sea sobre el poder legislativo donde la corrupción controla bloques enteros de partidos y personajes vinculados al gobierno de Álvaro Uribe. Incluso familiares del actual Presidente, son presuntos delincuentes al servicio de alguno de los poderosos cárteles. Sea el poder judicial, donde solo prosperan las exoneraciones y la procuración de justicia no ha podido combatir la impunidad; sea el Poder Ejecutivo, desde donde se han tejido alianzas regionales y a escala nacional que van alternando distintos modos de convivencia con los cárteles que cooptan áreas del gobierno central, tanto como gobiernos locales desde donde se dividen zonas o regiones de influencia.
En México, empero, no podríamos caracterizar de narcoestado a las instituciones de gobierno en su conjunto, ni a su relación con los poderes constituidos, pues no hay una corrupción sistemática en los poderes republicanos, con la excepción del Poder Judicial y de algunas regiones o municipios donde señorea el poder fáctico de alguno de los cárteles que operan en el país. Cierto, no son pocos casos aislados y que no tengan relación entre ellos, pero en la mayoría de municipios y prácticamente en todos los gobiernos estatales prevalece cierta legalidad que se resiste a ser vulnerada por el poder de los narcotraficantes. Inclusive la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, representa todavía un espacio del Estado de derecho, aún con limitaciones. Mientras en Colombia existe una guerrilla poderosa que se ha convertido en el blanco de la intervención estadounidense y en la carta política que avala la “Doctrina de Seguridad Democrática” que le reditúa dividendos electorales al gobierno de Uribe, en México se trata de una oposición frontal entre narcotraficantes y Estado.
Juan Manuel Santos, candidato oficialista, tuvo una clara ventaja en la primera vuelta sobre Antanas Mockus, el candidato de los verdes, quien representa sin embargo una opción que cuestiona la continuidad del uribismo. Sobre la polémica personalidad del matemático que ha realizado gestiones gubernamentales espectaculares, se cifran las esperanzas del candidato “independiente” de los partidos, que también comparten algunas personalidades de nuestro país. Empero, en Colombia la izquierda agrupada en torno del Polo Democrático, cifraba expectativas para convertirse en aliada estratégica de Mockus, quien rechazó cualquier alianza con el Polo. En la segunda vuelta, este domingo, hay cinco opciones: 1) Abstención; 2) Voto en blanco, que castigaría al gobierno y a los verdes; 3) votar por Mockus y hacerle oposición después; 4) votar por Mockus, como manifestación resignada, silenciosa y vergonzante contra Santos. 5) Aparentemente la más sensata, votar condicionalmente por Mockus con un mensaje explícito, el candidato “menos peor”, cuyas propuestas y actitudes no las comparten todos los colombianos/as. ¿enfrentaremos ese dilema en el 2012 mexicano?
El carácter de Narco Estado es diferente en ambos casos. En Colombia, diversos poderes del narco han invadido todos los poderes republicanos, los cuales registran impactos directos del narcopoder fáctico: sea sobre el poder legislativo donde la corrupción controla bloques enteros de partidos y personajes vinculados al gobierno de Álvaro Uribe. Incluso familiares del actual Presidente, son presuntos delincuentes al servicio de alguno de los poderosos cárteles. Sea el poder judicial, donde solo prosperan las exoneraciones y la procuración de justicia no ha podido combatir la impunidad; sea el Poder Ejecutivo, desde donde se han tejido alianzas regionales y a escala nacional que van alternando distintos modos de convivencia con los cárteles que cooptan áreas del gobierno central, tanto como gobiernos locales desde donde se dividen zonas o regiones de influencia.
En México, empero, no podríamos caracterizar de narcoestado a las instituciones de gobierno en su conjunto, ni a su relación con los poderes constituidos, pues no hay una corrupción sistemática en los poderes republicanos, con la excepción del Poder Judicial y de algunas regiones o municipios donde señorea el poder fáctico de alguno de los cárteles que operan en el país. Cierto, no son pocos casos aislados y que no tengan relación entre ellos, pero en la mayoría de municipios y prácticamente en todos los gobiernos estatales prevalece cierta legalidad que se resiste a ser vulnerada por el poder de los narcotraficantes. Inclusive la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, representa todavía un espacio del Estado de derecho, aún con limitaciones. Mientras en Colombia existe una guerrilla poderosa que se ha convertido en el blanco de la intervención estadounidense y en la carta política que avala la “Doctrina de Seguridad Democrática” que le reditúa dividendos electorales al gobierno de Uribe, en México se trata de una oposición frontal entre narcotraficantes y Estado.
Juan Manuel Santos, candidato oficialista, tuvo una clara ventaja en la primera vuelta sobre Antanas Mockus, el candidato de los verdes, quien representa sin embargo una opción que cuestiona la continuidad del uribismo. Sobre la polémica personalidad del matemático que ha realizado gestiones gubernamentales espectaculares, se cifran las esperanzas del candidato “independiente” de los partidos, que también comparten algunas personalidades de nuestro país. Empero, en Colombia la izquierda agrupada en torno del Polo Democrático, cifraba expectativas para convertirse en aliada estratégica de Mockus, quien rechazó cualquier alianza con el Polo. En la segunda vuelta, este domingo, hay cinco opciones: 1) Abstención; 2) Voto en blanco, que castigaría al gobierno y a los verdes; 3) votar por Mockus y hacerle oposición después; 4) votar por Mockus, como manifestación resignada, silenciosa y vergonzante contra Santos. 5) Aparentemente la más sensata, votar condicionalmente por Mockus con un mensaje explícito, el candidato “menos peor”, cuyas propuestas y actitudes no las comparten todos los colombianos/as. ¿enfrentaremos ese dilema en el 2012 mexicano?
viernes, 11 de junio de 2010
BLINDAJE ELECTORAL VULNERADO
Pesan signos ominosos sobre los procesos electorales que viven 14 entidades mexicanas. El caso más extremo, San Juan de Copala, municipio autónomo de Oaxaca, no pudo recibir la ayuda llevada por la Caravana Humanitaria Bety Cariño y Jyri Jakkola, llamada así en honor a las dos personas asesinadas durante la emboscada que sufrió un primer grupo que intentó ingresar a la zona, el pasado 27 de abril. La nueva Caravana, llevaba 30 toneladas de víveres a los 700 pobladores que están sitiados por una organización impulsada por el gobierno oaxaqueño que encabeza Ulises Ruiz, la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), la cual ha sido señalada por organismos defensores de derechos humanos como presunta responsable del asesinato de Bety y Jyri.
Acompañada por el Diputado Alejandro Encinas, la Caravana tuvo que dejar los víveres a 10 Kilómetros de su destino. En Oaxaca, denunció Encinas, no existe un Estado de Derecho que garantice elecciones libres, pues el gobernador Ruiz impide el libre tránsito de la Caravana y se ha prácticamente “profesionalizado” en el impulso de sus candidatos, utilizando los recursos públicos a su alcance. El Delegado de Acción Nacional en ese estado, Javier Corral, documenta otras evidencias que comprueban la intromisión de Ulises Ruiz, quien: coordina personalmente las campañas de sus aliados, maneja medios y sistemas de comunicación estatal para favorecer a los candidatos del PRI, llama por teléfono a candidatos panistas y a precandidatos de los partidos que forman una coalición electoral -cuyo candidato a gobernador por cierto, encabeza 8 distintas encuestas-, con la finalidad de sobornarlos al ofrecerles prebendas. En síntesis, plantea Corral: “No obstante que estos hechos son ostensibles, documentados y comprobables, las autoridades electorales parecen no existir. La complicidad del Instituto electoral y del Tribunal cierran el ciclo de la desfachatez.”
En Quintana Roo, el caso de Greg Sánchez ilustra los significados de judicializar la contienda electoral; otro caso en que se rompe el blindaje acordado en elecciones previas para impedir el uso sesgado del Estado, de sus políticas públicas, de su aparato de Justicia ¿Por qué si ya se tenían evidencias de los delitos cometidos por el candidato de la coalición perredista se presentaron hasta el momento en que estaban impresas las boletas con el nombre del ahora indiciado?
Cada una de las 14 entidades tiene sus cuitas. En un arrebato de legalidad, el Senador Manlio Fabio Beltrones denunció, en días pasados, al Presidente Felipe Calderón y al secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, por utilizar programas sociales contra la pobreza con fines electorales de cara a las elecciones del próximo 4 de julio. Beltrones busca, supuestamente, que en 2012 el PRI no haga un uso electoral de recursos públicos, pues ese partido trabaja en la modificación de una ley de Desarrollo Social “que prohíba, en el futuro, que los puestos delegacionales de los programas que se utilizan para el combate a la pobreza sean ocupados por dirigentes partidistas o candidatos a puestos de elección popular”. De acuerdo con una investigación de David Foust, especialista de la Universidad de Guadalajara, el 70 por ciento de los coordinadores estatales, el 36 de los funcionarios del equipo central del programa Oportunidades y el 29 de los responsables de los Centros de Atención y Registro (CAR) -responsables de la afiliación de las familias en las zonas urbanas- son militantes del PAN. Pero en los escalones operativos de Oportunidades, también opera el PRI, al disputar el 71 por ciento de esos funcionarios operativos de base. Desde los CAR, señala Enrique Valencia, otro especialista, ahora se designa a las vocales del programa, en lugar de elegirlas, como antes se hacía. Sin blindaje, habrá elecciones vulneradas.
Acompañada por el Diputado Alejandro Encinas, la Caravana tuvo que dejar los víveres a 10 Kilómetros de su destino. En Oaxaca, denunció Encinas, no existe un Estado de Derecho que garantice elecciones libres, pues el gobernador Ruiz impide el libre tránsito de la Caravana y se ha prácticamente “profesionalizado” en el impulso de sus candidatos, utilizando los recursos públicos a su alcance. El Delegado de Acción Nacional en ese estado, Javier Corral, documenta otras evidencias que comprueban la intromisión de Ulises Ruiz, quien: coordina personalmente las campañas de sus aliados, maneja medios y sistemas de comunicación estatal para favorecer a los candidatos del PRI, llama por teléfono a candidatos panistas y a precandidatos de los partidos que forman una coalición electoral -cuyo candidato a gobernador por cierto, encabeza 8 distintas encuestas-, con la finalidad de sobornarlos al ofrecerles prebendas. En síntesis, plantea Corral: “No obstante que estos hechos son ostensibles, documentados y comprobables, las autoridades electorales parecen no existir. La complicidad del Instituto electoral y del Tribunal cierran el ciclo de la desfachatez.”
En Quintana Roo, el caso de Greg Sánchez ilustra los significados de judicializar la contienda electoral; otro caso en que se rompe el blindaje acordado en elecciones previas para impedir el uso sesgado del Estado, de sus políticas públicas, de su aparato de Justicia ¿Por qué si ya se tenían evidencias de los delitos cometidos por el candidato de la coalición perredista se presentaron hasta el momento en que estaban impresas las boletas con el nombre del ahora indiciado?
Cada una de las 14 entidades tiene sus cuitas. En un arrebato de legalidad, el Senador Manlio Fabio Beltrones denunció, en días pasados, al Presidente Felipe Calderón y al secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, por utilizar programas sociales contra la pobreza con fines electorales de cara a las elecciones del próximo 4 de julio. Beltrones busca, supuestamente, que en 2012 el PRI no haga un uso electoral de recursos públicos, pues ese partido trabaja en la modificación de una ley de Desarrollo Social “que prohíba, en el futuro, que los puestos delegacionales de los programas que se utilizan para el combate a la pobreza sean ocupados por dirigentes partidistas o candidatos a puestos de elección popular”. De acuerdo con una investigación de David Foust, especialista de la Universidad de Guadalajara, el 70 por ciento de los coordinadores estatales, el 36 de los funcionarios del equipo central del programa Oportunidades y el 29 de los responsables de los Centros de Atención y Registro (CAR) -responsables de la afiliación de las familias en las zonas urbanas- son militantes del PAN. Pero en los escalones operativos de Oportunidades, también opera el PRI, al disputar el 71 por ciento de esos funcionarios operativos de base. Desde los CAR, señala Enrique Valencia, otro especialista, ahora se designa a las vocales del programa, en lugar de elegirlas, como antes se hacía. Sin blindaje, habrá elecciones vulneradas.
viernes, 4 de junio de 2010
LEGITIMIDAD CUESTIONADA
A la memoria de Jorge Cereceda, chileno-mexicano de alma socialista
La designación de Consejeros y Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), por parte del Congreso local, es legalmente inatacable pero totalmente cuestionable si se sigue una lógica democrática; un Congreso despreocupado por la legitimidad, vulnera la autonomía que otorga la Constitución a organismos públicos encargados de velar por el interés general. Así viene sucediendo en Jalisco y en el país con los organismos electorales, al igual que con los vinculados con la transparencia y el derecho a la información, o con las comisiones que velan por los derechos humanos. La partidocracia distorsiona el interés general al asaltar, mediante la división de cuotas de poder, la distribución de consejeros y presidencias en todos los organismos públicos autónomos.
Con estos procedimientos, ni el árbitro electoral hará mejor su papel de imparcialidad en el conjunto del proceso eleccionario, ni el IEPC como autoridad promotora de ciudadanía, tendrá bases legítimas suficientes para favorecer que la voluntad general se exprese más allá de las urnas. El Congreso local siguió un libreto que tiene hastiada a la opinión pública por pervertir la designación de consejeros de los organismos públicos autónomos. Ofreció mejorar razonadamente la selección del Presidente y Consejeros del IEPC y transparentar los debates parlamentarios relacionados, pero actuó a contracorriente de su oferta, pues las dirigencias partidistas negociaron por fuera del Congreso e hicieron a un lado los criterios definidos por el propio Congreso: evaluación de capacidades mediante examen escrito, valoración de experiencia, trayectoria y apego al perfil idóneo de consejero o de Presidente del Instituto electoral, como lo señaló David Gómez Álvarez, Presidente saliente del IEPC, en Público-Milenio (31-05-2010), en un tono franco y directo, inusual en este tipo de funcionarios.
Tan hastiadas nos tienen esas designaciones simuladas de razonamiento parlamentario, que algunas agrupaciones ciudadanas antes exigentes de transparencia y razonamiento público, abandonaron demandas de legitimidad en esta ocasión para la designación de consejeros. Empero, sin respaldos legítimos no basta la legalidad para hacer avanzar la democracia, ni siquiera en su dimensión puramente electoral. Desatender la legitimidad relega aún más la participación ciudadana que es condición para someter a pruebas de control y validación, a la vez concurrentes y complementarias, al ejercicio del voto. El gobierno, sin el complemento entre democracia representativa y participativa, deja de estar al servicio del interés general y se convierte en rehén de los intereses partidocráticos que finalmente están sujetos por los poderes fácticos del dinero, los medios y las jerarquías eclesiales, como lo muestran varios procesos legislativos recientes, o el impedimento para ejercer libremente Plebiscitos o Iniciativas Populares legítimamente convocados.
Se ha generado, así, un círculo perverso que reproduce sin cesar el poder partidocrático. Tal parece que la fuerza electoral proveniente de los comicios más recientes, da el poder para designar el número y la calidad de los consejeros que tocan a cada partido político. Y como el PRI gobierna la mayoría de jaliscienses, y cuenta con más diputados, se dio el derecho, con la complicidad del resto de partidos, para definir al Presidente y la mayoría de consejeros con personas afines con su plataforma partidaria. Antes, así lo hizo Acción Nacional. Con honrosas excepciones, nombrar consejeros implica compromisos para las dos partes, cuyo cumplimiento se cobra antes, durante y después del proceso electoral, trátese de la distritación, de organizar la jornada electoral, de la exigencia de rendición de cuentas por los gastos en campaña, o del manejo legaloide de conflictos postelectorales. El círculo lo cierran jugosos salarios y financiamientos partidarios, con los que se (auto)benefician los representantes “populares” negados a validaciones legítimas.
La designación de Consejeros y Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), por parte del Congreso local, es legalmente inatacable pero totalmente cuestionable si se sigue una lógica democrática; un Congreso despreocupado por la legitimidad, vulnera la autonomía que otorga la Constitución a organismos públicos encargados de velar por el interés general. Así viene sucediendo en Jalisco y en el país con los organismos electorales, al igual que con los vinculados con la transparencia y el derecho a la información, o con las comisiones que velan por los derechos humanos. La partidocracia distorsiona el interés general al asaltar, mediante la división de cuotas de poder, la distribución de consejeros y presidencias en todos los organismos públicos autónomos.
Con estos procedimientos, ni el árbitro electoral hará mejor su papel de imparcialidad en el conjunto del proceso eleccionario, ni el IEPC como autoridad promotora de ciudadanía, tendrá bases legítimas suficientes para favorecer que la voluntad general se exprese más allá de las urnas. El Congreso local siguió un libreto que tiene hastiada a la opinión pública por pervertir la designación de consejeros de los organismos públicos autónomos. Ofreció mejorar razonadamente la selección del Presidente y Consejeros del IEPC y transparentar los debates parlamentarios relacionados, pero actuó a contracorriente de su oferta, pues las dirigencias partidistas negociaron por fuera del Congreso e hicieron a un lado los criterios definidos por el propio Congreso: evaluación de capacidades mediante examen escrito, valoración de experiencia, trayectoria y apego al perfil idóneo de consejero o de Presidente del Instituto electoral, como lo señaló David Gómez Álvarez, Presidente saliente del IEPC, en Público-Milenio (31-05-2010), en un tono franco y directo, inusual en este tipo de funcionarios.
Tan hastiadas nos tienen esas designaciones simuladas de razonamiento parlamentario, que algunas agrupaciones ciudadanas antes exigentes de transparencia y razonamiento público, abandonaron demandas de legitimidad en esta ocasión para la designación de consejeros. Empero, sin respaldos legítimos no basta la legalidad para hacer avanzar la democracia, ni siquiera en su dimensión puramente electoral. Desatender la legitimidad relega aún más la participación ciudadana que es condición para someter a pruebas de control y validación, a la vez concurrentes y complementarias, al ejercicio del voto. El gobierno, sin el complemento entre democracia representativa y participativa, deja de estar al servicio del interés general y se convierte en rehén de los intereses partidocráticos que finalmente están sujetos por los poderes fácticos del dinero, los medios y las jerarquías eclesiales, como lo muestran varios procesos legislativos recientes, o el impedimento para ejercer libremente Plebiscitos o Iniciativas Populares legítimamente convocados.
Se ha generado, así, un círculo perverso que reproduce sin cesar el poder partidocrático. Tal parece que la fuerza electoral proveniente de los comicios más recientes, da el poder para designar el número y la calidad de los consejeros que tocan a cada partido político. Y como el PRI gobierna la mayoría de jaliscienses, y cuenta con más diputados, se dio el derecho, con la complicidad del resto de partidos, para definir al Presidente y la mayoría de consejeros con personas afines con su plataforma partidaria. Antes, así lo hizo Acción Nacional. Con honrosas excepciones, nombrar consejeros implica compromisos para las dos partes, cuyo cumplimiento se cobra antes, durante y después del proceso electoral, trátese de la distritación, de organizar la jornada electoral, de la exigencia de rendición de cuentas por los gastos en campaña, o del manejo legaloide de conflictos postelectorales. El círculo lo cierran jugosos salarios y financiamientos partidarios, con los que se (auto)benefician los representantes “populares” negados a validaciones legítimas.
viernes, 28 de mayo de 2010
EL DOC ALONSO, TODO HUMANIDAD*
Firma como Jorge Alonso, pues si le añade Sánchez podría confundirse su primer apellido como nombre de pila, así que nos hemos acostumbrado a llamarle Doc Alonso. Le va bien eso de Doc, pues fue de los primeros de su generación en obtener un flamante doctorado en Antropología Social. También le podríamos decir Docto Alonso, pues sus conocimientos son siempre los más contemporáneos en torno de sus intereses; aunque no es un intelectual que fortifique su ego en una torre de marfil, ajena a la discusión de sus permanentes descubrimientos e incursiones, sobre todo alrededor de la antropología política. Su comunidad académica y quienes estamos cerca de él nos beneficiamos de su curiosidad y de sus pasiones por el saber y por vincular ese conocimiento con la acción social. Siempre busca pertinencia frente a su realidad inmediata desde una posición ética inquebrantable.
Es muy atinado rendirle homenaje a este hombre que es todo humanidad y por ello es de felicitar la iniciativa que toma el Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara, por hacérselo. Aunque es bien difícil decir en la estrechez de un pequeño texto algo que haga justicia a alguien tan intenso en su pensar y quehacer, además durante tantos años de acucioso y muy productivo trabajo. Me declaro incapaz de ofrecer una imagen ni siquiera abreviada de su currículo, por ello solo diré algo sobre lo que el Doc Alonso representa en mi vida, pues me considero privilegiado por su amistad y por afanes comunes que nos han unido.
Del “maestrillo”, como se conoce al jesuita en formación que da clases en el Instituto de Ciencias, me queda el recuerdo de sus clases sobre literatura universal y de ética, un profesor apasionado que trasmitía energía, que no supe apreciar cabalmente hasta años recientes. Supe del Doc Alonso tiempo después cuando en un trabajo que combinaba investigación y acción, leímos sus trabajos sobre los movimientos sociales urbanos y sobre teoría del Estado, los cuales nos obligaron a leer varios de los autores que por primera vez oíamos citados en sus trabajos. Supe también de él, cuando renunció al Partido Socialista de los Trabajadores, pero no con una carta sino mediante la factura de un libro de más de 300 páginas en las que razonó sobre las mejores vías para construir el socialismo en México. Vías que no transitaba el partido al que renunció.
Tenía referencias del antropólogo político que era un devorador de libros que documentaban los debates más recientes, que formaba equipos de investigadores sobre temas de frontera en el conocimiento social, que había sido formado por ilustres antropólogos como Ángel Palerm, junto con otros destacados colegas suyos como Andrés Fábregas y Guillermo de la Peña, entre otros. Fui conociendo y acercándome a sus pasiones por la vigencia del marxismo, por los procesos electorales, por la teoría del Estado, por la necesaria y urgente transformación social de México, por la rigurosa formación de doctores/as. Luego, ya cerca de él descubrí otro filón de humanidad en su aguda observación de la biografía, como la infaltable historia de vida de Efraín González Luna, que no solo interpeló al panismo por su menosprecio a la doctrina de uno de sus fundadores, sino que además aportó reflexiones para la política mexicana en su conjunto. O la biografía de Rubén Aguilar (padre), que documenta la formación de las élites en México.
Esa toda humanidad del Doc Alonso, la percibo en sus preocupaciones sobre el devenir de la iglesia católica, en su papel de consejero electoral en Jalisco, en el colega ejemplar ante la academia, la investigación, la vida plena, la crítica implacable ahora bañada de ternura humanidad.
* Discurso preparado para el homenaje que le rinde el Departamento de de Estudios Sobre Movimientos Sociales, de la Universidad de Guadalajara (28/05/2010).
Es muy atinado rendirle homenaje a este hombre que es todo humanidad y por ello es de felicitar la iniciativa que toma el Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara, por hacérselo. Aunque es bien difícil decir en la estrechez de un pequeño texto algo que haga justicia a alguien tan intenso en su pensar y quehacer, además durante tantos años de acucioso y muy productivo trabajo. Me declaro incapaz de ofrecer una imagen ni siquiera abreviada de su currículo, por ello solo diré algo sobre lo que el Doc Alonso representa en mi vida, pues me considero privilegiado por su amistad y por afanes comunes que nos han unido.
Del “maestrillo”, como se conoce al jesuita en formación que da clases en el Instituto de Ciencias, me queda el recuerdo de sus clases sobre literatura universal y de ética, un profesor apasionado que trasmitía energía, que no supe apreciar cabalmente hasta años recientes. Supe del Doc Alonso tiempo después cuando en un trabajo que combinaba investigación y acción, leímos sus trabajos sobre los movimientos sociales urbanos y sobre teoría del Estado, los cuales nos obligaron a leer varios de los autores que por primera vez oíamos citados en sus trabajos. Supe también de él, cuando renunció al Partido Socialista de los Trabajadores, pero no con una carta sino mediante la factura de un libro de más de 300 páginas en las que razonó sobre las mejores vías para construir el socialismo en México. Vías que no transitaba el partido al que renunció.
Tenía referencias del antropólogo político que era un devorador de libros que documentaban los debates más recientes, que formaba equipos de investigadores sobre temas de frontera en el conocimiento social, que había sido formado por ilustres antropólogos como Ángel Palerm, junto con otros destacados colegas suyos como Andrés Fábregas y Guillermo de la Peña, entre otros. Fui conociendo y acercándome a sus pasiones por la vigencia del marxismo, por los procesos electorales, por la teoría del Estado, por la necesaria y urgente transformación social de México, por la rigurosa formación de doctores/as. Luego, ya cerca de él descubrí otro filón de humanidad en su aguda observación de la biografía, como la infaltable historia de vida de Efraín González Luna, que no solo interpeló al panismo por su menosprecio a la doctrina de uno de sus fundadores, sino que además aportó reflexiones para la política mexicana en su conjunto. O la biografía de Rubén Aguilar (padre), que documenta la formación de las élites en México.
Esa toda humanidad del Doc Alonso, la percibo en sus preocupaciones sobre el devenir de la iglesia católica, en su papel de consejero electoral en Jalisco, en el colega ejemplar ante la academia, la investigación, la vida plena, la crítica implacable ahora bañada de ternura humanidad.
* Discurso preparado para el homenaje que le rinde el Departamento de de Estudios Sobre Movimientos Sociales, de la Universidad de Guadalajara (28/05/2010).
viernes, 21 de mayo de 2010
OTROS DESAPARECIDOS
Sin querer minimizar la todavía inexplicable desaparición de Diego Fernández de Cevallos, hay un conjunto de sucesos que llevan a pensar en la privación forzada de la libertad, como fenómeno social, político y jurídico. Entre las innumerables opiniones que ha despertado este lamentable acontecimiento, me llamó la atención la posición asumida por Doña Rosario Ibarra de Piedra: “Para nosotros, integrantes del Comité ¡Eureka! de familiares de desaparecidos políticos, el hecho es cruel, sean su origen y su finalidad los que sean. Nosotros, con preciso conocimiento del delito de desaparición forzada de personas, catalogado como crimen de lesa humanidad, comprendemos perfectamente lo que ello significa en el ámbito familiar, y algunos, no pocos, llevamos en las almas un sedimento de dolor inmenso.” (El Universal, 20-05-2010) Hay enormes diferencias entre un compromiso ético humanamente asumido y la oleada oportunista que abarca al gobierno, al panismo, a casi todos los partidos, que están propiciando una andanada mistificadora de un personaje particularmente polémico en su actuación pública.
Pero, no nos confundamos con el viejo recurso de la sensiblería, que quisiera convertir en santos a humanos atravesados por demonios propios y ajenos. No se vale aprovechar el dolor para lucrar políticamente con él. Afortunadamente, la familia del Jefe Diego ya pidió al PAN queretano desmontar los espectaculares que había colocado en esa ciudad. Es molesto e injusto, no sólo para Acción Nacional, sino para el conjunto social, que buena parte de la clase política quiera sacar raja de la tragedia humana. Como es igualmente injusto, que haya desaparecidos de primera y segunda clase. Hiere la comparación entre el despliegue de recursos destinados a investigar el paradero de una persona, y el olvido, la omisión, el cuestionable desinterés por parte del gobierno y en general del sistema de partidos, por los miles de desaparecidos en México, cuyos casos han sido debidamente documentados por el Comité ¡Eureka!.
Sea desaparición o secuestro, los desafíos inmediatos son colosales, si se quiere llegar al fondo de este acontecimiento y su relación con la procuración de justicia, el crimen organizado, las libertades políticas e inclusive con la responsabilidad estatal para resarcir a las víctimas de la violencia política. Salta, a primer plano, el muy probable acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, para abrir un periodo extraordinario de sesiones en el que se discuta la Ley Antisecuestro. Sin embargo, en este contexto de crispación político y electoral, las discusiones parlamentarias pueden concluir que ese delito se combate únicamente con dos medidas: mayores penas de cárcel, en lo cual sería bueno que hubiera unanimidad; y refuerzo de la vía militar, sin miramiento alguno por profesionalizar una inteligencia policíaca que sería la indicada para combatir a secuestradores.
No hay igualdad en las investigaciones públicas sobre los secuestrados. Se sabe que personas muy pudientes tienen organizada una red privada de seguridad de alto nivel, preparada por militares israelíes, que actúa como una especie de “sociedad de muerte”, sin considerar la ley ni derecho humano alguno; corrompen al Estado, se alían con quienes esperan “soluciones realistas” fundadas sobre estrategias militares, asesinan impunemente. Mientras, el agobio del secuestro express que afecta a cientos de personas diariamente en el país, o el secuestro de personas sin dinero suficiente para pagar justicia de “primera y propia mano”, se enfrenta contra los reales efectos de la militarización de la seguridad pública, que desprecia la impartición de justicia en miles de casos archivados en el olvido de la justicia. Paciencia con la discreción informativa que requiere el caso; observación meticulosa de las discusiones alrededor de la Ley Antisecuestro. En su momento, queremos saber la verdad.
Pero, no nos confundamos con el viejo recurso de la sensiblería, que quisiera convertir en santos a humanos atravesados por demonios propios y ajenos. No se vale aprovechar el dolor para lucrar políticamente con él. Afortunadamente, la familia del Jefe Diego ya pidió al PAN queretano desmontar los espectaculares que había colocado en esa ciudad. Es molesto e injusto, no sólo para Acción Nacional, sino para el conjunto social, que buena parte de la clase política quiera sacar raja de la tragedia humana. Como es igualmente injusto, que haya desaparecidos de primera y segunda clase. Hiere la comparación entre el despliegue de recursos destinados a investigar el paradero de una persona, y el olvido, la omisión, el cuestionable desinterés por parte del gobierno y en general del sistema de partidos, por los miles de desaparecidos en México, cuyos casos han sido debidamente documentados por el Comité ¡Eureka!.
Sea desaparición o secuestro, los desafíos inmediatos son colosales, si se quiere llegar al fondo de este acontecimiento y su relación con la procuración de justicia, el crimen organizado, las libertades políticas e inclusive con la responsabilidad estatal para resarcir a las víctimas de la violencia política. Salta, a primer plano, el muy probable acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, para abrir un periodo extraordinario de sesiones en el que se discuta la Ley Antisecuestro. Sin embargo, en este contexto de crispación político y electoral, las discusiones parlamentarias pueden concluir que ese delito se combate únicamente con dos medidas: mayores penas de cárcel, en lo cual sería bueno que hubiera unanimidad; y refuerzo de la vía militar, sin miramiento alguno por profesionalizar una inteligencia policíaca que sería la indicada para combatir a secuestradores.
No hay igualdad en las investigaciones públicas sobre los secuestrados. Se sabe que personas muy pudientes tienen organizada una red privada de seguridad de alto nivel, preparada por militares israelíes, que actúa como una especie de “sociedad de muerte”, sin considerar la ley ni derecho humano alguno; corrompen al Estado, se alían con quienes esperan “soluciones realistas” fundadas sobre estrategias militares, asesinan impunemente. Mientras, el agobio del secuestro express que afecta a cientos de personas diariamente en el país, o el secuestro de personas sin dinero suficiente para pagar justicia de “primera y propia mano”, se enfrenta contra los reales efectos de la militarización de la seguridad pública, que desprecia la impartición de justicia en miles de casos archivados en el olvido de la justicia. Paciencia con la discreción informativa que requiere el caso; observación meticulosa de las discusiones alrededor de la Ley Antisecuestro. En su momento, queremos saber la verdad.
viernes, 7 de mayo de 2010
ATENTADO CONTRA EL MUNICIPIO AUTÓNOMO
Los hechos: una Caravana de Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, comunidad triqui de Oaxaca, fue emboscada por un grupo de encapuchados, el 27 de abril pasado; murieron Beatriz Alberta Cariño Trujillo, de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano, y Tyri Antero Jaakkola, observador internacional finlandés; resultaron heridos Erika Ramírez y David Cilia, periodistas de la revista Contralínea, de la prensa alternativa. Hay varios desaparecidos. La Caravana era apoyada por maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y por la Asamblea Popular y de los Pueblos de Oaxaca (APPO). San Juan Copala es asediado, desde el surgimiento del municipio autónomo, por grupos paramilitares que presuntamente actúan con el patrocinio del gobierno de Oaxaca. Dos locutoras triquis de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, fueron asesinadas en 2008. En 2009 sumaban 18 crímenes de indígenas del municipio autónomo.
Oaxaca alberga al 53 por ciento de la población indígena mexicana en 570 municipios, de los cuales 412 se rigen por el principio de Usos y Costumbres, aunque en 518 municipios predomina la población indígena. A pesar de que la legislación local de ese estado incluye la figura del municipio autónomo y reconoce la asociación entre ellos, el cacicazgo priista se funda sobre el control vertical y corporativo de los tradicionales Usos y Costumbres, mediante estrategias clientelares con las que conquista la inmensa mayoría de los municipios indígenas. Al oponerse y resistirse frente al cacicazgo priista, las experiencias autonómicas, como la de San Juan Copala, se quieren combatir a través de campañas de desinformación y engaño, de ahí que su radio comunitaria esté siendo blanco de asesinatos. Además, el gobierno oaxaqueño de Ulises Ruiz, recurre al financiamiento de grupos paramilitares que buscan literalmente eliminar las experiencias autónomas.
El diputado Javier Corral hace recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo una investigación de los hechos ocurridos de mayo del 2006 a enero de 2007; en su informe, publicado el 28 de enero en el Diario oficial de la federación, la SCJN declaró que sí hubo violaciones graves a diversas garantías individuales por parte del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Sin embargo, concluye Corral: “La falta del carácter de sentencia de esa resolución, basada en una facultad de investigación contenida en el artículo 97 de la constitución, sin vinculo coercitivo para fincar sanciones, aunado al repentino silencio mediático, terminaron por ahondar el ejercicio ilegal e inconstitucional del Gobernador del Estado de Oaxaca, quién ha hecho de la impunidad estilo de vida y principio de gobierno, regla de conducta entre el séquito que lo rodea, modus operandi de su experimentada capacidad de defraudación”.
Al no haberse emprendido un juicio político en contra de Ulises Ruiz, que hubiese llevado a la desaparición de poderes en Oaxaca, se repiten los mismos métodos y estrategias: la represión y la violencia para amedrentar a sus opositores y la criminalización de los movimientos sociales autónomos, achacándoles, irresponsablemente, la fuente del conflicto: ‘se matan entre ellos con fines electorales, que muestren ingobernabilidad en Oaxaca’. Justamente, la coyuntura electoral local pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para encauzar políticamente el respeto al municipio autónomo, para hacer con independencia de los poderes locales oaxaqueños las investigaciones sobre los asesinatos y encarcelar a sus autores materiales e intelectuales. La solución no es la militarización de la región triqui, que sólo avivaría la confrontación armada. Urge, además, que se restablezcan los servicios y las finanzas del municipio autónomo; que las elecciones locales fortalezcan la posibilidad del cambio político; la alianza PAN-PRD se pondrá también a prueba.
Oaxaca alberga al 53 por ciento de la población indígena mexicana en 570 municipios, de los cuales 412 se rigen por el principio de Usos y Costumbres, aunque en 518 municipios predomina la población indígena. A pesar de que la legislación local de ese estado incluye la figura del municipio autónomo y reconoce la asociación entre ellos, el cacicazgo priista se funda sobre el control vertical y corporativo de los tradicionales Usos y Costumbres, mediante estrategias clientelares con las que conquista la inmensa mayoría de los municipios indígenas. Al oponerse y resistirse frente al cacicazgo priista, las experiencias autonómicas, como la de San Juan Copala, se quieren combatir a través de campañas de desinformación y engaño, de ahí que su radio comunitaria esté siendo blanco de asesinatos. Además, el gobierno oaxaqueño de Ulises Ruiz, recurre al financiamiento de grupos paramilitares que buscan literalmente eliminar las experiencias autónomas.
El diputado Javier Corral hace recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo una investigación de los hechos ocurridos de mayo del 2006 a enero de 2007; en su informe, publicado el 28 de enero en el Diario oficial de la federación, la SCJN declaró que sí hubo violaciones graves a diversas garantías individuales por parte del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Sin embargo, concluye Corral: “La falta del carácter de sentencia de esa resolución, basada en una facultad de investigación contenida en el artículo 97 de la constitución, sin vinculo coercitivo para fincar sanciones, aunado al repentino silencio mediático, terminaron por ahondar el ejercicio ilegal e inconstitucional del Gobernador del Estado de Oaxaca, quién ha hecho de la impunidad estilo de vida y principio de gobierno, regla de conducta entre el séquito que lo rodea, modus operandi de su experimentada capacidad de defraudación”.
Al no haberse emprendido un juicio político en contra de Ulises Ruiz, que hubiese llevado a la desaparición de poderes en Oaxaca, se repiten los mismos métodos y estrategias: la represión y la violencia para amedrentar a sus opositores y la criminalización de los movimientos sociales autónomos, achacándoles, irresponsablemente, la fuente del conflicto: ‘se matan entre ellos con fines electorales, que muestren ingobernabilidad en Oaxaca’. Justamente, la coyuntura electoral local pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para encauzar políticamente el respeto al municipio autónomo, para hacer con independencia de los poderes locales oaxaqueños las investigaciones sobre los asesinatos y encarcelar a sus autores materiales e intelectuales. La solución no es la militarización de la región triqui, que sólo avivaría la confrontación armada. Urge, además, que se restablezcan los servicios y las finanzas del municipio autónomo; que las elecciones locales fortalezcan la posibilidad del cambio político; la alianza PAN-PRD se pondrá también a prueba.
viernes, 30 de abril de 2010
ELECCIONES Y LEGISLACIÓN ¿INCOMPATIBLES?
Contrariamente a los propósitos de un sistema político del que se esperan leyes adecuadas para el interés general, las jerarquías partidarias entorpecen aquellas iniciativas de legislación que puedan alterar sus estrategias electorales. Así, las dirigencias partidistas de Acción Nacional, del PRI y del Partido Verde, hacen incompatibles las coyunturas electorales, que son particularmente intensas en los estados del país este año, con procesos legislativos que puedan cuestionar o significar un desgaste en su búsqueda de alianzas con los poderes fácticos regionales o nacionales; entre éstos últimos, particularmente los poderes mediáticos. Sinsentidos de la política partidaria que abonan su desprestigio y alientan al desapego ciudadano, ya no solamente del momento de la votación sino que también, y ahí está otro gran riesgo de retroceso antidemocrático, que apagan o decepcionan el interés general por participar en los asuntos públicos.
De la manera más incongruente, se están aplazando reformas legislativas cuya resolución podría incidir directamente, de forma inmediata, en una mayor democratización del país; un conjunto de reformas: política, fiscal y la ley de medios recientemente, están congeladas al ser sometidas a vergonzosas alianzas y capitulaciones dentro de un sistema político que podríamos calificar de timorato y oportunista. Ni el PRI pone su mayoría al servicio de las causas generales, ni el PAN está a la altura de su condición de partido en el gobierno, ni el Partido Verde ejerce responsablemente sus alianzas, pues somete su capital político a los intereses familiares de sus fundadores y del duopolio televisivo que oxigena sus campañas propagandísticas. Sin embargo, dentro de esos partidos hay críticos de esa incongruencia que hoy cuestionan a sus dirigencias, su dramática autocensura y sus alianzas espurias.
Son frecuentes los desencuentros entre fracciones parlamentarias y sus dirigencias, así como entre militantes partidistas de Acción Nacional y la dupla Presidente de la nación-Presidente del PAN, justamente fortalecida ante la coyuntura electoral. Pero esas tensiones han propiciado ciertos avances legislativos en la aprobación de leyes y dictámenes, como la legislación ya aprobada relativa a las “Asociaciones Colectivas”, o la Ley Anti-monopolios. Particularmente creativa fue la iniciativa que lograron casi 200 diputados y 56 senadores del PAN y del PRD, el pasado 8 de abril, para reformar la Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales; ella puso al día un marco legal para ejercer las libertades individuales y colectivas, implicadas en el derecho a la información, en uno de los sectores económicos más dinámicos, pero con el mayor poder concentrado en unas cuantas empresas y familias. Grupos privilegiados en el trato que les dan desde el Presidente de la república hasta las dirigencias de los partidos dependientes, por no decir serviles, de su influencia mediática.
Fue particularmente grave que la dupla Calderón-Nava, obligara al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a retirar la iniciativa de la ley de medios por considerar que aún no estaba suficientemente discutida, pues según ellos hacía falta el punto de vista de los empresarios, es decir de los consorcios que dominan dentro de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, así como de los intereses preponderantes en la telefonía, como lo hace notar la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Presumiblemente, ni Felipe Calderón ni Cesar Nava leyeron la iniciativa presentada el pasado 8 de abril, pues ella contiene un conjunto de medidas que favorecen la competencia en el sector de telecomunicaciones, garantiza mayor equidad en la competencia, al evitar que las concesiones de frecuencias para el radio sean renovadas automáticamente y se imponga la licitación. Calderón menospreció así la iniciativa por una ley de medios que haría mucho más compatibles las elecciones con el poder legislar.
De la manera más incongruente, se están aplazando reformas legislativas cuya resolución podría incidir directamente, de forma inmediata, en una mayor democratización del país; un conjunto de reformas: política, fiscal y la ley de medios recientemente, están congeladas al ser sometidas a vergonzosas alianzas y capitulaciones dentro de un sistema político que podríamos calificar de timorato y oportunista. Ni el PRI pone su mayoría al servicio de las causas generales, ni el PAN está a la altura de su condición de partido en el gobierno, ni el Partido Verde ejerce responsablemente sus alianzas, pues somete su capital político a los intereses familiares de sus fundadores y del duopolio televisivo que oxigena sus campañas propagandísticas. Sin embargo, dentro de esos partidos hay críticos de esa incongruencia que hoy cuestionan a sus dirigencias, su dramática autocensura y sus alianzas espurias.
Son frecuentes los desencuentros entre fracciones parlamentarias y sus dirigencias, así como entre militantes partidistas de Acción Nacional y la dupla Presidente de la nación-Presidente del PAN, justamente fortalecida ante la coyuntura electoral. Pero esas tensiones han propiciado ciertos avances legislativos en la aprobación de leyes y dictámenes, como la legislación ya aprobada relativa a las “Asociaciones Colectivas”, o la Ley Anti-monopolios. Particularmente creativa fue la iniciativa que lograron casi 200 diputados y 56 senadores del PAN y del PRD, el pasado 8 de abril, para reformar la Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales; ella puso al día un marco legal para ejercer las libertades individuales y colectivas, implicadas en el derecho a la información, en uno de los sectores económicos más dinámicos, pero con el mayor poder concentrado en unas cuantas empresas y familias. Grupos privilegiados en el trato que les dan desde el Presidente de la república hasta las dirigencias de los partidos dependientes, por no decir serviles, de su influencia mediática.
Fue particularmente grave que la dupla Calderón-Nava, obligara al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a retirar la iniciativa de la ley de medios por considerar que aún no estaba suficientemente discutida, pues según ellos hacía falta el punto de vista de los empresarios, es decir de los consorcios que dominan dentro de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, así como de los intereses preponderantes en la telefonía, como lo hace notar la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Presumiblemente, ni Felipe Calderón ni Cesar Nava leyeron la iniciativa presentada el pasado 8 de abril, pues ella contiene un conjunto de medidas que favorecen la competencia en el sector de telecomunicaciones, garantiza mayor equidad en la competencia, al evitar que las concesiones de frecuencias para el radio sean renovadas automáticamente y se imponga la licitación. Calderón menospreció así la iniciativa por una ley de medios que haría mucho más compatibles las elecciones con el poder legislar.
viernes, 23 de abril de 2010
LEY DE MEDIOS: IMPULSAR LA REFORMA
Las comisiones legislativas en el Congreso de la Unión, debaten el proyecto para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, y el dictamen podrá ser votado próximamente en ambas cámaras. Culmina así un largo proceso de consulta y debates públicos que se intensificó durante los dos últimos años, cuyos resultados constituyen legítimas aspiraciones para democratizar las relaciones entre sociedad y Estado en México. Una feliz combinación entre un trabajo legislativo que fue capaz de recoger las opiniones de técnicos y profesionales del ramo, así como producto de los aportes de organismos sociales, amplios y especializados, que están interesados en contar con una legislación adecuada a las necesidades de comunicación y producción audiovisual en el marco del Estado de Derecho.
En contraste con esa amplia actividad, los propietarios de los medios de comunicación jugaron papeles desiguales. El duopolio televisivo, acostumbrado a imponer sus normas mediante el cabildeo ante los poderes constituidos, impuso compromisos políticos con algunos representantes “populares”, cuyas campañas apoyó en las elecciones legislativas de julio de 2009, con quienes conformó la llamada “telebancada”. Simultáneamente, ejerció su poder de chantaje frente al conjunto del Poder Legislativo, al que amenazó con subterfugios de no dar visibilidad a sus futuras campañas electorales y de boicotear las aspiraciones individuales a candidaturas futuras; chantaje que surtió efecto entre las filas de varios partidos, pues quienes pretendían un futuro electoral visible y difundido por el duopolio televisivo, y sus cadenas mediáticas, se plegaron a defender esos intereses.
Entre la multiplicidad de medios de comunicación que están emergiendo, y en buena parte entre la prensa escrita, se registraron también posiciones muy favorables al contenido de las reformas que incluye este proyecto, aunque sin el entusiasmo necesario requerido por un proyecto de ley que no está suficientemente apuntalado en una clara mayoría legislativa. Particularmente el PRI y algunos legisladores de otros partidos, comprometidos con los poderes mediáticos, han sido renuentes a aprobar el conjunto de la iniciativa de ley. Por ello, la Asociación Mexicana de derecho a la Información (AMEDI), presidida por Raúl Trejo Delarbre, destacado profesional investigador de los medios, está insistiendo por todas las vías posibles que estemos alertas como ciudadanos/as ante los debates legislativos y el dictamen de ley que resulte. Se han difundido los pronunciamientos de la AMEDI, apoyados por su propia membresía, un amplio grupo de profesionales de la comunicación y por organizaciones sociales que se sienten involucradas o que tienen demandas democratizadoras generales.
Esta nueva ley es un factor básico para que la reforma política propicie mayores condiciones de equidad en la competencia electoral, al regular la influencia de los poderes fácticos y al concebir la comunicación política en el marco del fortalecimiento del derecho a la información. Así, habría mayores exigencias de calidad en la utilización de los sesenta minutos diarios que corresponden al Estado en los medios. Esta ley, garantizaría la transparencia en la administración pública de los recursos audiovisuales y del espacio radioeléctrico, mediante licitaciones obligadas para la renovación y obtención de concesiones privadas, la regulación de la inversión extranjera, el fomento de radios comunitarias y concesiones de medios públicos; fortalece la Ley de “acciones colectivas”, al reconocer la organización y defensa de consumidores; reglamenta los servicios audiovisuales combinados; racionaliza tarifas acabando con el redondeo; crea un organismo público autónomo, capaz de regular mercados e iniciativas ciudadanas. Además, esta iniciativa complementaría la ley antimonopolio, cuyas pretendidas reformas el Artículo 28 Constitucional, propician equidad en la competencia privada. Este proyecto, haría medios permeables de cara al ciudadano, al garantizar el derecho de réplica. Como Público-Milenio, único medio en México que desde su origen cuenta con un defensor del lector, que es ejemplar.
En contraste con esa amplia actividad, los propietarios de los medios de comunicación jugaron papeles desiguales. El duopolio televisivo, acostumbrado a imponer sus normas mediante el cabildeo ante los poderes constituidos, impuso compromisos políticos con algunos representantes “populares”, cuyas campañas apoyó en las elecciones legislativas de julio de 2009, con quienes conformó la llamada “telebancada”. Simultáneamente, ejerció su poder de chantaje frente al conjunto del Poder Legislativo, al que amenazó con subterfugios de no dar visibilidad a sus futuras campañas electorales y de boicotear las aspiraciones individuales a candidaturas futuras; chantaje que surtió efecto entre las filas de varios partidos, pues quienes pretendían un futuro electoral visible y difundido por el duopolio televisivo, y sus cadenas mediáticas, se plegaron a defender esos intereses.
Entre la multiplicidad de medios de comunicación que están emergiendo, y en buena parte entre la prensa escrita, se registraron también posiciones muy favorables al contenido de las reformas que incluye este proyecto, aunque sin el entusiasmo necesario requerido por un proyecto de ley que no está suficientemente apuntalado en una clara mayoría legislativa. Particularmente el PRI y algunos legisladores de otros partidos, comprometidos con los poderes mediáticos, han sido renuentes a aprobar el conjunto de la iniciativa de ley. Por ello, la Asociación Mexicana de derecho a la Información (AMEDI), presidida por Raúl Trejo Delarbre, destacado profesional investigador de los medios, está insistiendo por todas las vías posibles que estemos alertas como ciudadanos/as ante los debates legislativos y el dictamen de ley que resulte. Se han difundido los pronunciamientos de la AMEDI, apoyados por su propia membresía, un amplio grupo de profesionales de la comunicación y por organizaciones sociales que se sienten involucradas o que tienen demandas democratizadoras generales.
Esta nueva ley es un factor básico para que la reforma política propicie mayores condiciones de equidad en la competencia electoral, al regular la influencia de los poderes fácticos y al concebir la comunicación política en el marco del fortalecimiento del derecho a la información. Así, habría mayores exigencias de calidad en la utilización de los sesenta minutos diarios que corresponden al Estado en los medios. Esta ley, garantizaría la transparencia en la administración pública de los recursos audiovisuales y del espacio radioeléctrico, mediante licitaciones obligadas para la renovación y obtención de concesiones privadas, la regulación de la inversión extranjera, el fomento de radios comunitarias y concesiones de medios públicos; fortalece la Ley de “acciones colectivas”, al reconocer la organización y defensa de consumidores; reglamenta los servicios audiovisuales combinados; racionaliza tarifas acabando con el redondeo; crea un organismo público autónomo, capaz de regular mercados e iniciativas ciudadanas. Además, esta iniciativa complementaría la ley antimonopolio, cuyas pretendidas reformas el Artículo 28 Constitucional, propician equidad en la competencia privada. Este proyecto, haría medios permeables de cara al ciudadano, al garantizar el derecho de réplica. Como Público-Milenio, único medio en México que desde su origen cuenta con un defensor del lector, que es ejemplar.
viernes, 16 de abril de 2010
LEY DE MEDIOS: ENCAUZAR EL DEBATE
Es alentador que el Congreso de la Unión esté retomando el debate sobre una iniciativa de ley en materia de medios y telecomunicaciones, pues en consultas realizadas entre 2007 y 2008, se comprometió con los actores involucrados a elaborar un proyecto de iniciativa que incorporara los criterios de la Corte en la sentencia contra la inconstitucionalidad de la denominada “ley Televisa”. Aunque han pasado casi dos años, recientemente surgieron dos iniciativas que pretenden una legislación integral en esa materia, que es condición para la democratización de la información y la comunicación, para un justo y equitativo desarrollo de las empresas que intervienen en ese ramo, en un contexto de libertad y diversidad cultural, y para una sana convivencia entre intereses públicos, representados en el Estado, e intereses privados. En la Legislatura federal pasada, Acción Nacional no aprovechó su mayoría para aprobar una legislación integral en medios y telecomunicaciones.
Carlos Sotelo, senador perredista, presentó en diciembre de 2008, el proyecto original de la reforma, el cual retiró por la falta de acuerdo en el PRD, pues su propuesta contenía modificaciones en el tema de competencia, que contravenían las disposiciones de la Suprema Corte. Un año después, el 8 de diciembre de 2009, el senador Sotelo, en acuerdo con el PRI, formuló una nueva propuesta que retomaba aspectos de la reforma original, como el fortalecimiento de los medios públicos y los medios comunitarios, pero se dejo seducir entonces por el Senador Manlio Fabio Beltrones y la “telebancada” (legisladores afines a los poderes mediáticos), que defendían las prórrogas de concesiones sin licitación alguna y el otorgamiento de canales de FM a operadores de AM (las “combos”). Este 8 de abril, diferencias interpartidarias impidieron que la iniciativa se discutiera en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados por falta de quórum.
Simultáneamente, en esta misma fecha, fue presentada otra iniciativa por el diputado Javier Corral y, en la Cámara de Senadores, por el senador Gustavo Madero, ambos de Acción Nacional, pero con el respaldo de 56 senadores y 180 diputados de cuatro partidos políticos, sin el PRI, que ahora tiene mayoría en ambas Cámaras. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), anteriormente presidida por Javier Corral, participó en la ideación de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que sustituiría a las actuales leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones. Según la AMEDI: “Con esa iniciativa se pretende impulsar la pluralidad, la competencia, la calidad y la transparencia en los medios de comunicación y en los servicios de telecomunicaciones que recibe la sociedad.”
En 252 artículos agrupados en 13 títulos, esa iniciativa propone sustituir a la actual Cofetel por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, asegurándole mayor independencia y capacidad profesional. Crearía Registros Público de Telecomunicaciones y de Usuarios, con reglas precisas para la inversión extranjera (autorizando hasta el 25% en radiodifusión), regularía la interconexión entre empresas que prestan el mismo servicio. Reforzaría la licitación pública para otorgar concesiones del espectro radioeléctrico, añadiendo la figura de concesiones de uso público para los medios públicos o de Estado y reconocería el interés social de los medios comunitarios. Regularía ingresos por venta de publicidad en medios públicos, así como la oferta de difusión de otros servicios de telecomunicaciones. Se propone que en la televisión y la radio haya al menos 50% de contenidos de producción nacional. Al menos 20% de ellos deberían ser producciones independientes. Habría fondos estatales para estimular la producción audiovisual. El tiempo del Estado en las estaciones concesionadas de radio y televisión queda en 60 minutos diarios. Los medios concesionados tendrían la obligación de difundir sus códigos de ética, atender requerimientos de sus audiencias, y garantizar derecho de réplica. Entre lo más destacable.
Carlos Sotelo y Javier Corral decidieron, atinadamente, trasladar el debate público que habían convenido, de sus respectivas iniciativas, hacia las comisiones del Congreso de la Unión. Esperemos que el PRI sea sensible al interés general y no al de la “telebancada”.
Carlos Sotelo, senador perredista, presentó en diciembre de 2008, el proyecto original de la reforma, el cual retiró por la falta de acuerdo en el PRD, pues su propuesta contenía modificaciones en el tema de competencia, que contravenían las disposiciones de la Suprema Corte. Un año después, el 8 de diciembre de 2009, el senador Sotelo, en acuerdo con el PRI, formuló una nueva propuesta que retomaba aspectos de la reforma original, como el fortalecimiento de los medios públicos y los medios comunitarios, pero se dejo seducir entonces por el Senador Manlio Fabio Beltrones y la “telebancada” (legisladores afines a los poderes mediáticos), que defendían las prórrogas de concesiones sin licitación alguna y el otorgamiento de canales de FM a operadores de AM (las “combos”). Este 8 de abril, diferencias interpartidarias impidieron que la iniciativa se discutiera en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados por falta de quórum.
Simultáneamente, en esta misma fecha, fue presentada otra iniciativa por el diputado Javier Corral y, en la Cámara de Senadores, por el senador Gustavo Madero, ambos de Acción Nacional, pero con el respaldo de 56 senadores y 180 diputados de cuatro partidos políticos, sin el PRI, que ahora tiene mayoría en ambas Cámaras. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), anteriormente presidida por Javier Corral, participó en la ideación de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que sustituiría a las actuales leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones. Según la AMEDI: “Con esa iniciativa se pretende impulsar la pluralidad, la competencia, la calidad y la transparencia en los medios de comunicación y en los servicios de telecomunicaciones que recibe la sociedad.”
En 252 artículos agrupados en 13 títulos, esa iniciativa propone sustituir a la actual Cofetel por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, asegurándole mayor independencia y capacidad profesional. Crearía Registros Público de Telecomunicaciones y de Usuarios, con reglas precisas para la inversión extranjera (autorizando hasta el 25% en radiodifusión), regularía la interconexión entre empresas que prestan el mismo servicio. Reforzaría la licitación pública para otorgar concesiones del espectro radioeléctrico, añadiendo la figura de concesiones de uso público para los medios públicos o de Estado y reconocería el interés social de los medios comunitarios. Regularía ingresos por venta de publicidad en medios públicos, así como la oferta de difusión de otros servicios de telecomunicaciones. Se propone que en la televisión y la radio haya al menos 50% de contenidos de producción nacional. Al menos 20% de ellos deberían ser producciones independientes. Habría fondos estatales para estimular la producción audiovisual. El tiempo del Estado en las estaciones concesionadas de radio y televisión queda en 60 minutos diarios. Los medios concesionados tendrían la obligación de difundir sus códigos de ética, atender requerimientos de sus audiencias, y garantizar derecho de réplica. Entre lo más destacable.
Carlos Sotelo y Javier Corral decidieron, atinadamente, trasladar el debate público que habían convenido, de sus respectivas iniciativas, hacia las comisiones del Congreso de la Unión. Esperemos que el PRI sea sensible al interés general y no al de la “telebancada”.
viernes, 26 de marzo de 2010
ACCIONES COLECTIVAS Y REFORMA POLÍTICA
El 23 de abril de 2009, la Cámara de Diputados, en San Lázaro aprobó adicionar la figura de “Acciones Colectivas” al Artículo 17 Constitucional. Casi un año después, la Cámara baja podrá aprobar próximamente en definitiva la minuta que, ya aceptada por el Senado, añade el siguiente párrafo: “Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de derechos e intereses colectivos, así como medidas que permitan a los individuos su organización para la defensa de los mismos.” No se ha dado suficiente atención al trascendental cambio que conlleva esta reforma constitucional, pues en este caso se reconoce un papel constructivo a la participación ciudadana en los asuntos públicos que le afectan. Y al reconocer la manera de gestión colectiva, la impartición y procuración de justicia se vuelve más expedita y eficaz al permitir la protección jurídica de intereses y derechos colectivos.
Durante los debates legislativos iniciales el Consejo Coordinador Empresarial cabildeó una propuesta que acotaba las Acciones Colectivas a tres campos muy concretos: la protección al consumidor, los usuarios de servicios financieros y la protección del ambiente, ámbitos de acción pública que habían sido construidos por movimientos sociales esparcidos por toda la geografía mexicana, pero cuyas demandas no alcanzaban a ser procesadas por jueces y tribunales que se enfrentaban a miles de expedientes, a los que se pretendía dar una respuesta individual. Así, se negó justicia a potentes y valerosas asociaciones de consumidores, o a demandas y temas en que se organizó el Barzón, primero los afectados por los altos réditos en el campo, luego los poseedores de viviendas encarecidas hasta las nubes por el crédito tan elevado que impuso la banca, y luego los endeudados por tarjetas de crédito cuyos consumos no pudieron respaldar debido a los intereses leoninos impuestos por la avaricia de la banca comercial, o diversos movimientos ecologistas.
En complicidad con el sector empresarial, algunos diputados propusieron canalizar esas miles de demandas hacia los organismos públicos supuestamente autónomos, como la Procuraduría Federal en Defensa del Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); órganos administrativos con los que se quiso suplantar la participación colectiva y fortalecer el poder corporativo del Estado, para tratar de llegar a un arreglo finalmente individual del conflicto. Es de reconocer que los diputados de la anterior legislatura federal fueron sensibles a las demandas de los propios movimientos de consumidores, de usuarios de servicios financieros y del movimiento ecologista, quienes plantearon la necesidad de que se enriqueciera la figura de las Acciones Colectivas, como sujetos de derecho en todos los asuntos de carácter público y, particularmente, el evitar la corporativización de sus demandas ante los organismos administrativos mencionados.
Finalmente, la reforma propuesta da carácter constitucional a toda acción colectiva que se procese por vías pacíficas, para el reconocimiento de derechos e intereses colectivos; su texto supone complementar otras leyes, como la Ley Federal de Protección al Consumidor, o de reglamentar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (Ipab) o la legislación relativa a la protección ambiental. Además, de aprobarse esa reforma, el desafío será la legislación secundaria que entraña, la cual deberá de ser discutida por las legislaturas locales y la Asamblea del Distrito Federal. Las demandas de participación ciudadana corresponden con las demandas por democratizar al país y esta reforma tendrá un impacto relevante en la reforma política, pues las Acciones Colectivas arriban irremediablemente a ese terreno. Sea Plebiscito, Referéndum o Iniciativa Ciudadana, la acción colectiva podría contar con más medios para conquistar derechos y defender los intereses ciudadanos.
Durante los debates legislativos iniciales el Consejo Coordinador Empresarial cabildeó una propuesta que acotaba las Acciones Colectivas a tres campos muy concretos: la protección al consumidor, los usuarios de servicios financieros y la protección del ambiente, ámbitos de acción pública que habían sido construidos por movimientos sociales esparcidos por toda la geografía mexicana, pero cuyas demandas no alcanzaban a ser procesadas por jueces y tribunales que se enfrentaban a miles de expedientes, a los que se pretendía dar una respuesta individual. Así, se negó justicia a potentes y valerosas asociaciones de consumidores, o a demandas y temas en que se organizó el Barzón, primero los afectados por los altos réditos en el campo, luego los poseedores de viviendas encarecidas hasta las nubes por el crédito tan elevado que impuso la banca, y luego los endeudados por tarjetas de crédito cuyos consumos no pudieron respaldar debido a los intereses leoninos impuestos por la avaricia de la banca comercial, o diversos movimientos ecologistas.
En complicidad con el sector empresarial, algunos diputados propusieron canalizar esas miles de demandas hacia los organismos públicos supuestamente autónomos, como la Procuraduría Federal en Defensa del Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); órganos administrativos con los que se quiso suplantar la participación colectiva y fortalecer el poder corporativo del Estado, para tratar de llegar a un arreglo finalmente individual del conflicto. Es de reconocer que los diputados de la anterior legislatura federal fueron sensibles a las demandas de los propios movimientos de consumidores, de usuarios de servicios financieros y del movimiento ecologista, quienes plantearon la necesidad de que se enriqueciera la figura de las Acciones Colectivas, como sujetos de derecho en todos los asuntos de carácter público y, particularmente, el evitar la corporativización de sus demandas ante los organismos administrativos mencionados.
Finalmente, la reforma propuesta da carácter constitucional a toda acción colectiva que se procese por vías pacíficas, para el reconocimiento de derechos e intereses colectivos; su texto supone complementar otras leyes, como la Ley Federal de Protección al Consumidor, o de reglamentar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (Ipab) o la legislación relativa a la protección ambiental. Además, de aprobarse esa reforma, el desafío será la legislación secundaria que entraña, la cual deberá de ser discutida por las legislaturas locales y la Asamblea del Distrito Federal. Las demandas de participación ciudadana corresponden con las demandas por democratizar al país y esta reforma tendrá un impacto relevante en la reforma política, pues las Acciones Colectivas arriban irremediablemente a ese terreno. Sea Plebiscito, Referéndum o Iniciativa Ciudadana, la acción colectiva podría contar con más medios para conquistar derechos y defender los intereses ciudadanos.
viernes, 19 de marzo de 2010
LA REFORMA QUE FALTA
Previsiblemente, la reforma política en curso no dejará satisfecho a nadie. Cada uno de los actores que la promueven acentúa aquellos aspectos que favorecen una coyuntura que les dé poder, lo que termina por fortalecer al régimen partidocrático que nos agobia; brilla por su ausencia un proyecto político incluyente con visión de Estado nacional en el que quepamos todos/as, y la democracia propicie el buen vivir. Pensada y operada de arriba hacia abajo, esta reforma nace muerta; lejos de consultas ciudadanas sistemáticas, los cambios propuestos ni se conocen ni entusiasman; permanecen como asuntos de especialistas y políticos profesionales.
Falta una reforma que destrabe los obstáculos que impone la partidocracia, la cual está impedida para reformarse a sí misma, con una nueva ley de partidos que garantice prácticas democráticas en sus procesos internos, sus precampañas y campañas, una ley que redefina su financiamiento a partir de votos obtenidos y con partidos políticos como sujetos obligados de la Ley de Transparencia, que dé atribuciones al IFAI como órgano garante. Una ley que impida a los partidos elaborar el orden de prelatura de los diputados plurinominales, dejando al elector la posibilidad de ordenar con su voto esa lista.
Faltan también dos medidas simultáneas que apuntalen la reforma política: una ley de medios que impida la mercantilización de la política y la ingerencia de los poderes fácticos en el proceso electoral y, paralelamente, la revisión del Artículo 130 constitucional, de manera que se refuerce el carácter laico del Estado, evitando cualquier resabio de anticlericalismo, pero reforzando los impedimentos para que cualquier jerarquía eclesial se convierta en legisladora de facto. La legislación antiaborto conseguida en 17 entidades del país muestra el sesgo religioso que han tomado los debates parlamentarios al respecto. Al igual que nuevos modus operandi iglesia-Estado en la mayoría de regiones del país.
Se necesita una reforma que fortalezca al voto ciudadano, que equilibre representación y delegación de poder en representantes populares, de manera que se logre rendición de cuentas y transparencia de la función pública. Aquí cabrían las candidaturas independientes, la revocación de mandato y los diversos formatos de democracia semidirecta como el Plebiscito, la Iniciativa Popular y el Referéndum. Formatos que exigen el fortalecimiento de los organismos públicos autónomos, e incluso cumplir con la demanda de un solo organismo nacional encargado de las elecciones en todo el país.
La falta de incidencia democrática en asuntos económicos se ha dejado de lado en las diversas reformas político-electorales; sin embargo, la regulación del mercado, la necesaria política industrial y la participación ciudadana en el proceso de planeación, ejecución y evaluación pública del Plan Nacional de Desarrollo, es una tarea inevitable para que haya una virtuosa construcción democrática. Únicamente la participación ciudadana podría reconducir el modelo de estabilidad macroeconómica a toda costa, hacia un modelo de redistribución del ingreso, por la equidad y la justicia social. Lo cual requiere concebir las reformas estructurales pendientes: laboral, fiscal y de reestructuración productiva bajo formatos democráticos participativos.
Es alarmantemente notable la ausencia de planteamientos, en todas las reformas políticas hasta hoy practicadas en México, de la cuestión indígena y de sus aportes a la democracia comunitaria. Indudablemente que los usos y costumbres necesitan de diálogos creativos con las formas democráticas representativas y participativas. Para lograrlo, hace falta incluir a las y los indios en la concepción e implementación de la reforma política. La creación de un Estado plurinacional de carácter multicultural iluminaría el debate sobre las autonomías regionales y la nueva conformación que dé cabida al indígena en los espacios de representación en el Senado y la Cámara de Diputados. Ésta reforma política siempre ha faltado.
Falta una reforma que destrabe los obstáculos que impone la partidocracia, la cual está impedida para reformarse a sí misma, con una nueva ley de partidos que garantice prácticas democráticas en sus procesos internos, sus precampañas y campañas, una ley que redefina su financiamiento a partir de votos obtenidos y con partidos políticos como sujetos obligados de la Ley de Transparencia, que dé atribuciones al IFAI como órgano garante. Una ley que impida a los partidos elaborar el orden de prelatura de los diputados plurinominales, dejando al elector la posibilidad de ordenar con su voto esa lista.
Faltan también dos medidas simultáneas que apuntalen la reforma política: una ley de medios que impida la mercantilización de la política y la ingerencia de los poderes fácticos en el proceso electoral y, paralelamente, la revisión del Artículo 130 constitucional, de manera que se refuerce el carácter laico del Estado, evitando cualquier resabio de anticlericalismo, pero reforzando los impedimentos para que cualquier jerarquía eclesial se convierta en legisladora de facto. La legislación antiaborto conseguida en 17 entidades del país muestra el sesgo religioso que han tomado los debates parlamentarios al respecto. Al igual que nuevos modus operandi iglesia-Estado en la mayoría de regiones del país.
Se necesita una reforma que fortalezca al voto ciudadano, que equilibre representación y delegación de poder en representantes populares, de manera que se logre rendición de cuentas y transparencia de la función pública. Aquí cabrían las candidaturas independientes, la revocación de mandato y los diversos formatos de democracia semidirecta como el Plebiscito, la Iniciativa Popular y el Referéndum. Formatos que exigen el fortalecimiento de los organismos públicos autónomos, e incluso cumplir con la demanda de un solo organismo nacional encargado de las elecciones en todo el país.
La falta de incidencia democrática en asuntos económicos se ha dejado de lado en las diversas reformas político-electorales; sin embargo, la regulación del mercado, la necesaria política industrial y la participación ciudadana en el proceso de planeación, ejecución y evaluación pública del Plan Nacional de Desarrollo, es una tarea inevitable para que haya una virtuosa construcción democrática. Únicamente la participación ciudadana podría reconducir el modelo de estabilidad macroeconómica a toda costa, hacia un modelo de redistribución del ingreso, por la equidad y la justicia social. Lo cual requiere concebir las reformas estructurales pendientes: laboral, fiscal y de reestructuración productiva bajo formatos democráticos participativos.
Es alarmantemente notable la ausencia de planteamientos, en todas las reformas políticas hasta hoy practicadas en México, de la cuestión indígena y de sus aportes a la democracia comunitaria. Indudablemente que los usos y costumbres necesitan de diálogos creativos con las formas democráticas representativas y participativas. Para lograrlo, hace falta incluir a las y los indios en la concepción e implementación de la reforma política. La creación de un Estado plurinacional de carácter multicultural iluminaría el debate sobre las autonomías regionales y la nueva conformación que dé cabida al indígena en los espacios de representación en el Senado y la Cámara de Diputados. Ésta reforma política siempre ha faltado.
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